El Supremo revisará los recursos contra los indultos del ‘procés’ en pleno debate sobre la amnistía que reclama Junts

En pleno debate sobre la amnistía que reclama el líder de Junts, Carles Puigdemont, para empezar a negociar la investidura del presidente del Gobierno, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés vuelven a estar sobre la mesa. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reúne el próximo jueves, 14 de septiembre, para estudiar los recursos presentados, entre otros, por el PP, Vox y tres diputados de Ciudadanos contra los indultos que concedió el Gobierno en junio de 2021 al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y a otros dirigentes secesionistas a los que la Sala de lo Penal del Supremo condenó, en octubre de 2019, a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, por sedición y malversación.

La revocación de las medidas de gracia otorgadas por el Consejo de Ministros implicaría la vuelta a prisión de la mayoría de los condenados, al menos, hasta que fructifique una posible amnistía, ya que aunque la sedición haya sido eliminada del Código Penal, el Supremo mantiene la condena por malversación agravada y no ha modificado la mayoría de las penas. No obstante, para llegar hasta ahí, el alto tribunal tiene primero que decidir si los recurrentes están legitimados para hacerlo y, después, determinar si los indultos, que el Gobierno motivó en un criterio de utilidad pública, se ajustaron a la ley.

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, ya resolvió sobre la primera de estas cuestiones el año pasado, y rechazó admitir a trámite los recursos al entender que los partidos que los interpusieron no tenían legitimación —capacidad legal para actuar como parte en un proceso judicial— para ello. Sin embargo, un cambio de composición en el tribunal le llevó meses después a rectificar y admitir a trámite las impugnaciones de las medidas de gracia.

La sección encargada de este asunto ha vuelto a cambiar de nombres y ahora está compuesta por dos magistrados conservadores —Wenceslao Olea y Fernando Román— y tres progresistas —Pablo Lucas (presidente) Ángel Arozamena y Ángeles Huet—. Todos menos Lucas han participado ya en alguna de las dos deliberaciones anteriores: Olea y Román se mostraron partidarios de considerar legitimados a los partidos y entrar a debatir sobre si los indultos se ajustaron o no a la ley, mientras que Huet y Arozamena defendieron lo contrario.

En la resolución en la que explicaba su cambio de criterio sobre los indultos del procés, la Sala Tercera explicó que tomaba esa decisión para evitar dejar “un ámbito inmune al control jurisdiccional” y garantizar a los recurrentes su derecho a “la tutela judicial efectiva” (el derecho de cualquier ciudadano a defender sus intereses ante la justicia). Los magistrados que propiciaron el giro advirtieron de que la legitimación para recurrir un asunto “es uno de los conceptos más oscuros del derecho procesal” y optaron por abordarlo en este caso.

El Supremo tiene que estudiar varios recursos contra cada uno de los nueve indultos concedidos por el Gobierno (uno por condenado), pero el debate empezará por los presentados por Ciudadanos y Vox contra el expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ex secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Los indultos vuelven a escena cuando la amnistía que reclama Puigdemont acapara el centro del debate político y jurídico. Este debate sobrevoló también el acto de apertura del año judicial celebrado este jueves en el Supremo. La constitucionalidad o no de una ley de amnistía para los líderes independentistas fue uno de los principales temas de conversación entre magistrados y fiscales, y la opinión no era unánime. La sensación es que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, ante el que, previsiblemente, en caso de que la amnistía se apruebe, recurrirían PP y Vox. No obstante, los partidos de la oposición pueden no ser los únicos en acudir al tribunal de garantías, ya que entre magistrados consultados se abría también la puerta a que el instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, o cualquiera de los jueces que instruyen causas cuyos protagonistas se puedan ver afectados por la amnistía pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad, así como acudir con una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, según estas fuentes, ninguna de estas medidas paralizaría la aplicación de la hipotética amnistía.