Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos

Laura Borràs, presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts per Catalunya, ha sido condenada a 4 años y medio de cárcel, a 13 años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado a conocer este jueves la resolución, en la que considera probado que Borràs, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), troceó contratos, de forma ilegal, para adjudicárselos a dedo a un informático, Isaías Herrero, con el que mantenía previamente una relación profesional y de confianza. La sentencia contiene el voto discrepante de una de los tres magistrados que participaron en el juicio. Borràs, que ha comparecido después ante el Parlament, ha dejado entrever que recurrirá la decisión y ha insistido en su inocencia. El PSC y el PP le han pedido que de “un paso al lado” y cese de sus funciones políticas. Ciudadanos, por su parte, ya ha acudido a la Junta Electoral Central (JEC) para que le retire el escaño tras su condena por corrupción, ya que la Cámara solo actúa cuando hay sentencia firme.

La pena de cárcel de cuatro años deriva del delito de falsedad documental. La Sala Civil y Penal del TSJC ha solicitado, sin embargo, que el Gobierno le conceda a Borràs un indulto parcial en la parte de la pena de prisión “que exceda de los dos años”, de manera que se pueda decretar la suspensión de la ejecución de la pena y no tenga que ingresar efectivamente en la cárcel. Esta es una posibilidad que contempla la ley, aunque no es habitual. Los magistrados consideran que la suma de las penas por el delito continuado de falsedad “lleva a considerar excesiva la duración de la pena privativa de libertad, en la medida en que no admite ninguna posibilidad de que pueda acogerse a fórmulas sustitutivas de cumplimiento”. El tribunal explica que la “métrica penal vigente” es la que es, pero tiene en cuenta que ni Borràs ni los otros dos condenados actuaron para “la obtención de un lucro personal”.

Borràs ha llegado a la puerta del Parlament acompañada de su esposo, Xavier Botet, y de su hija. En una comparecencia sin preguntas, ha comenzado citando a Montesquieu: “No hay tiranía más cruel que la que se ejerce al amparo de las leyes”, ha dicho en medio de los gritos de un centenar de personas que se han congregado para apoyarla con gritos de “presidenta” y “fuera justicia española”. Aunque no ha especificado si piensa ir al Tribunal Supremo, y menos si contempla la vía del indulto, todo parece indicar que su estrategia es agotar todas las instancias buscando “una absolución que otro tribunal determinará”. Allí la arroparon el expresident Quim Torra, y el grupo parlamentario de Junts. Del partido solo estaban el secretario general, Jordi Turull, y el portavoz del Senado, Josep Lluís Cleries. Cinco horas y media después de conocerse la sentencia, el alcaldable del partido por Barcelona, Xavier Trias, ha enviado un mensaje de apoyo por Twitter.

“No he podido tener un juicio justo y, por tanto, no he podido tener una sentencia justa”, ha denunciado Borràs, para después acusar al Tribunal Superior catalán de “imparcial”, “politizado” y dedicado únicamente a “defender la unidad de España”. No se ha apartado un milímetro de su argumentario: es víctima de una persecución por su ideología, no se doblegará y cree que si el acusado fuera otro, sin su valor simbólico en el independentismo más confrontacional, el juicio jamás se habría celebrado. “No pararé en la lucha para defender mi honradez”, una vía que ha calificado de “complicada”, en contraposición al “pacto para evitar la cárcel” de Herrero y el otro condenado, que sí aceptaron los hechos en un acuerdo con la Fiscalía. Tampoco se ha referido a su futuro en la Cámara: hasta que la sentencia sea firme no tiene por qué abandonar el escaño. La vía de que se haga por la JEC la ha puesto en marcha una petición de Ciudadanos.

Turull, en una rueda de prensa por la tarde, ha cerrado filas con la “presunción de inocencia” de su presidenta, recordando que la sentencia aún no es firme. Por tanto no ha querido valorar los hechos probados y de un proceso judicial “lleno de irregularidades”. Sí ha dado por sentado que ella seguirá en la presidencia del partido pues, a su juicio, su caso es uno de “lawfare (guerra jurídica) de manual”. Sobre el escaño de la Cámara, ha querido quitarle hierro al debate interno y ha dicho que la decisión se tomará cuando toque, eso sí, advirtiendo que batallarán para evitar que “la justicia dicte nuestra vida política”.

