El PSOE y ERC aprueban rebajar la malversación pero discrepan sobre su alcance a los condenados por el ‘procés’

El PSOE, Unidas Podemos, ERC y los socios habituales del Gobierno en el Congreso han aprobado en la tarde de este lunes la enmienda transaccional firmada por el grupo socialista que permitirá rebajar en el Código Penal los castigos por cometer un delito de malversación sin lucro personal o a terceros, lo que beneficiará a varios imputados y condenados por el proceso independentista en Cataluña.

ERC defiende que la enmienda del PSOE no permite condenar a penas de cárcel por la organización del procés, pero el sector socialista del Gobierno lo niega. El PSOE propuso en la enmienda aprobada rebajar las penas por ese delito previstas desde la anterior reforma, bajo el Gobierno del PP en 2015, a cuatro años de prisión, frente a los tres que proponía ERC en su enmienda y los 12 vigentes actualmente en la franja más alta. Unidas Podemos respaldó esa iniciativa, pese a que se negó a firmarla junto al PSOE, porque tenía bastantes “dudas jurídicas” sobre su implantación. El PP, Vox y Ciudadanos han coincidido con los partidos separatistas catalanes JuntsxCat y la CUP en criticar duramente la premura con la que se ha llevado a cabo este proceso legislativo, que permitirá ratificar cambios importantes del Código Penal en el pleno del jueves.

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Unidas Podemos no impedirá la reforma de malversación pese a no firmarla

La sesión de la ponencia de la comisión de Justicia que ha discutido las enmiendas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos para modificar algunos artículos del Código Penal y cambios relevantes también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se relacionan con un nuevo modelo para elegir a varios magistrados del Tribunal Constitucional, ha transcurrido como estaba prevista, muy apacible entre los aliados habituales del Gobierno de coalición y con fuertes críticas de la derecha y los independentistas catalanes más radicales. Las enmiendas respaldadas pasarán este martes a primera hora el filtro de la comisión de Justicia y se llevarán para ser refrendadas al pleno del jueves en el Congreso, con la idea de enviarlas al Senado en la siguiente semana y que entren en vigor antes de que acabe el mes. Un calendario récord.

El portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, que por la mañana había confesado que aún estaban estudiando el alcance de estas iniciativas, en la reunión vespertina de la ponencia no entró en el debate. Tampoco lo hizo el representante del PNV, aunque esa formación apoya los cambios. Fuentes de la dirección de UP sí habían anticipado a primera hora que esa transacción sobre la malversación era una cuestión entre el PSOE y ERC, expresaron sus “dudas jurídicas” sobre su aplicación por parte de los jueces, pero adelantaron que no permitirían que la ley descarrilase porque contenía otras mejoras relevantes, como los cambios en el sistema de elección para el Tribunal Constitucional, bloqueado desde hace cinco meses por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, organismo que lleva cuatro años con el mandato caducado por el veto del PP.

Desde primera hora de la mañana quedaron en evidencia de nuevo las discrepancias sobre este delicado asunto entre los dos partidos de la coalición gubernamental y también en el seno de Unidas Podemos con respecto a los diputados de En Comú Podem. Asens, jurista, sería partidario personalmente de rebajar aún más esas penas por malversación sin ánimo de lucro (y dejarlas como meras multas como antes de 2015) y la cúpula de Unidas Podemos piensa que deberían ser más duras, para no fomentar confusión en el electorado sobre posibles beneficios a los corruptos.

ERC, que tampoco ha querido intervenir durante el transcurso de la ponencia, ha presumido más tarde de que gracias a su negociación “ha forzado algunas mejoras en el redactado del delito de desórdenes públicos”, que habían registrado en forma de enmienda PSOE y Unidas Podemos, y ha precisado sobre la malversación que a partir de la publicación del nuevo Código Penal en el Boletín Oficial del Estado (BOE) habrá tres tipos de conductas castigadas por este delito: “En primer lugar, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave y contiene varios agravantes; en segundo lugar, el uso temporal de patrimonio público para uso privado; y por último, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado”.

Los republicanos entienden que con estas modificaciones “se dejará de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado, que figuran en el Código Penal actual fruto de la reforma del PP del 2015 y que los tribunales han utilizado para perseguir al independentismo”. ERC y el PSOE argumentan que con las reformas ejecutadas no se abaratan las penas por conductas corruptas, sino que “se clarifican y precisan más y mejor”, como por ejemplo en el caso del uso temporal del patrimonio público cuando sea para un uso “privado”, y no “particular” o “ajeno a la función pública”, como estaba redactado inicialmente.

En el supuesto de la malversación del patrimonio público para un fin distinto al previsto, como sucedió durante el proceso independentista, la enmienda acordada entre PSOE y ERC, con el voto escéptico de UP, establece penas de un año a cuatro de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años, y se fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”. Es ahí dónde se aprecia más claramente la diferencia de criterios en la interpretación de estos cambios penales entre el PSOE y ERC, uno de sus socios políticos más relevantes durante toda la legislatura. ERC defiende que este nuevo tipo penal “no se corresponde con conductas como la de organización” del referéndum ilegal del 1 de octubre, “y menos aún con penas de prisión”, porque argumentan “que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público”.

El Gobierno sostiene todo lo contrario. Fuentes oficiales del Ejecutivo apuntan que a los responsables, acusados y condenados por el juicio del procés les afecta de lleno el nuevo redactado del artículo 433 del Código Penal de la siguiente manera: “La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses”. El reformado Código especifica, en el artículo 433 ter, que se entenderá por patrimonio público “todo conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las administraciones públicas”.

Durante la sesión de la ponencia de la tarde de este lunes se ha producido, al inicio, una intervención de los letrados de la Cámara que vigilan por el buen funcionamiento de estas reuniones, en la que han advertido que algunas de las 11 enmiendas conjuntas registradas el viernes por el PSOE y Unidas Podemos no guardaban relación con la proposición de ley para revisar y retocar el Código Penal, como sí sucedía en el caso de los delitos de sedición y malversación. Los letrados apuntaron ahí, fundamentalmente, hacia las dos enmiendas que plantean la variación en el sistema de elección en el CGPJ de los magistrados vacantes del Tribunal Constitucional, donde se reduce la mayoría precisa en supuestos de bloqueos como los actuales y se determinan plazos y sanciones en el caso de incumplimiento de sus labores a los vocales. La Mesa de la ponencia, con mayoría del PSOE y UP, ha tomado nota de ese aviso, pero ha seguido adelante con el orden del día previsto y ha sacado adelante también esas propuestas.

En el turno abierto para fijar posición, los representantes de ERC, Carolina Telechea, y de JuntsxCAT, Josep Pagés, han lamentado el escaso tiempo de que habían dispuesto para estudiar a fondo el contenido de las enmiendas planteadas por la coalición en el Gobierno. Una queja que han suscrito, con más contundencia aún, los portavoces de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos.