Una jueza dicta rectificar artículos por vulnerar el honor del alférez que intervino en el proceso de condena a muerte a Miguel Hernández

La titular del juzgado de Primera Instancia 5 de Cádiz, Ana Chocarro, ha condenado al catedrático Juan Antonio Ríos a rectificar los artículos académicos en los que hacía referencia al alférez Antonio Luis Baena Tocón, que intervino en la instrucción del proceso que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. La sentencia, fechada el 4 de marzo, señala que Ríos vertió “informaciones inexactas”, “expresiones que se extralimitan del verdadero cometido” de Baena Tocón en el proceso y “opiniones afrentosas” en ambos trabajos, por lo que considera que se ha producido una “intromisión ilegítima al derecho al honor” del funcionario, ya fallecido. La magistrada extiende estas rectificaciones a las obras que Ríos pueda firmar en el futuro y le impone una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios hacia el demandante, hijo de Baena Tocón. En el mismo fallo, la jueza condena al pago de 3.000 euros a siete del más de un centenar de personas, entidades y medios incluidos en la demanda, entre los que se encontraban tanto EL PAÍS como varios de sus redactores, que han sido absueltos. Ríos ha avanzado que recurrirá la sentencia.

El origen del juicio, celebrado el pasado mes de octubre, se remonta en realidad a junio de 2019. El descendiente del alférez solicitó entonces a la Universidad de Alicante (UA) que retirara de su repositorio el artículo El caso Diego San José y el Juez Humorista, donde Ríos mencionaba la participación del secretario judicial en la instrucción del proceso de Miguel Hernández. Tras acceder en primera instancia a la petición, la entidad académica alicantina rectificó, con el aval de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Posteriormente, el hijo del funcionario gaditano exigió a Google y a la propia AEPD que suprimieran el apellido de su padre apelando al derecho al olvido, aunque la negativa de ambas entidades llevó el litigio hasta el Tribunal Supremo, que desestimó la demanda. Para los magistrados, el derecho a suprimir informaciones parcialmente inexactas sobre una persona fallecida, principal reclamación del demandante, no prevalece sobre otros como “el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica”. Lo contrario conduciría “al absurdo de que las personas fallecidas” tendrían “mayor protección que las personas vivas”.

El hijo de Baena Tocón emprendió también una macrocausa contra 107 medios de comunicación, periodistas, entidades y personas físicas, a las que pedía un total de 11,5 millones de euros de indemnización por la intromisión ilegítima en el honor, así como en la intimidad personal y familiar de su padre, en las investigaciones elaboradas por Ríos y en los artículos periodísticos que se publicaron para informar de este asunto. La sentencia de esta causa es la que condena al catedrático de Literatura Española de la UA y a siete medios que, en su mayor parte, calificaban a Baena Tocón de verdugo de Miguel Hernández y que deberán retirar o eliminar estos contenidos y publicar la sentencia “de forma parcial” y “con el mismo rango de difusión”. En el caso de EL PAÍS, la jueza considera que los artículos publicados “reflejan el debate académico, citando fielmente fuentes identificables y sin alterar la información”, por lo que “la demanda se desestima”.

Ríos avanza que su abogado ha solicitado una “aclaración de la sentencia” y que recurrirá el fallo judicial. “Fundamentalmente”, declara a EL PAÍS, “por la gente joven que empieza a investigar y para los que esta sentencia puede suponer una amenaza gravísima contra la libertad de expresión y de cátedra”, sobre todo, “en el caso de los que estudian la represión franquista tras la Guerra Civil”. El profesor universitario señala también que retirará del repositorio de la UA y de la página de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, perteneciente a la misma entidad, “todos los artículos, pese a que ya estaban rectificados”, salvo uno de ellos, que “permanecerá en la edición original de la revista ALEC, que, por ser norteamericana, queda fuera de la jurisdicción española”.