El calendario político y judicial facilita que Puigdemont sea otra vez eurodiputado

El calendario político y las reformas legales de la pasada legislatura sobre los delitos de rebelión y sedición benefician ahora los planes del expresidente de la Generalitat prófugo Carles Puigdemont para mantener su pulso en la defensa de su inmunidad parlamentaria. Una estrategia que dirige desde su residencia desde hace casi seis años en Waterloo, en las afueras de Bruselas.

Puigdemont no va a encontrar obstáculo para volver a presentarse como candidato a las elecciones europeas en junio del año próximo. Si sale elegido, podrá replantear su reivindicación para seguir gozando de la citada prerrogativa como eurodiputado, salvo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya resuelto que no le corresponde, por haber sido procesado antes de adquirir la condición de miembro de la Eurocámara.

Aunque de ser reelegido volvería a adquirir inmunidad como eurodiputado, esta protección no se extiende a procesos judiciales que tenga abiertos anteriormente. Una vez que la inmunidad se retira —tras un suplicatorio— por un caso concreto, sigue vigente todo el tiempo que tarde este en resolverse, independientemente de si el afectado es reelegido o no para el hemiciclo europeo. Una disposición prevista dado que, en muchas ocasiones, los procedimientos legales duran más que una legislatura. Si no rigiera este principio, las autoridades nacionales deberían solicitar una y otra vez el levantamiento de inmunidad.

Otra dificultad que se le puede presentar a Puigdemont para seguir dirigiendo desde su residencia en Waterloo la estrategia de Junts, al tiempo que el escaño europeo, nace de las condiciones establecidas por la Junta Electoral Central (JEC) para adquirir la plena condición de eurodiputado. El expresidente de la Generalitat huido de la justicia española puede presentarse a los comicios europeos de junio próximo y ser elegido. Pero la Junta Electoral le va a exigir con toda probabilidad que para recoger su acta cumpla el requisito de acreditarse personalmente. Ahí Puigdemont puede encontrar una barrera más difícil de franquear que en las precedentes elecciones de 2019.

Puigdemont pudo acreditarse entonces ante el Parlamento Europeo sin cumplir el mencionado requisito. Varios pronunciamientos y declaraciones posteriores de responsables de la Eurocámara han cuestionado la pertinencia de aquellas decisiones. La partida está por jugarse, y con toda seguridad Puigdemont la jugará.

Lo único que podría hacerle cambiar de planes sería la sentencia definitiva del TJUE, cuando resuelva el recurso contra el fallo de la instancia inferior, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que en junio se pronunció contra el reconocimiento de la inmunidad que reclama el expresident catalán fugado.

La defensa de Puigdemont tiene a este respecto serias dudas de que el TJUE esté interesado en actuar con la sorprendente velocidad con que lo ha hecho la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional para inadmitir a trámite el recurso del expresidente de la Generalitat contra las órdenes de detención dictadas en su contra por el magistrado Pablo Llarena, juez instructor de la causa penal del procés en el Supremo. Las fuentes consultadas descartan que en las decisiones de la justicia europea influyan cuestiones de política interior española que parecen haber pesado para la urgente tramitación de la impugnación de Puigdemont ante el Constitucional. La decisión de la Sala de Vacaciones va a a ser muy probablemente revocada después de que la Fiscalía recurra, como ha anunciado, la inadmisión a trámite de dicho recurso, con lo que esta partida volverá en cuestión de semanas a su punto inicial.

Puigdemont no tiene prisa para conocer el criterio del TJUE sobre su inmunidad. Agotará el plazo para presentar su recurso, que termina a mediados de septiembre. Con ello, ha logrado que dicho tribunal no haya iniciado siquiera la revisión de su impugnación y supone ganar tiempo para su presentación en junio próximo, sin que haya habido un pronunciamiento definitivo de la justicia europea. Solo una vez presentado el recurso empieza a correr el tiempo para que el TJUE tome una decisión de fondo, que su defensa calcula podría tardar hasta seis u ocho meses y permitiría a Puigdemont agotar la actual legislatura en el Parlamento Europeo.

A la par que recurre la sentencia, Puigdemont puede —y así ha indicado que hará— pedir nuevamente medidas cautelares que le restablezcan la inmunidad parlamentaria hasta que los jueces decidan sobre el fondo del asunto. Ello le daría una mayor seguridad jurídica, aunque sea temporal, lo que le permitiría a su vez una libertad de movimientos más amplia de la que tiene actualmente.

