ERC defiende que Salvadó y Jové no sean suspendidos como diputados pese a ir a juicio por malversación

La portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha descartado este lunes que Lluís Salvadó y Josep Maria Jové vayan a ser suspendidos cautelarmente como diputados del Parlament. Eso tendría que pasar si se aplica el reglamento de la Cámara, que obliga a dar ese paso cuando uno de los miembros se le abre juicio oral por “delitos relacionados con la corrupción”. Desde el pasado viernes, ambos están procesados por prevaricación y malversación en la causa que investiga los preparativos del referéndum ilegal del 1-O, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC). La decisión la tienen que tomar la Mesa del Parlament, con mayoría independentista, pero aún no se ha notificado de manera oficial a las partes la decisión del TSJC.

“No nos sentimos interpelados, no estamos ante un caso de corrupción”, ha asegurado Vilalta, poniendo el énfasis en que ninguno de los investigados en esa causa se ha lucrado personalmente. “Ningún independentista puede insinuar que el 1-O es corrupción y quien lo haga, que lo explique”, ha añadido. La presidenta de Junts y afectada por ese mismo artículo en el verano pasado, Laura Borràs, ya ha asegurado que la bancada de su partido votará en contra de la suspensión de los dos diputados republicanos. La CUP no se ha posicionado oficialmente, pero es muy probable que el rodillo independentista blinde a los dos afectados.

El PSC, con dos puestos en el órgano rector del Parlament, es ambiguo respecto a qué postura va a tomar. “El reglamento se tiene que cumplir siempre”, ha manifestado este lunes Elia Tortolero, portavoz del partido, pero ha evitado avanzar un posicionamiento tajante. “Este es un tema que tiene que decidir la Mesa, esperaremos a ver qué decide para poder posicionarnos” ha apuntado. El artículo es claro en el proceso a seguir: la Mesa “una vez tenga conocimiento” del acto de apertura de juicio oral “tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata”. En caso de dudas “sobre el tipo de delito”, se puede pedir un dictamen a la Comisión del Estatuto de los Diputados.

ERC siempre ha querido diferenciar claramente la situación de sus dos diputados, que estaban en la cúpula del Departamento de Economía durante la vicepresidencia de Oriol Junqueras, con la de Borràs. A ella se le juzgará en febrero por supuestamente trocear un contrato público para beneficiar a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La presidenta suspendida siempre ha defendido que ella es inocente y se le intenta ensuciar con un caso falso. La Fiscalía le acusa de prevaricación y falsedad y le pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.

Borràs explotó contra ERC y la CUP el pasado verano, cuando precisamente consideraron que los delitos porque los que la Justicia quiere juzgar a Borràs no tienen que ver nada con el independentismo y le aplicaron la suspensión temporal fijada en el reglamento.

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