El fiscal general justifica el borrado de su móvil por “imposición legal”: “Los datos de mi terminal son ultrasensibles”

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reprochó al juez Ángel Hurtado su decisión de ordenar el registro de su despacho y clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, advirtió García Ortiz, según la transcripción de su declaración ante el Supremo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El fiscal general confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo le encausara por revelación de secretos, pero desvinculó el cambio de la investigación abierta contra él y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que llegó al cargo. “Luego borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal”, aseguró García Ortiz, quien insistió ante el juez Ángel Hurtado en el teléfono del fiscal general contiene datos “ultrasensibles”.

“Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, por supuestísimo que puede afectar, y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información, como tiene el fiscal general del Estado”, señaló García Ortiz durante su declaración, en la que negó haber filtrado u ordenado que se filtrara el correo electrónico por el que se le investiga. En ese mail, enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.

García Ortiz solo contestó a las preguntas de su defensa y se negó a responder al magistrado, al considerar que la instrucción debería declararse nula porque el registro de su despacho y el de la fiscal provincial de Madrid (Pilar Rodríguez, también investigada) vulneraron derechos fundamentales y deberían declararse nulos. “No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo. Es inimaginable”, lamentó García Ortiz. El jefe del ministerio público recalcó ante el juez que en su teléfono móvil no solo hay información que afecta a su “intimidad”, sino también datos e informaciones “de todos los fiscales de este país, de todos los procedimientos en marcha o que puedan ponerse en marcha (...) de todas las relaciones internacionales, de persecuciones delictivas, de acomodación de estrategias con fiscal, con autoridades de otros países. “Los datos de mi terminal son datos ultrasensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga”, subrayó el jefe del ministerio público.