La pena de inhabilitación, de un total de 13 años (4 por la falsedad y 9 por prevaricación administrativa), es la que puede acarrear consecuencias más graves. Significa que Borràs no podrá ejercer, durante todo ese tiempo, ningún tipo de “ocupaciones o cargos públicos electos”, aunque la sentencia explicita que no afecta al ámbito docente. Ella tiene una plaza en la Universidad de Barcelona. La Fiscalía solicitaba inicialmente 21 años de inhabilitación. La pena no se ejecuta, sin embargo, hasta que la sentencia sea firme. Borràs tiene además una baza a su favor en el nuevo panorama jurídico que se le abre: el voto particular que ha emitido María Jesús Manzano, una de las tres magistradas que la juzgaron.

Manzano considera que los hechos, en lo que respecta a Borràs, merecen una pena de inhabilitación pero no constituyen un delito de falsedad. Defiende que correspondería condenarla por un delito de estafa como inductora, lo que, con la aplicación de dilaciones indebidas en el proceso judicial, debería dejar la pena en no más de 21 meses de cárcel. La magistrada también discrepa sobre la naturaleza de la inhabilitación. Considera que debe ajustarse a aquellos cargos o bien ocupaciones públicas que “comporten gestión con facultades de contratación”.

La resolución considera probado, por mayoría, que la adjudicación directa de los trabajos vulneró “todos los principios que rigen en materia de contratación pública”, como la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia. Fue un contrato “diseñado, decidido y ejecutado con único sometimiento a la voluntad personal” de Borràs, que como directora de la ILC, era también la máxima responsable de la contratación y tenía “toda la autoridad para contratar y autorizar” los pagos.

La prevaricación ha quedado probada, según el tribunal, porque Borràs adjudicó de forma “verbal y directa” a Herrero los trabajos de “creación, desarrollo y mantenimiento” del portal web sin limitación temporal, lo que supuso “menospreciar y prescindir de los trámites” de contratación de un trabajo de esa envergadura. Los distintos contratos menores fueron la “cobertura formal” de los pagos por unos trabajos que, según considera también probada la resolución, sí se ejecutaron. Borràs actuó “con plena conciencia de que se estaba fraccionando ficticiamente los trabajos ya adjudicados de manera directa” al informático. También “ha sido una ficción” la aparente concurrencia de otros licitadores mediante presupuestos falsos, que solo pretendían “ocultar” la mecánica impuesta por la también líder de Junts.

Los correos y la confesión

No lo tenía fácil la líder independentista para salir airosa de un caso que ha noqueado su carrera política. Las pruebas en su contra eran abundantes. En especial, unos correos electrónicos que desde 2013 —con su llegada al organismo de la Generalitat que promueve la literatura en catalán— intercambió con Herrero. En esos correos, Borràs le daba indicaciones sobre cómo elaborar distintos presupuestos para simular que había varias ofertas para desarrollar la tarea encomendada por la ILC. La cuantía de esos trabajos era la propia de un contrato menor, lo que permitía su adjudicación sin concurso público. Fue un ardid. En realidad, esos pequeños 18 contratos encadenados obedecían a un único encargo global: desarrollar y actualizar la página web de la institución.

A la contundencia de las pruebas se ha unido la colaboración de los otros dos acusados con la justicia. En especial, de Herrero, quien aceptó ante los magistrados que Borràs le hizo un “contrato encubierto” que se fue fraccionando indebidamente. También corroboró las tesis de la Fiscalía el tercer acusado, Andreu Pujol, que se prestó a confeccionar presupuestos ficticios. El informático de Borràs ha sido condenado a dos años de cárcel y el colaborador, a un año y dos meses. Ambos conseguirán el que era su principal objetivo: no ingresar en prisión. Sobre todo Herrero, que en 2019 aceptó una condena a cinco años de cárcel por tráfico de drogas. Fue durante esa investigación cuando aparecieron los correos que incriminan a Borràs. “Yo tengo una de marrones, buff… Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, escribió en un mensaje en 2017.

La confesión de los dos acusados fue un movimiento de última hora que desató la ira del equipo legal de Borràs en un juicio tenso, en el que defendió su inocencia. Es la línea que ha seguido desde que comenzó la instrucción, cuando se presentó como víctima de la persecución del Estado por su condición de independentista. Ese discurso, sin embargo, fue perdiendo fuerza a medida que aparecían indicios contra ella. Esquerra Republicana le dio la espalda y, tras la apertura de juicio oral, fue suspendida de sus funciones como presidenta de la Cámara en julio de 2022. Borràs llamó “jueces hipócritas” a los miembros de la mesa del Parlament que votaron a favor de que se aplicara lo que establece el Reglamento (ERC, PSC y CUP).

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