El informático al que Laura Borràs adjudicó a dedo los contratos ultima un pacto con la Fiscalía

Laura Borràs está cada vez más sola y aislada en el juicio que este viernes afronta por corrupción. Isaías Herrero, el informático al que presuntamente benefició con contratos a dedo mientras presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ultima un pacto con la Fiscalía, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes al corriente del acuerdo. Herrero, que afrontaba una petición de seis años de prisión —los mismos que la expresidenta del Parlament— aceptará los hechos de los que le acusa la Fiscalía a cambio de una rebaja sustancial de la pena. El informático explicará que siguió las instrucciones de Borràs, una confesión que deja en muy mala posición a la líder de Junts en la causa por el fraccionamiento de 18 contratos para poder adjudicárselos a dedo a su amigo y antiguo colaborador.

El silencio de los investigados ha presidido el proceso judicial por las irregularidades en la institución de la Generalitat que promueve la literatura en catalán y que Borràs presidió entre 2013 y 2017, antes de dar el salto a la primera línea política. El pasado julio, la Fiscalía hizo público su escrito de acusación, en el que solicitaba seis años de cárcel para Borràs y otros seis para Herrero por prevaricación y falsedad. La petición resultó inasumible para el informático por sus antecedentes. En diciembre de 2019, fue condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas. Una nueva condena eleva de manera extraordinaria el riesgo de acabar entre rejas.

Con el pacto, Herrero vuelve a marcar la biografía de Borràs de un modo determinante. La causa contra la dirigente de Junts per Catalunya nació como consecuencia de la investigación por narcotráfico a su antiguo colaborador. Los Mossos d’Esquadra intervinieron conversaciones telefónicas y correos electrónicos en los que Herrero hablaba de su relación con Borràs, con la que había mantenido una relación profesional en el grupo Hermeneia (de investigación de estudios literarios) y en la Universitat de Barcelona. “Yo tengo una de marrones, buff… Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, escribió en un mensaje en 2017.

La investigación que siguió permitió acreditar, sobre todo mediante una cadena de correos electrónicos, que Borràs dio indicaciones a Herrero para presentar presupuestos “comparsa” para encubrir quién era el adjudicatario real o para simular que había competencia entre distintas ofertas. Los contratos se fraccionaron de forma presuntamente ilegal, lo que permitió adjudicar trabajos por valor de 335.700 euros sin concurso. La Fiscalía concluye que Borràs “abusó de sus funciones” y “vulneró los principios de transparencia y publicidad” que rigen la contratación con la administración pública.

El silencio de Herrero, que podía leerse como fidelidad a su jefa, se rompió hace unas semanas, cuando presentó su escrito de defensa. Sin apuntar directamente a Borràs, el texto —al que también ha accedido este diario— deja claro que él se limitó a trabajar y, en cuanto a la facturación, hizo lo que se le pedía. Herrero “siguió las instrucciones que le dio el personal” y asegura que si facturó “a través de cooperativas del sector freelance” fue “con pleno conocimiento” de la Institución de las Letras Catalanas. Los trabajos, relacionados con la web del organismo, se hicieron “para plena satisfacción” de las dos partes.

El juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y presidido por el magistrado Jesús Barrientos arranca este viernes con las cuestiones previas. Borràs siempre ha negado los hechos y ha atribuido la causa a una persecución política. La dirigente de Junts será defendida por el letrado Gonzalo Boye y contará como perito, para cuestionar la validez del material informático, con Luis Enrique Hellín, antiguo integrante de Fuerza Nueva condenado por el secuestro, tortura y asesinato de la estudiante Yolanda González en 1980. Tras las cuestiones previas, en las que la defensa solicitará la nulidad de las actuaciones, el juicio se reanudará el 20 de febrero, previsiblemente con el interrogatorio de los acusados. Además de Borràs y Herrero, hay un tercer acusado, Andreu P., afronta una petición de tres años de cárcel.

Los correos, clave del caso

Los correos electrónicos intervenidos por los Mossos son elocuentes y muestran que Borràs llevaba la iniciativa sobre contratación, y que Herrero incluso se queja de la forma de proceder de la directora de la ILC. “La verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este tripi. Ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3k”, le dijo a Borràs en febrero de 2013. La respuesta de la expresidenta de la Cámara no deja mucho margen a la interpretación: “El presupuesto tiene que quedar como si fuesen profesionales independientes (…) La cuestión es fraccionar cada uno los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”.

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