Llarena prevé lanzar una nueva euroorden sobre el ‘exconseller’ Puig tras la sentencia de la justicia europea

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo dan vía libre al magistrado Pablo Llarena para lanzar una nueva euroorden sobre el exconseller de Cultura Lluís Puig, cuya entrega ha sido rechazada por Bélgica en dos ocasiones. Fuentes del Supremo confirman que la intención del magistrado es cursar en los próximos días una nueva euroorden contra Puig con la intención de que sea resuelta con los criterios marcados el martes por el tribunal europeo, que ha cuestionado las razones alegadas por la justicia belga para rechazar la anterior. Esa será la única consecuencia más o menos inmediata que tenga la resolución del TJUE, ya que las euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están paralizadas a la espera de que la justicia europea se pronuncie definitivamente sobre el alcance de su inmunidad como eurodiputados.

En una resolución favorable en líneas generales a los intereses de la justicia española, pero salpicada de matices, el respaldo a que Llarena tramite otra orden europea de detención contra Puig es la conclusión más firme que puede extraerse de esa sentencia. “Pueden emitirse varias ODE sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona”, señalan los jueces. Llarena prevé hacerlo en los próximos días, una vez que estudie con detalle la resolución dictada el martes.

El magistrado, según fuentes de su entorno, esperará a que el Supremo se pronuncie sobre cómo afectan la derogación de la sedición y la reforma de la malversación a las condenas dictadas por la Sala Penal en octubre de 2019 contra Oriol Junqueras y otros ocho dirigentes independentistas, ya que Puig está reclamado por malversación y el criterio que aplique el tribunal a los ya condenados debe ser el mismo que guíe la tramitación de las órdenes de detención contra los huidos. Nada más entrar en vigor esa reforma penal, Llarena dictó un auto en el que, aplicando esos cambios al expresident y al resto de huidos, retiró el procesamiento por el delito de sedición y mantuvo intacta la imputación por malversación agravada, castigada con hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación. Pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado han recurrido esa decisión y aunque su principal objeción no afecta al caso de Puig (reprochan al juez que no sustituya el derogado delito de sedición por el nuevo de desórdenes públicos agravados), el juez esperará a conocer la interpretación definitiva de la Sala Penal sobre la reforma impulsada por el Gobierno, un pronunciamiento que llegará en los próximos días.

En el Supremo se da por hecho que la defensa de los procesados exprimirá algunos de los resquicios que deja abierta la sentencia europea, sobre todo la posibilidad de que la euroorden sea rechazada si se constata que en España existen “deficiencias sistémicas o generalizadas” en el funcionamiento del sistema judicial o deficiencias “que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado”. La primera reacción de Puigdemont y el resto de huidos tras conocer el martes la sentencia ya señalaba estos puntos como claves de la batalla en los tribunales belgas. Desde que se inició este proceso, los líderes independentistas han intentado convencer a Bélgica de que el sistema judicial español está politizado y no es independiente para juzgar causas como las suyas, un argumento que Bélgica dio por bueno al rechazar la euroorden contra Puig.

Pero la sentencia del martes pone condiciones a la justicia belga para volver a rechazar una euroorden con ese argumento: constatar de forma objetiva esas deficiencias y probar que hay riesgo real de que se vulneren los derechos fundamentales de los procesados. Y la existencia de deficiencias generalizadas en la justicia española fueron ya descartadas en una vista que se celebró en el TJUE en abril, previa a la deliberación que ha dado lugar a la sentencia dictada ahora. “No existe un problema sistémico de Estado de derecho en España”, señaló entonces el abogado de la Comisión Europea, que advirtió que si “no hay deficiencias sistémicas o generalizadas, (...) será innecesario en la mayoría de los casos pasar a la segunda etapa del análisis”, en referencia a las consecuencias de esas deficiencias para el caso concreto de los líderes independentistas huidos.

La sentencia del TJUE ha sido bien recibida en el Supremo, donde se considera que la justicia europea da la razón al instructor del procés en las objeciones que planteaba sobre la forma de actuar de Bélgica. Con todo, en el tribunal se apela a la prudencia porque se teme que Bélgica, un país históricamente reacio a facilitar la tramitación de las euroórdenes, encuentre algún asidero al que aferrarse para seguir rechazando, o al menos posponiendo, la entrega de los líderes independentistas.