Puigdemont admite que un ‘mosso’ le protegió en Bélgica pero niega que la Generalitat lo contratara para ello

Carles Puigdemont ha comparecido este viernes ante la justicia española. Lo ha hecho por videoconferencia, desde Bélgica, para declarar como testigo por un asunto que le incumbe y que amenaza con llevar a prisión al exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch (Junts per Catalunya). Puigdemont ha sido citado para hablar sobre Lluís Escolà, un mosso d’esquadra “amigo y patriota”, según lo ha definido, que presuntamente le hizo de escolta cuando el expresidente catalán huyó de la justicia española a su residencia de Waterloo. La Fiscalía sospecha que los servicios de Escolà para proteger a Puigdemont se pagaron, de forma subrepticia, asignándole un cargo de confianza como asesor del Departamento de Interior.

La comparecencia de Puigdemont ha sido accidentada y ha tenido que retrasarse por la ausencia de un intérprete de francés que había sido solicitado por las autoridades belgas y acordado por la Audiencia de Barcelona. El expresidente catalán ha explicado que solicitó “las prerrogativas” que le correspondían como expresidente (entre otras, disponer de escolta) pero que el Estado no las concedió. Ha negado, sin embargo, que promoviese la contratación de Escolà en Interior de forma que sirviese para sufragar labores de protección: “No, de ninguna manera. Nunca he pedido que haya un servicio de protección que no sea el que está previsto por la ley y que aún está pendiente de cumplir”, ha dicho.

Puigdemont sí ha reconocido que Escolà le acompañó varias veces en Waterloo en funciones de seguridad, aunque lo ha desmarcado de sus atribuciones como asesor. Ha defendido que el mosso es un “amigo” merece “toda su confianza” y que ha “sacrificado su vida privada” para ayudarle: Escolà afronta una petición de cuatro años y medio de cárcel por los mismos delitos que Buch: malversación y prevaricación. “Le he visto sufrir mucho para poderme acompañar en momentos en que las autoridades españolas incumplían su deber de cumplir la ley y garantizar mi protección”.

Buch afronta una petición de seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la contratación del sargento Escolà, en julio de 2018, como cargo de confianza en el Departamento de Interior. Este mosso d’esquadra cobró más de 52.000 euros hasta marzo de 2019, cuando fue apartado del cargo. Escolà fue uno de los que le acompañó en su huida de España tras la fallida proclamación de independencia. Puigdemont ha admitido que fue así, pero ha recordado que entonces no se había ninguna orden para detenerle. “En ningún momento le pedí que me ayudara a eludir la acción de la justicia porque cuando me fui de casa no había ninguna orden de ningún juzgado español en mi contra. Él y otras personas me ayudaron en mi viaje a Bélgica”.

Los viajes a Waterloo

La Fiscalía sospecha que la contratación fue una tapadera para pagar a Escolà por sus servicios como protector. Las declaraciones de los testigos propuestas por las defensas, incluida la de Puigdemont, han intentado desmontar esa tesis. Una de ellas es la expareja de Escolà, una abogada que ha declarado que le acompañó en varias ocasiones a Waterloo porque ambos son “amigos”. La Fiscalía ha preguntado sobre un viaje de fin de semana a París que iba a hacer con Escolà por motivo de su cumpleaños. Nada más llegar a la capital de París, la pareja cogió un tren rumbo a Waterloo. “Somos muy de cambiar los planes e improvisar”; ha justificado. La exnovia ha afirmado que nunca le vio desarrollar tareas propias de un escolta y sí, en cambio, acudir a menudo a la sede del Departamento de Interior de Barcelona o citarse con el consejero Buch.

Al rescate de Escolà ha salido también un antiguo responsable del área de escolta de Mossos. Este policía, ahora jubilado, ha acreditado que desde hacía mucho tiempo el acusado no desarrollaba labores de escolta personal, puesto que sufría una grave dolencia de espalda que le impedía hacerlo. “La última escolta que hizo fue la del presidente Pujol”, ha enfatizado.

El exjefe de la investigación de los Mossos d’Esquadra explicó, en la primera sesión del juicio, que está convencido de que la contratación de Escolà fue una tapadera para financiar su actividad como protector del expresidente catalán. Admitió, no obstante, que el proceso de cumplió, sobre el papel, todos los procedimientos legales, una circunstancia que la Fiscalía tampoco discute. Salvado ese escollo, las defensas tratan de pelear ahora en otro frente: defienden que Escolà sí desarrolló plenamente su labor como asesor en materia de seguridad de Buch. Una parte de la sesión de este viernes se ha centrado en analizar los 14 informes sobre materias diversas (yihadismo, grandes acontecimientos, redes sociales) que, presuntamente, elaboró. Los Mossos sostienen que se trata de meras recopilaciones de materiales que se pueden rastrear fácilmente en internet.

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