La posición de la Fiscalía sobre la malversación ensombrece el horizonte penal para una veintena de ex altos cargos de la Generalitat

La Fiscalía ha fijado su posición contraria a rebajar las penas por malversación a los políticos condenados por el procés, y eso puede tener una derivada muy relevante para una veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Generalitat que aún están pendientes de juicio. La postura del ministerio público difumina las expectativas creadas por el Gobierno y ERC en torno a la reforma del delito de malversación y el supuesto beneficio que podría representar para esos 21 cargos y excargos públicos que están siendo investigados o esperan juicio por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. Tres órganos judiciales mantienen abiertos procesos por ese delito contra responsables del Govern en 2017: 12 de ellos fueron nombrados por ERC y otros nueve por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT. La hipotética rebaja de penas que implicaba la reforma del Código Penal lubricó el trato entre el PSOE y ERC, y se presentaba como una herramienta para sofocar los rescoldos de la crispación social que causó en Cataluña el procés y sus consecuencias. Pero la rebaja de penas introducida para la malversación en la reciente reforma del Código Penal no es aplicable, según la Fiscalía, al caso del procés.

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cerró en 2019 una investigación centrada en los gastos vinculados al referéndum independentista y procesó a un total de 30 personas, incluidos empresarios y cargos subalternos de la Generalitat, quienes, siguiendo las instrucciones de los consejeros del Govern —juzgados y condenados luego por el Tribunal Supremo— ayudaron a organizar la consulta. La jueza instructora determinó que más de 5,8 millones de dinero público fueron “gastados o comprometidos” en la celebración de una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

La causa conducirá al banquillo a 11 cargos de confianza. Se trata de nombres vinculados a ERC como Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Asuntos Exteriores, Josep Ginesta, exsecretario General de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del Departamento de Trabajo, o Francesc Sutrias, exdirector general de Patrimonio del Departamento de Vicepresidencia. Bajo el paraguas de Junts estaban los también procesados Amadeu Altafaj, exdirector de la Delegación del Govern ante la Unión Europea, Antoni Molons, exsecretario de Difusión, Jaume Clotet, exdirector general de Comunicación del Govern, o Quim Nin, exsecretario general del Departamento de Presidencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigó y procesó por los mismos hechos a Lluís Salvadó y Josep Maria Jové —muy próximos a Junqueras y considerados piezas clave del referéndum ilegal—. El TSJC, que por los mismos hechos también procesó por desobediencia a Natàlia Garriga, la actual consejera de Cultura, ha accedido este miércoles a prorrogar solo diez días el plazo para presentar los escritos de acusación contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pese a que la Fiscalía le había pedido un mes. El ministerio público pidió una prórroga mayor para presentar su escrito de acusación, a la espera que la Fiscalía General del Estado fijara un criterio único sobre cómo aplicar la reforma penal de ese delito.

Mientras, en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona hay otro frente judicial afectado por la interpretación que se dé al delito malversación. Se trata de una causa que arrancó la primavera de 2021 a raíz de una querella de la Fiscalía por un informe del Tribunal de Cuentas. Una decena de personas —ocho de ellas, cargos públicos nombrados en su día por ERC o Junts— permanecen investigadas por presuntos contratos a dedo que el Gobierno catalán firmó para internacionalizar el procés años antes del referéndum del 1-O. Uno de los investigados es el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva, ya condenado por el Supremo a 12 años de prisión e inhabilitación en el juicio principal por el procés.

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