Al menos 37 líderes y excargos independentistas, pendientes de la reforma del Código Penal

Aún quedan muchos flecos por cerrar en el trámite parlamentario que busca modificar el Código Penal para derogar el delito de sedición y reescribir el de malversación, entre otros. Lo único claro es que, de salir finalmente adelante la polémica reforma, al menos 37 independentistas condenados o encausados por alguno de esos dos tipos delictivos o por los dos verán modificada su actual situación judicial. La lista incluye a los ya juzgados, los que huyeron de la justicia a Bélgica y una larga lista de antiguos cargos políticos de segunda fila y técnicos que están a la espera del juicio o aún son investigados. La mejora no es lineal y cada caso termina siendo un mundo, ya que algunos tienen más de una imputación o son culpables de otros delitos.

Los posibles beneficiados se podrían dividir en cuatro grupos. El primero es el de los nueve líderes políticos y sociales del procés que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Se trata de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; los exconsejeros de ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa; los de Junts, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, y los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todos fueron condenados por sedición a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, más inhabilitación. Junqueras ―que ocupa actualmente la presidencia de ERC―, Turull ―número dos de Junts― Bassa y Romeva también fueron encontrados culpables de malversación.

Los nueve condenados a prisión (Junqueras, entre ellos) fueron indultados, en junio de 2021, por el Gobierno, pero solo de la pena privativa de libertad que les quedaba por cumplir. Les queda, por tanto, la de inhabilitación para ejercer cargo público. El Tribunal Supremo tendrá que revisar las condenas de todos para ajustarlas a las nuevas penas y eso será particularmente importante en los culpables también de malversación. El nuevo cálculo, que también tiene en cuenta la pena ya cumplida, podría abrirles la puerta a volver a presentarse a unas elecciones u ocupar cargos públicos. En los términos actuales, la inhabilitación de Junqueras termina en julio de 2031.

El segundo grupo lo conforman los cinco políticos que, para eludir la justicia, huyeron al extranjero. Solo Marta Rovira, secretaria genera de ERC, está acusada de un único delito: sedición. Un delito que teóricamente dejará de existir, aunque la líder refugiada en Suiza no tiene garantías de que no se le persiga judicialmente con la nueva figura. Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están procesados por sedición, malversación y desobediencia. Lluís Puig, solo por malversación y desobediencia. Si hay una rebaja considerable en la malversación, podrían evitar la prisión.

El tercer grupo corresponde a los 30 excargos y empresarios procesados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por preparativos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A la mayoría se les imputa el delito de malversación y, en muchos casos, también uno de prevaricación o falsedad. Entre ellos se encuentra la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, así como Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, hombres de máxima confianza de Junqueras cuando este estaba al frente de la vicepresidencia de la Generalitat.

La otra investigación que se vería afectada es la del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, al que la Fiscalía llevó los hechos analizados por el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la acción exterior de la Generalitat que considera constitutivos de delito. El ministerio público cree que 10 ex altos cargos han malversado dinero público. Cuatro pertenecen a las filas republicanas, pero dos (el ex secretario general de Acción Exterior Aleix Villatoro y el extitular del Diplocat Miquel Royo, bajo el mandato de Puigdemont) también están en la causa anterior. De hecho, el recurso de Villatoro sobre la posible doble investigación por el mismo hecho ha retrasado el avance de las causas a la espera de que la Audiencia Provincial de Barcelona decida qué juez tiene la competencia. A Romeva de nuevo se le imputa un el delito de malversación por la supuesta concesión irregular de una subvención de 40.000 euros a la FOCIR (Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas).

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