La UCO constata que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp el día que el Supremo le encausó

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el teléfono móvil del fiscal general del Estado acredita que Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el pasado 16 de octubre, el día en el que el Tribunal Supremo le encausó por un delito de revelación de secretos. El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, constata que no hay ningún whatsapp anterior a esa fecha debido al “vaciado o borrado intencionado” de todos los mensajes “en dos ocasiones” ese mismo día.

El informe concluye también que García Ortiz no habló con ningún periodista ni con nadie ajeno a la Fiscalía la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la supuesta filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Los agentes concluyen asimismo que el fiscal general ha borrado “recientemente” su cuenta de gmail por lo que, por ahora, no se ha podido recuperar su contenido, aunque Google ha informado a la Guardia Civil de que “quizá” pueda hacerlo. Fuentes fiscales señalan que García Ortiz ha eliminado su cuenta por recomendación de los servicios de seguridad del ministerio público después de que esta fuera difundida en informes de la UCO y en escritos presentados por las acusaciones.

El documento que los agentes han entregado al magistrado del Supremo Ángel Hurtado responde a la orden que dio el instructor para que se reclamara a dos operadoras telefónicas (Movistar y Vodafone) el tráfico de las llamadas emitidas y recibidas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 (el periodo en el que se centra la investigación), así como los titulares de las líneas entre las que se produjeron estas comunicaciones. A su vez, el juez ordenó que aportasen los paquetes de datos emitidos y recibidos. Hurtado tomó esta decisión después de que la UCO confirmara que García Ortiz cambió de móvil el pasado 23 de octubre, unos días después de que el Supremo le encausara, y borró todo el contenido de su anterior dispositivo. En su declaración ante el juez el pasado 29 de enero, el fiscal general arguentó que su teléfono alberga información “ultrasensible” y su borrado es una “imposición legal”.

El informe entregado por la Guardia Civil constata que desde una de las dos líneas que utiliza el fiscal general hubo una “extraordinaria actividad” de llamadas entrantes y salientes la noche del 13 de marzo, cuando la Fiscalía se movilizó para desmentir la información falsa que estaba lanzando el entorno de Díaz Ayuso de que el ministerio púbico había ofrecido un pacto a González Amador. Esa actividad que subraya la UCO obedece a un cruce de llamadas entre la Fiscalía General y la provincial de Madrid para recabar la información real y poder redactar una nota de prensa. Los datos del teléfono de García Ortiz muestran llamadas entrantes y salientes con su directora de comunicación, con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y con la provincial, Pilar Rodríguez.

El informe recoge también una llamada a las 21.56 con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, también investigado en la causa. Villafañe contó en su declaración ante el juez la pasada semana que García Ortiz le llamó para preguntarle si en el expediente sobre la denuncia de González Amador que había en la Fiscalía General estaban los correos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador. Villafañe, según explicó al juez, le dijo que esos correos no estaban en el expediente y por eso el fiscal general pidió a la fiscal provincial que le reclamara los mails a Salto.

Sin llamadas a Moncloa

El informe de la UCO certifica también que García Ortiz no habló con ningún periodista ni con ningún cargo de La Moncloa durante el periodo analizado por los agentes. El informe sí recoge una llamada de un periodista de la Cadena Ser, que intentó contactar con García Ortiz a las 21.38 del 13 de marzo. Pero el jefe del ministerio público estaba en ese momento hablando con la fiscal jefa provincial y no le devolvió la llamada. Y esta es “la única llamada o intento de llamada” con el fiscal general esa noche “fuera del ámbito de la Fiscalía”, señalan los agentes. Es decir, no hay ninguna llamada o intento de llamada entre García Ortiz y el entorno del Gobierno, una posibilidad a la que se aferraban las acusaciones populares y la particular, ejercida por González Amador, para probar que la Fiscalía también filtró el correo a La Moncloa.

La llamada sin respuesta del periodista de la Cadena Ser, a las 21.38, se produjo cuando García Ortiz no tenía todavía el correo cuya filtración se investiga, enviado por el abogado de González Amador el 2 de febrero de 2024 y que demostraba que realmente había sido el abogado el que había escrito al ministerio público para admitir que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponer un acuerdo que le librara de la cárcel. El fiscal general recibió ese mail a las 21.59 y el informe de la Guardia Civil no detecta ninguna llamada sospechosa ni antes ni después.

La llamada del periodista de la Cadena Ser coincide con la versión que dio este ante el juez durante su declaración como testigo el pasado 9 de noviembre. Según explicó entonces, había accedido al contenido del correo enviado por el abogado a la Fiscalía a mediodía del 13 de marzo, pero la fuente que se lo facilitó no le autorizó a publicarlo. Cuando El Mundo publicó la versión tergiversada de los hechos que estaba difundiendo el entorno de Díaz Ayuso, llamó a muchas personas relacionadas con el caso para tratar de contrastar la información que él tenía y poder publicarla.

Este testimonio, y el de un periodista de elDiario.es que también declaró que conoció el contenido del correo mucho antes de que llegara a García Ortiz, no han sido tenidos en cuenta por el juez Ángel Hurtado, “Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos”, aseguró en un auto dictado el 13 de enero, en el que no explica las razones que le llevaron esa conclusión y se limita a afirmar que lo declarado por ambos “contrasta con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8″. Ese día comparecieron el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que fue quien filtró a varios medios de comunicación la versión falsa de que el pacto lo había pospuesto el fiscal; el periodista de El Mundo que publicó esa versión; y el periodista de La Sexta que desmontó el bulo poco después de las 22.00, aunque sin aportar información detallada del correo del 2 de febrero. Del auto del 13 de enero de Hurtado no se desprenden las razones que le llevan a sí creer a unos testigos y no a otros.

La UCO tampoco ha encontrado llamadas con periodistas ni con nadie ajeno a la Fiscalía en las horas previas a que se conociera que la Fiscalía había denunciado a González Amador, una noticia publicada por primera vez en elDiario.es el 12 de marzo. Las únicas llamadas del 11 de marzo que recoge el informe de la Guardia Civil son con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía.

Tampoco hay llamadas ajenas a la Fiscalía la mañana del 14 de marzo, cuando el ministerio público difundió la nota de prensa que desmentía el bulo del entorno de Ayuso. Ese comunicado se publicó en los medios entre las 10.15 y las 10.29 y en las horas previas los agentes solo destacan intercambios de llamadas o intentos de llamadas entre García Ortiz y su directora de comunicación, Lastra y Rodríguez.

Respecto al borrado de los mensajes, el informe recoge que “no se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en la aplicación de mensajería Whatsapp del dispositivo” móvil del fiscal general. El mensaje más antiguo encontrado es de las 15.04 del 16 de octubre de 2024, el día que el Supremo abrió la causa contra él por revelación de secretos. Según los agentes, “la falta de mensajes anteriores” se debe “fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre”. Los agentes cifran en 1.502 los chats de whatsapp vaciados por García Ortiz.

Por otra parte, el juez Hurtado ha citado como testigo el próximo 21 de febrero al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón. El ICAM es una de las acusaciones del caso, y Ribón se reunió con García Ortiz y Pilar Rodríguez el 15 de marzo para intentar limar asperezas después de que el ICAM cargara contra la nota de prensa publicada un día antes por el ministerio público sobre la denuncia de González Amador. El Colegio de Abogados se querelló contra la Fiscalía por esa nota porque aseguraba que recogía datos confidenciales de la pareja de Ayuso. El Supremo, en el auto por el que encausó a García Ortiz, descartó que la nota fuera delictiva, pero el instructor ha incorporado de nuevo esta línea de investigación.