La consejera catalana Meritxell Serret, condenada a un año de inhabilitación por desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación a la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, de ERC, por un delito de desobediencia. La justicia da por probado que Serret participó en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 pese a las advertencias del Tribunal Constitucional sobre su ilegalidad. La sentencia, que le impone también el pago de una multa de 12.000 euros, no es firme, por lo que la consejera, que ha anunciado que la recurrirá, podrá permanecer por ahora en el cargo. De hecho, ha sido precisamente esa situación la que ha esgrimido el president Pere Aragonès para mantenerla en el Consell Executiu.

Serret es una de las dirigentes independentistas que huyó de España a Bélgica tras el procés. Regresó en marzo de 2021 y se puso a disposición del Tribunal Supremo, que ordenó al TSJC su enjuiciamiento por su condición de consejera del Govern. La sentencia le priva por un año del derecho a ejercer “cargos públicos electivos” en cualquier ámbito territorial: local, autonómico, estatal u supranacional. Tampoco podrá llevar a cabo “funciones de gobierno”. Los magistrados señalan que cometió el delito “desde un cargo representativo con evidente proyección pública”, por lo que permitirle acceder a otros semejantes sería “posibilitar que reiterara esa conducta delictiva”. El Código Penal prevé para la desobediencia penas de inhabilitación que oscilan entre los seis meses y los dos años.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Lacaba, llega apenas un mes después de que se celebrara el juicio, que Serret trató de convertir en un alegato político. Arropada por la cúpula de su partido (incluido el president Pere Aragonès) y también de Junts, la consejera se limitó entonces a sostener, sin responder a las partes, que no desobedeció. “Me reafirmo en que el 1-O no fue delito, votar no fue delito”, dijo. Serret ejercía en 2017 como consejera de Agricultura, un departamento que no incurrió en ningún gasto para organizar la consulta independentista, lo que le ha evitado ser encausada por malversación, un delito que acarrea penas de cárcel.

“La culpabilidad de la acusada está fuera de toda duda”, señala la sentencia. Serret desatendió “de manera clara, reiterativa y flagrante” hasta cinco requerimientos del Tribunal Constitucional sobre el proceso independentista y el 1-O que le fueron notificados “personalmente” como miembro del Govern de Carles Puigdemont.

La publicación de la sentencia contra la titular de Acción Exterior ha coincidido con una rueda de prensa de Aragonès en El Prat de Llobregat. “No puede ser un delito votar. Ni lo fue en 2017 ni lo puede ser ahora”, ha asegurado el líder republicano, que ve en el fallo una muestra más de que aún sigue sin resolverse el conflicto político entre Cataluña y el resto del Estado, informa Camilo S. Baquero. Serret, ha dicho el jefe del Govern, continuará en sus funciones “pero con la confianza redoblada” tanto suya como del resto de los compañeros del Gobierno catalán, ha dicho. No es la primera vez que ERC mantiene en ese mismo cargo a un condenado en primera instancia por desobediencia. El exconsejero Bernat Solé llegó al cargo en marzo de 2020 y a los cuatro meses el TSJC le envió a juicio por su facilitar la votación del 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida). Pudo completar la legislatura tras la llegada de la sentencia, pero no pudo presentarse a las siguientes elecciones.

En la sentencia, los magistrados recuerdan que Serret hizo en el juicio un “reconocimiento directo y sin negación alguna” de los hechos “por sus convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”. Aunque la defensa admitió que no iba a “negar las acusaciones formuladas”, sí intentó convencer al tribunal de que la consejera actuó “bajo un contexto social de celebración de un referéndum acordado por el Parlament y el Govern” y en la creencia de que desoír los requerimientos del Constitucional no constituía un delito.

El tribunal rechaza esa posibilidad. Es “impensable” que Serret, con su “elevada formación” (es, entre otras cosas, licenciada en ciencias políticas y de la administración), su “capacitación” y su “experiencia profesional” desconociese las consecuencias de esos requerimientos del Constitucional. Por muy intenso que resultara el supuesto “mandato popular” para impulsar el 1-O, Serret debió haber albergado al menos alguna “sospecha sobre la ilicitud de sus actos”. La acusada, recuerdan los magistrados, era “perfecta conocedora de la existencia de hasta cinco requerimientos” emanados del Constitucional y, sin embargo, “omitió de forma contumaz lo que se le había ordenado”.

Junqueras: “Condena injusta”

En un vídeo difundido por el departamento de Acción Exterior, la propia consejera ha asegurado que seguirá en el cargo: “No contemplo ningún otro camino, la represión no me para”, dice en la grabación. Serret también ha anunciado que seguirá “plantado cara a la represión” y ha dejado la puerta incluso de llegar a las instancias europeas. “El conflicto continúa y no pararemos hasta conseguir una solución política y democrática”, ha remachado.

El independentismo ha dejado por un momento su pelea interna para mostrar, con matices, el apoyo a la condenada. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en que el 1-O “no fue un delito”. “Por ello, cualquier condena es profundamente injusta, porque es una condena contra nuestro derecho de expresión y un ataque contra nuestro derecho a votar nuestro futuro”, ha asegurado el exvicepresident durante la presentación de las listas electorales de los republicanos para el 28-M.

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha expresado su apoyo a la exconsejera de Agricultura. El fallo, según ha manifestado en Twitter, es una nueva “interferencia” de la justicia en la política catalana. “Al Estado la política la marcan las togas y no las urnas”, ha escrito. “El 1-O no fue ningún delito y por eso no merece ni un minuto de inhabilitación, prisión o exilio para nadie”, ha remachado.

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