El exjefe de investigación de Mossos pone contra las cuerdas al exconsejero de Interior Miquel Buch por la escolta de Puigdemont

El intendente Antoni Rodríguez era, hasta que fue apartado de forma fulminante hace año y medio, jefe de investigación de los Mossos d’Esquadra. Como tal, lideró algunas de las causas más sonadas contra dirigentes políticos en Cataluña: la expresidenta del Parlament Laura Borràs (condenada por trocear contratos para favorecer a un amigo) y el exconsejero de Interior Miquel Buch, que desde este miércoles se sienta en el banquillo de los acusados por nombrar asesor a un mosso que, en realidad, se dedicó presuntamente a escoltar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica. Arropado por sus familiares y por los partidos independentistas, el exconsejero de Junts se enfrenta a la Fiscalía (que le pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación por malversación y prevaricación) y, también, al colmillo del intendente, que en su declaración como testigo le ha puesto contra las cuerdas.

En julio de 2018, tras la huida de Puigdemont a Bélgica y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Departamento de Interior fichó al sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà como asesor de Interior. Estuvo en ese cargo de confianza hasta marzo de 2019 y en ese tiempo percibió más de 52.000 euros de las arcas públicas. El fichaje cumplió todos los requisitos formales y fue legal, ha admitido el intendente Rodríguez. El nombramiento, sin embargo, fue una tapadera de la verdadera labor encomendada a Escolà: proteger a Puigdemont en su huida a Waterloo (Bélgica). El intendente ha admitido, a preguntas de la defensa del escolta, que no puede saber qué hacía Escolà en cada momento en el extranjero, pero ha dado por hecho que aprovechó su cargo para ejercer de protector del expresident después de su huida de la justicia española. Como cooperador necesario en los delitos, el escolta afronta una petición algo inferior a la de Buch: cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación.

Buch ha llegado este miércoles al Palacio de Justicia de Barcelona arropado por representantes de su partido, Junts, y también de Esquerra Republicana. El juicio ha arrancado con la declaración, como testigos, de mossos que participaron en la investigación (como Rodríguez) o que formaban parte del área de escoltas de la policía catalana. A esa unidad había pertenecido, durante muchos años, el propio Escolà. La vista oral tiene dos fechas clave: el viernes, cuando está previsto que declare por videoconferencia y como testigo Puigdemont, y el próximo 13 de julio, cuando será el turno de los dos acusados.

Injerencias políticas

El exjefe de investigación ha detallado que Escolà actuaba con “enorme autonomía” en el cuerpo, que mantenía una relación de “mucha confianza” con el expresidente catalán por su sintonía independentista, y que fue una de las personas que le ayudó a huir de España el 29 de octubre de 2017. Durante la etapa del 155, mientras estaba de permiso o de baja, Escolà ya hizo labores de escolta de Puigdemont que difundía a través de las redes sociales, lo que generó una enorme “incomodidad” en el seno de los Mossos d’Esquadra, ha dicho el intendente. Esa misión se “acentuó mucho” tras ser nombrado cargo de confianza por el Departamento de Interior, entonces dirigido por Buch.

Sobre el nombramiento, el exjefe de investigación ha insistido en que ni él ni su equipo hallaron irregularidades formales, aunque sí ha destacado que el proceso se cerró con extremada rapidez. Rodríguez ha contado, en línea con la Fiscalía, que no consta que Escolà pasase por su supuesta oficina para ejercer de asesor ni que hiciera, como tal, ningún tipo de gestión. Escolà se atribuye la elaboración de 14 informes sobre seguridad, pero el intendente ha expresado “serias dudas” sobre su autoría.

Rodríguez, que tras su destitución fue enviado como jefe de la comisaría de Rubí (Barcelona), ha denunciado supuestas injerencias políticas para lograr que Puigdemont gozara de protección en el extranjero. Cuando el expresidente fue detenido en Alemania en marzo de 2018, el entonces director de Interior en Girona, Albert Ballesta —considerado próximo a Puigdemont— llamó al jefe de los Mossos, Ferran López, para pedirle de forma “vehemente” que se le concediera a Escolà una excedencia. López se negó a acceder a la petición.

Las defensas han insistido en la legalidad del proceso y han tratado de abrir fisuras en la investigación de los Mossos, que consideran débil. A preguntas de la abogada de Escolà, Rodríguez ha admitido que no podía saber qué hacía Escolà “cada minuto” en Bélgica y, tampoco, si podría haber desarrollado su tarea como asesor en materia de seguridad desde el extranjero.

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