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El Supremo busca garantías en la justicia europea para actuar contra Puigdemont

El magistrado Pablo Llarena plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE

De izquierda a derecha, Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, este martes a las puertas del Parlamento Europeo, en Bruselas. FRANCISCO SECO / AP. Vídeo: La reacción del expresidente catalán y su exconsejero a la pérdida de la inmunidad. (Europa Press)

El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha optado finalmente por pedir la implicación de la justicia europea en el proceso de entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, una vez que el Europarlamento ha levantado este martes la inmunidad de la que gozaba como eurodiputado. Horas después de conocer el resultado de la votación de la Eurocámara, Llarena se ha dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante la presentación de una cuestión prejudicial, para plantear una serie de dudas respecto a cómo debe interpretarse el derecho europeo en este caso.

El objetivo último del magistrado español es obtener respuestas que le ayuden a decidir sus próximos pasos, pero también limitar las posibilidades de Bélgica de rechazar la euroorden por sedición y malversación dictada contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí (solo por sedición). El instructor de la causa del procés sostiene que la interpretación del derecho europeo que está aplicando la justicia belga en las decisiones que tienen que ver con los líderes independentistas huidos a aquel país discrepa de la que hacen los tribunales españoles, por lo que pretende que el TJUE fije criterios estables para estos casos. La decisión de la justicia belga de rechazar la entrega del exconseller Lluís Puig ha encendido todas las alarmas en el Supremo y ha precipitado la presentación de una cuestión prejudicial.

En el escrito enviado al TJUE, Llarena plantea nueve preguntas concretas. Unas buscan respuestas sobre cómo debe actuar él como juez que emite la euroorden y otras van dirigidas a concretar el papel de la justicia belga como ejecutor de esas órdenes y sus posibilidades de rechazarla. Entre las primeras, Llarena pregunta al TJUE si la norma que regula las euroórdenes posibilita que la autoridad judicial de ejecución, en este caso Bélgica, rechace la entrega de la persona reclamada “sobre la base de causas de denegación previstas en su derecho nacional, pero no contempladas como tales en la Decisión Marco”. Esta es una de las quejas fundamentales del instructor del Supremo respecto a los argumentos esgrimidos por Bélgica para denegar la entrega del exconsejero Puig. En esta misma línea, Llarena pregunta también si el Supremo debe “indagar y analizar” los distintos derechos de los Estados para tener en consideración “las eventuales causas de denegación” de una euroorden “no contempladas” en la norma básica europea.

Una de las razones que alegó Bélgica al denegar la entrega de Puig fue que el Supremo, en su opinión, no tenía competencia para juzgar al exconsejero, sino que debían ser los tribunales de Cataluña los que lo hicieran. La competencia del alto tribunal para enjuiciar a los líderes independentistas ha sido ratificada por el Supremo e incluso por el Constitucional, por lo que Llarena discrepa de este argumento y pretende que el TJUE le secunde. Con este objetivo, el instructor pregunta directamente al tribunal europeo si la justicia belga “puede cuestionar la competencia” que la autoridad judicial de emisión (en este caso el Supremo español) tiene para actuar en esa causa penal y rechazar la entrega por entender que no es competente para emitir la euroorden.

El instructor busca también que el TJUE le guíe sobre si puede o no volver a enviar a Bélgica una euroorden contra Puig, una vez que ese país ha rechazado la anterior. Llarena no dará ningún paso en este sentido hasta que el tribunal europeo conteste si las causas en las que la justicia belga ha rechazado la entrega se ajustan al derecho europeo.


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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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