La revisión de la sentencia del ‘procés’ divide a Junts y Esquerra tras el auto del juez Llarena

El auto del juez Pablo Llarena que procesa al expresident Carles Puigdemont ha dinamitado la estrategia conjunta de los líderes independentistas ante la inminente revisión, por parte del Tribunal Supremo, de la sentencia del procés. Con la excepción del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, los dirigentes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana condenados tenían previsto solicitar al Supremo la absolución completa, tanto de las penas de prisión como de las de inhabilitación. Pero la decisión de Llarena de aplicar al expresidente huido a Bélgica un delito de malversación agravado ha hecho desmarcarse a los dirigentes de Junts. Ante la perspectiva de que también la sala segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, les atribuya una malversación con penas elevadas de prisión, van a optar por permanecer en silencio.

La entrada en vigor, el pasado jueves, del nuevo redactado del Código Penal impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez -que deroga la sedición y reforma la malversación- obligó a los jueces del procés a mover ficha.

Como instructor de la causa abierta contra los dirigentes huidos, el juez Llarena dictó un auto en el que descarta la sedición y les procesa por otros delitos: a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, por malversación con ánimo de lucro, que implica penas de cuatro a ocho años de cárcel; a la exconsejera Clara Ponsatí y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, solo por desobediencia, que se castiga con inhabilitación pero no con prisión. La Fiscalía ha recurrido este martes ese auto para incluir el delito de desórdenes públicos agravados con el que, a su juicio, deben castigarse ahora, a la luz de la reforma penal, los hechos ocurridos en Cataluña durante el otoño de 2017.

En paralelo, la sala segunda del Tribunal Supremo -la misma que condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve dirigentes del procés que decidieron permanecer en España- inició de oficio el expediente de revisión de sentencia. Y dio unos días a las partes (acusaciones y defensas) para que se pronuncien. Antes de conocer el auto de Llarena, la estrategia de todos los condenados pasaba por solicitar la absolución completa al considerar que no se había cometido ningún delito: ni malversación (en cualquiera de sus formas) ni desórdenes. Con las penas de cárcel extinguidas por el indulto concedido por el Gobierno debían caer también, según el planteamiento de las defensas planteamiento, también las penas de inhabilitación. Ese planteamiento de máximos busca que los condenados que quieran volver a la vida política puedan volver a presentarse próximamente a una contienda electoral.

Pese a que la decisión estaba tomada y los escritos solicitando la absolución, listos para ser entregados al Supremo, el exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, expresó sus reservas. Sànchez, que lideraba la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) durante el referéndum del 1-O, sugirió un cambio de orientación al saber que Cuixart -que lideraba Òmnium, la otra gran plataforma de apoyo al procés- se desmarcaba de los demás y no iba a solicitar nada al tribunal, según han explicado a este diario fuentes cercanas al partido. Pero lo que hizo que esa vía se impusiera fue el conocimiento del auto del juez Llarena. Aunque no interpela directamente a los líderes condenados, en el entorno de la formación están convencidos de que Marchena y sus colegas de sala seguirán esa misma senda.

“Estamos convencidos de que la decisión de Llarena apunta a cómo se va a sustanciar la revisión de la sentencia: con una malversación con penas elevadas de prisión”, explican fuentes de la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. “No vamos a presentar ningún escrito. Dejaremos expirar el plazo de ocho días que nos dio el Supremo, esperaremos a ver qué decide y presentaremos los recursos oportunos”, explican fuentes de la defensa. Aunque aún está por ver qué dice la Fiscalía sobre la revisión de la sentencia, el entorno de Junts cree que la decisión del Supremo no será satisfactoria y que se verán obligados a presentar recursos, primero ante el Tribunal Constitucional y después ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un desayuno en Forum Europa. Tribuna Catalunya, Turull ha ahondado en ese argumento: “El juez Llarena ya ha apuntado por dónde va. El Supremo si pudiera nos encerraría en una isla y tiraría la llave al mar. Adaptan la ley a su manera. Me condenarán por malversación, con gastos que no se han consumado y con una fiscalía que confunde un presupuesto con una factura. Y les da igual. Nosotros, ante, una actuación así iremos a la justicia europea porque ya nos han dejado claro qué interpretación harán. Obvian la voluntad del legislador expresada hace tres semanas, no hace 50 años”. “Cuando nos dicen, ¿Qué es la confrontación? Pues es ir directamente a Europa”, zanjó.

Tras apuntar que no le sorprende la posición de la Fiscalía de acusar a Puigdemont del nuevo delito de desórdenes agravados, Turull afirmó: “Ya advertimos que el problema no es la reforma del Código Penal sino la interpretación que hace de la ley la cúpula judicial”. El exconsejero recordó que en el juicio del procés el fiscal Zaragoza dijo que “el referéndum seguiría siendo delito aunque se despenalizara”. “Si eso lo contesta un alumno de primero de Derecho”, afirmó Turull, “lo suspenden. ¿Y vale la pena hacer un escrito? ¡Por el amor de Dios! Nos encontraremos en Europa”.

El exconsejero de Interior Joaquim Forn, también del entorno de Junts pero defendido por otros letrados, también va a seguir esa estrategia y no pedirá la absolución tras conocer el auto de Llarena. Con Cuixart, pues, ya son cinco de nueve condenados los que no la solicitarán. Los otro cuatros, todos ellos de Esquerra (ERC) seguirán el plan previsto. Son el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Ese era el camino a seguir -pactado, en un primer momento, con el resto de defensas- y ese es el que van a mantener, convencidos de que las reformas legales aprobadas y consensuadas entre ERC y el Gobierno de Sánchez sirven para avanzar en el camino a la pacificación del conflicto. “Pediremos, porque lo exigimos, la revisión de la sentencia en el sentido que quede claro que no se ha producido ningún delito y que, por tanto, queda extinguida la responsabilidad criminal y las penas”, apuntó un portavoz de la formación republicana. El abogado de los condenados está acabando de elaborar el escrito, que se hará público en los próximos días.

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