Puigdemont decidió no acudir a la última sesión plenaria antes del receso estival de la Eurocámara en Estrasburgo, Francia, celebrada en julio justo tras la sentencia del TGUE, al considerar que el Parlamento Europeo no le había dado garantías de que no sería detenido si el juez Llarena emitía una nueva euroorden en su contra, algo que por el momento el magistrado español no ha hecho, como le pidieron la Fiscalía y Vox, a la espera de la decisión definitiva del TJUE.

Si la legislatura europea termina sin que haya habido sentencia, el debate sobre la inmunidad de Puigdemont —si el líder de Junts fuera reelegido— vuelve a empezar. Ahora bien, el TJUE puede considerar que la cuestión concreta que ahora tiene planteada —si el Parlamento Europeo actuó conforme a derecho al retirar la inmunidad de Puigdemont— debe ser respondida, incluso una vez terminada la actual legislatura europea. En Bruselas se da en todo caso por sentado que una inmunidad levantada sigue retirada mientras dure el caso que provocó esta medida inusual, es decir, que no está sujeta a calendarios electorales sino al procedural.

El líder de Junts lo va a seguir teniendo difícil si lo que quiere es regresar a España sin impedimentos. El Constitucional admitirá finalmente a trámite su recurso contra las órdenes de detención de Llarena, pero no las dejará en suspenso mientras estudia el fondo del asunto. Y en cuanto a lo que sucederá cuando lo resuelva, fuentes del propio tribunal dan por seguro que el órgano de garantías en ningún caso accederá a la solicitud de amparo de Puigdemont. Esto significa que el Constitucional no anulará las órdenes de detención de Puigdemont, que siguen y seguirán vigentes para el caso de que intente volver a territorio español. Lo que sí hará el tribunal es estudiar a fondo sus pretensiones y alegaciones, y responder por sentencia del pleno, no mediante un auto de confección rápida dictado por una Sala de Vacaciones que existe para atender asuntos urgentes e inaplazables.

Estas condiciones son las que según la Fiscalía no se daban en el caso del último recurso de Puigdemont, puesto que las órdenes para su detención en España están en vigor, y lo hubieran seguido estando, aunque no se resolviera su recurso con tanta premura. De ahí que la Fiscalía del Constitucional no acabe de explicarse por qué se supone que era inaplazable pronunciarse sobre la vigencia de lo que ya estaba en vigor, siendo así que iba a seguir estándolo con o sin pronunciamiento del tribunal. Fuentes de dicha Fiscalía estiman que con su decisión, dicha Sala de Vacaciones “ha incurrido en una suerte de pleonasmo jurídico innecesario, que no se comprende del todo en términos estrictamente procesales”.

En esta situación, si Puigdemont decide mantener su pulso con la justicia española desde el exterior, y no regresar, porque sería detenido en cuanto fuera detectada su presencia, el camino que le queda relativamente despejado es el de su candidatura como eurodiputado, en junio próximo. La supresión del delito de rebelión deja fuera de juego el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que se interpretó como aplicable a los acusados del citado tipo penal, con objeto de impedirles el ejercicio de todo cargo público. Puigdemont pudo sortearlo hace cuatro años y acceder al Parlamento Europeo, viendo inicialmente reconocida su inmunidad.

Pero después de la citada sentencia del Tribunal General de la UE, el camino del líder de Junts se ha estrechado. Solo el siguiente episodio —la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE— desvelará si ese camino se ha cerrado.

A Puigdemont le quedará entonces la posibilidad de seguir protegido por la justicia belga, con un largo historial de rechazar demandas de extradiciones, y en cuyas manos quedará la decisión de entregarle o no al Supremo por los delitos por los que le reclama, que ya no son los de rebelión ni sedición, sino los de desobediencia y malversación. El primero de estos dos últimos no tiene pena de cárcel, pero el segundo sí, de seis a doce años, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, que no secundó los propósitos de la reforma penal impulsada en la pasada legislatura por el PSOE y Podemos para rebajar la gravedad de las conductas de malversación de fondos públicos en los casos que no implicaran enriquecimiento personal. Puigdemont sabe que esa reforma se intentó, y que salió mal, pero no por deseo de las fuerzas que compusieron la mayoría parlamentaria hasta las pasadas elecciones, y que pueden seguir manteniéndola si son capaces de alcanzar acuerdos que lo permitan. El dato relevante en esta fase previa al debate de investidura es que el propio líder de Junts puede tener un papel clave para que se logre ese objetivo.