La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs

La Fiscalía ha elevado a definitiva este miércoles la solicitud de pena para Laura Borràs por trocear contratos por valor de 335.700 euros, para adjudicárselos sin concurso a un amigo, cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas (ILC): el ministerio público pide para ella 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación. Ha rebajado sustancialmente, sin embargo, la petición de pena para el informático beneficiado por los contratos, Isaías Herrero, que durante la vista oral incriminó a Borràs. En el último día del juicio que ha sentado en el banquillo a la dirigente de Junts per Catalunya y presidenta suspendida de Parlament, la Fiscalía ha desgranado el ramillete de indicios y evidencias que, según ha dicho, acreditan las prácticas fraudulentas de Borràs entre 2013 y 2018, cuando estaba al mando del ILC, un organismo público dependiente de la Generalitat. El escrito de acusación le atribuye un delito de prevaricación y otro de falsedad, y considera probado que abusó de contratos menores sin concurso público para beneficiar a Isaías Herrero.

A su vez, la Fiscalía rebaja de seis a dos años de cárcel la petición de condena para Herrero, tras haber admitido este su participación en los hechos y haber declarado que Borràs le hizo un “contrato encubierto”. También disminuye de tres años a 14 meses de cárcel la petición fiscal para un tercer acusado, Andreu P., que confesó haber tenido una participación tangencial en los hechos. Borràs se enfrenta, además de a la posible condena de prisión, a una multa de 144.000 euros, mientras que sus cómplices confesos ven notablemente reducida la petición de sanción de la Fiscalía: de 72.000 euros a 2.100, en el caso del informático; y de 30.000 euros a 2.250 para el otro colaborador.

Durante su turno de exposición final, la fiscal ha tratado de poner en evidencia que, mientras dirigió el ILC, Borràs aplicó “el sistema de contratación menor de manera recurrente para darle trabajo al señor Herrero”. La líder de Junts había negado en su declaración que hubiera tenido ninguna intención de beneficiar a su conocido, y argumentó que si Herrero se hacía con diversos encargos informáticos era por su buen saber tecnológico: “Era un artista digital, un creador”, dijo.

“El contrato menor es una excepción”, ha señalado la fiscal, citando la normativa de contratos del sector público. Nada que ver con lo que, según el escrito de acusación, hizo la acusada, al trocear un único contrato en 18 contratos menores —para eludir el concurso público y poder adjudicarlos a dedo— que reportaron 335.700 euros a su conocido. La representante del ministerio público ha destacado que la propia Borràs puso de relieve que la creación de una web del ILC —objeto del contrato— era una obra de envergadura y que, por lo tanto, ese encargo nunca se debió trocear, sino que el proyecto se debió licitar como un todo.

Herrero avaló durante el juicio la tesis de la acusación: Borràs, confesó el informático, le hizo un “contrato encubierto” para desarrollar la página web del organismo de la Generalitat que promueve la literatura en catalán, y ese contrato se fue fraccionando en trabajos menores para poder adjudicárselos a dedo. Esa confesión dejó claro que Herrero había cerrado un acuerdo con la Fiscalía para asegurarse una rebaja de las penas. El ministerio público defiende que esa revelación ha resultado “esencial” para desmadejar el ovillo de “presupuestos falsos” y adjudicaciones tramposas que realizaba la actual presidenta de Junts en el cargo que ocupó antes de dar el salto a la política activa.

Borràs dirigió el ILC hasta 2018, cuando el entonces president, Quim Torra, la nombró consejera de Cultura de su Gobierno. La dirigente emprendió entonces una rápida carrera que la entronizó como referente del independentismo más exaltado. En su declaración ante el tribunal el pasado lunes, Borràs sostuvo —como lleva haciendo desde que se inició la investigación— que este juicio responde a una persecución política por su desafío a las instituciones del Estado. La fiscal ha rebatido hoy esa tesis: “Nada más lejos de la realidad”, ha dicho, remarcando que la presidenta de Junts “menospreció la confianza de los ciudadanos” actuando al margen de la normativa y que lo hizo a sabiendas: “Era consciente de que lo que hacía, fue alertada de ello”.

El abogado defensor de Borràs, Gonzalo Boye, ha arrancado su turno de conclusiones con un duro alegato sobre los supuestos vicios que arrastra el proceso. “Ha habido vulneración de derechos fundamentales desde el comienzo”, ha sostenido Boye, antes de acusar directamente al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos. “Se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial”, ha afirmado. El abogado ha tratado de argumentar que a la líder independentista se le ha privado de un juicio justo porque “se ha ido generando un relato que da por hecha la culpabilidad”. “Se ha pasado del ‘¡A por ellos!’ al ‘¡A por ella!”, ha afirmado.

En su último turno de palabra, que se ha extendido durante 16 minutos, Borràs se ha presentado como “presidenta del Parlament” —aunque está suspendida de ese cargo desde el pasado julio, cuando se confirmó su procesamiento por delitos de corrupción—, y ha vuelto a declararse víctima de una “persecución política”. “Soy la presidenta del Parlament y he servido con total dedicación hasta que esta causa me apartó de ello por los que, siendo políticos, hicieron de jueces antes que ustedes. Ustedes, que son jueces, aún tienen la oportunidad de hacer justicia”, ha dicho, dirigiéndose al tribunal. A la presidenta de Junts le han acompañado en esta última sesión del juicio algunos cargos de su partido —el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, a los que se ha sumado el expresident de la Generalitat Quim Torra— pero ningún miembro de ERC, de la CUP o del Gobierno catalán.

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