Las tres puertas de salida que marcan el futuro de Laura Borràs

La decisión de Laura Borràs de vincular su defensa jurídica al cargo de presidenta del Parlament de Cataluña —del que fue suspendida en julio del año pasado— ha abierto una grieta entre Junts y el resto de partidos con representación en la Cámara catalana, que no para de agrandarse. De momento, en la formación fundada por Carles Puigdemont intentan contener, hasta después de las elecciones municipales de mayo, el debate sobre las consecuencias de la condena por prevaricación y falsedad que pesa sobre Borràs. Pero en el legislativo catalán la presión no cesa: cada vez son más las voces que piden un relevo que acabe con casi ocho meses de interinidad. El futuro de Borràs pende de tres hilos: el resultado de ese debate interno en Junts, la decisión que tome sobre su escaño la Junta Electoral Central (JEC) y la velocidad de la tramitación de la reforma reglamentaria propuesta por el PSC para forzar a la presidenta suspendida a dejar definitivamente el cargo.

“No se puede utilizar la interinidad del Parlament como una pieza más de la estrategia de defensa personal. Legítima, pero al fin y al cabo personal. El Parlament debe tener una presidencia con plenas funciones y no una presidencia vacante”, volvió a insistir el president, Pere Aragonès, de ERC, en una entrevista a la agencia Efe publicada este jueves. El republicano garantiza que Junts seguiría ocupando la presidencia de la Cámara pero le insta a dar el “primer paso” planteando el nombre de un sustituto o sustituta, algo que de momento sigue sin estar sobre la mesa. Todo lo contrario: el pasado miércoles, Junts registró un escrito pidiendo levantar la suspensión que pesa sobre Borràs desde julio, al considerar que la sentencia da por hecho que no había existido lucro personal.

El futuro de Borràs está ahora, en primer lugar, en manos de la JEC. La ley electoral incluye como causa de ineligibilidad sobrevenida una condena de inhabilitación, aunque no sea firme. Ese es caso de la actual presidenta suspendida. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la encontró culpable de los delitos de prevaricación y falsificación documental por fraccionar unos contratos para beneficiar a un amigo entre 2013 y 2017, cuando presidía una entidad cultural que dependía de la Generalitat. La pena impuesta es de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación. Ciudadanos, Vox y PP pidieron entonces a la autoridad electoral que retirase el escaño a Borràs. Hay dos precedentes: lo ocurrido con el expresident Quim Torra y el exdiputado anticapitalista Pau Juvillà, que perdieron el escaño tras ser condenados por desobediencia.

La Junta Electoral ha de reunirse en breve y, si decide retirarle la credencial a Borràs, el escaño pasará a estar ocupado por el siguiente en la lista de Junts por Barcelona. Se trata de Antoni Castellà, otro diputado encuadrado en el sector más duro del independentismo. Los grupos secesionistas siempre han criticado que la JEC, una autoridad administrativa, pueda decidir sobre la composición de una Cámara legislativa, y remarcan que el reglamento del Parlament determina que solo una sentencia firme puede justificar la retirada de un escaño. Los abogados de Borràs trabajan en el recurso que presentarán ante el Supremo. “No dejaremos que esta arbitrariedad de una parte de la justicia española marque nuestra vida política”, dijo el número dos del partido, Jordi Turull, tras conocer la sentencia.

La celeridad de Vox, Ciudadanos y PP al llevar el caso Borràs ante la JEC condiciona dos debates relacionados con la presidenta. Por un lado, la modificación del reglamento para que se pueda retirar a miembros de la Mesa, registrada el miércoles por los socialistas. Por otro, los cambios legales para reducir las prebendas de los presidentes de la Cámara y que implicarían, de entrada, que la actual presidenta suspendida no cobrara ni la asignación mensual (no tiene derecho ahora mismo, pues tiene un sueldo como presidenta de Junts) ni la pensión vitalicia a partir de los 65 años, que desaparecería del ordenamiento jurídico. Dos debates que, aunque sean compartidos de manera transversal en la Cámara, no se salvan del marco de confrontación general de las elecciones municipales de mayo.

La portavoz del PSC, Alícia Romero, cree que será posible que el cambio en el reglamento se pueda elevar a la Junta de Portavoces del próximo martes y se incluya en el orden del día del pleno que arranca el día 18. La reforma plantea que dos grupos parlamentarios o dos quintas partes de los diputados puedan solicitar la remoción de un miembro de la Mesa de la Cámara. Si recibe luz verde, se podría aplicar el articulado a Borràs en el primer pleno de mayo, justo antes de las elecciones, y apartarla del cargo.

En esta última operación el papel de ERC es fundamental y por ello los republicanos intentan quitarse la presión pidiendo a Junts que dé el primer paso. Y ponen el énfasis en que la situación judicial de Borràs no responde a su condición de independentista. “Ella tiene todo el derecho a presentar recursos y a seguir defendiendo su inocencia, pero no es un caso equiparable a otros relacionados con el referéndum del 1 de octubre o con la represión política”, insiste Aragonès.

Dentro del partido de Puigdemont conviven diferentes sensibilidades. El puesto de Borràs como presidenta de la formación está blindado teóricamente por una reforma de los estatutos que dice que, ante una sentencia que el partido considere un caso de lawfare (persecución judicial), el condenado puede seguir en el cargo. Pero incluso la presidenta de la comisión de garantías que ha de determinar ese extremo, Magda Oranich, ha puesto esa idea en duda, levantando las críticas de sectores próximos a Borràs. Hasta el momento el grupo parlamentario ha cerrado filas en torno a la presidenta del partido, pero quienes creen que es hora de poner fin a la aventura ya tienen incluso el nombre de la sucesora: la alcaldesa de Vic, Anna Erra.

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