Junqueras y los cargos de ERC condenados por el 1-0 piden al Supremo que revoque sus penas por la revisión del Código Penal

Los mandos de Esquerra Republicana que fueron condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 piden al Tribunal Supremo una revisión de sentencia que se salde con una absolución incondicional. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado los escritos de alegaciones donde esgrimen la reciente modificación del Código Penal como base para lograr una anulación de sus condenas.

Los escritos insisten en que la celebración de un referéndum por la independencia como el del 1 de octubre de 2017 no puede ser motivo de persecución judicial. “Esta parte debe insistir en la denuncia de una aplicación imprevisible y desproporcionada de la reacción penal a hechos que se producen en ejercicio de derechos fundamentales”, recoge el escrito presentado por el letrado de Junqueras, Andreu van den Eynde. Se sostiene que el referéndum representó “la satisfacción de un objetivo político ampliamente compartido por un sector de la ciudadanía”.

A razón del 1-O, al exvicepresidente de la Generalitat le fueron impuestas penas de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación. Ahora, Junqueras pide al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de sedición y malversación por los que fue condenado, en aplicación de la reforma del Código Penal. En su escrito alerta de que sustituirlos por desórdenes públicos sería inconstitucional. Carme Forcadell fue condenada a 11 años y seis meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación, mientras que Dolors Bassa recibió una pena de 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta, lo mismo que Raül Romeva. En junio de 2021 todos fueron indultados, lo mismo que los políticos afines a Junts, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, y los presidentes de Òmnium y la ANC, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Pero las penas de inhabilitación siguen firmes.

La reforma del Código Penal ha dado lugar a diferentes estrategias procesales. En el caso de los cargos de Esquerra han acordado pedir al Tribunal Supremo que dicte una nueva sentencia absolutoria que extinga del todo su responsabilidad penal y que suprima, también, las penas de inhabilitación que les fueron impuestas en octubre de 2019. Sostienen que no procede mantener sanciones por un delito de malversación porque en los hechos del procés no hubo enriquecimiento ilícito de nadie. Igualmente, alegan que reconducir la sedición hacia unos desórdenes públicos agraviados plantea una disfunción normativa.

“Los hechos probados que en su día fueron subsumidos en el delito de sedición no pueden hallar encaje típico en ningún otro delito y concretamente no pueden ser objeto de sanción de conformidad con el delito de desórdenes públicos”, se sostiene en las alegaciones redactadas por los abogados de los condenados. “Los hechos probados de la sentencia no acreditan que existiera una voluntad de los enjuiciados en aras a alterar el orden público, no habiendo referencia alguna a ningún objetivo violento”, precisa el escrito presentado por Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal