La justicia belga vuelve a rechazar la extradición del exconsejero Lluís Puig

Los aplausos suenan rotos y lejanos, llegan craquelados desde el otro lado de la videoconferencia: el exconseller de la Generalitat huido en Bélgica, Lluís Puig, celebra de forma virtual, en una comparecencia junto a su equipo de abogados, que no será extraditado a España. Al menos de momento. El Tribunal de Apelación belga, con sede en Bruselas, ha vuelto a rechazar, tal y como ya hizo la Cámara del Consejo, la solicitud de entrega cursada contra él por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Una decisión contra la que la fiscalía belga aún podría recurrir a la Corte de Casación en las próximas horas.

Los jueces de apelación “confirman que el tribunal español no es competente”, ha señalado Simon Bekaert, uno de los abogados de Puig, que ocupó la cartera de Cultura en el Govern entre julio y octubre de 2017. Esta tesis reitera la que ya quedó fijada por la justicia belga en su pronunciamiento el pasado mes de agosto en primera instancia, y contra la que la fiscalía planteó entonces un recurso: que la autoridad española que emitió la euroorden no es la competente para hacerlo, algo que el independentismo vuelve a tomarse como un triunfo, pues siempre ha basado parte de su defensa en el argumento de que el Supremo español no es el tribunal que debía enjuiciar el procés.

“Es una nueva victoria para todos los casos del exilio”, ha asegurado Josep Costa, otro de los miembros del equipo jurídico, en referencia al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de exconsellers fugados en Bélgica.

Puig está reclamado desde España por un presunto delito de malversación de fondos públicos dentro de la causa contra la cúpula independentista del procés, al formar parte del Gobierno catalán que organizó el referéndum ilegal en 2017. Su caso funciona de algún modo como un aperitivo de lo que podría suceder más adelante con Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí. Los tres también están reclamados por una euroorden, pero se encuentran protegidos de momento por la inmunidad de la que gozan como diputados del Parlamento Europeo. En los próximos meses la Eurocámara deberá debatir si levanta esa inmunidad para que los tribunales belgas puedan decidir sobre su extradición.

El extenso equipo jurídico de Puig, entre quienes también se encuentra Gonzalo Boye, recientemente procesado por la Audiencia Nacional por presuntamente colaborar con el narco Sito Miñanco al que también defiende como abogado, ha asegurado que la decisión del Tribunal de Apelación recoge también sus tesis de que en España existiría, en caso de que Puig fuera extraditado, un riesgo de “vulneración de la presunción de inocencia”, algo que habrían argumentado ante los tribunales con “un camión” de documentación que incluiría, entre otros, recortes de prensa y tuits de fiscales.

Según la defensa de Puig, la sentencia, dictada en neerlandés, incluiría la idea de que no es posible conceder una “extradición automática”, ya que el delito por malversación no sería asimilable al de corrupción, que es una de las causas que activaría esta modalidad.

Tras los aplausos rotos y desacompasados de la videoconferencia, Puig ha agradecido el esfuerzo su equipo jurídico y ha recordado el tiempo que lleva exactamente fuera de España: tres años, dos meses y una semana. A continuación, ha asegurado que la sentencia lo reafirma a él y al resto de fugitivos en su “lucha desde el exilio”. Y ha reclamado, en una retórica que lo acerca a las elecciones catalanas del 14 de febrero “que paren ya la persecución ideológica y la represión”. “Y a partir de aquí”, ha concluido, “continuamos con el procés”.