La justicia procesa a Laura Borràs por corrupción y pone en jaque su carrera política

La justicia ha dejado a la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, a un paso del banquillo de los acusados y más cerca, también, de verse obligada a dejar su escaño. Borràs ha sido procesada por cuatro delitos de corrupción —malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental— tras fraccionar 18 contratos para beneficiar a su amigo informático Isaías H. entre 2013 y 2018, cuando dirigió la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha instruido la causa, Jordi Seguí, acusa a Borràs de “abusar de sus funciones” al “concertarse” con Isaías para “defraudar” al organismo de la Generalitat que promueve la creación literaria en catalán. Los contratos adjudicados de forma irregular suman más de 300.000 euros.

El auto de procesamiento pone en jaque la carrera política de la candidata de Junts per Catalunya (JxCAT) en las últimas elecciones autonómicas. En la vía penal, la Fiscalía dará a conocer en los próximos días las penas de prisión e inhabilitación que solicita para Borràs; en caso de condena, la presidenta del Parlament tendría que dejar la vida pública, al menos durante un tiempo. En la vía administrativa, el fin de su carrera política puede estar más cerca.

La clave está en el artículo 25 del reglamento del Parlament, que regula la “suspensión” de los derechos y deberes de los diputados. En las causas judiciales vinculadas a delitos de corrupción —como la que afecta a Borràs—, la Mesa del Parlament debe “acordar la suspensión de forma inmediata” una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral. Pese a que el auto dictado este lunes es un paso previo —que la defensa de Borràs y de los otros tres procesados pueden recurrir—, lo más probable es que el TSJC dicte ese auto en cuestión de semanas, una vez que conozca las conclusiones de la Fiscalía.

El Parlament constituyó el pasado día 4 la comisión del reglamento que servirá para actualizar una norma que consideran desfasada y que, en palabras de Borràs, acumula “imprecisiones y fallos y que debe adaptarse”. La mayoría de grupos parlamentarios apelaron en esa sesión la necesidad de regular las votaciones telemáticas, mejorar la transparencia o incluir la perspectiva de género y el pacto antifascista pero ninguno citó el artículo 25. Queda ahora la duda de si el órgano debatirá un nuevo redactado. ERC y la CUP ya se desentendieron hace meses de la propuesta de Junts de reformar ese apartado para blindar a Borràs.

Borràs aterrizó como alto cargo del Govern en 2013, cuando fue nombrada para dirigir la Institución de las Letras Catalanas (ILC), una entidad autónoma adscrita al Departamento de Cultura. Una de sus primeras decisiones fue impulsar el portal web de la institución, un trabajo para el que contrató al informático Isaías H. Ambos habían mantenido una relación “profesional” previa, tanto en el grupo Hermeneia (un grupo de investigación en estudios literarios) como en la Universitat de Barcelona. Borràs decidió adjudicar a dedo un total de 18 contratos menores a Isaías H., que a petición de ella presentó presupuestos a nombre de otras personas y de empresas.

Los correos electrónicos de 2013 y 2014 entre ambos, muy explícitos, son “indicios suficientemente sólidos de la concertación” para defraudar al ILC. La presidenta del Parlament no solo conocía las irregularidades sino que daba indicaciones concretas a Isaías sobre la forma de proceder. “El presupuesto ha de quedar como si fueseis profesionales independientes”; “yo había pensado que podíamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganes uno”; “envíame a mí los conceptos e importes aproximados y si conviene ya lo haré yo”, le escribe Borràs a su amigo.

Pese a los correos, que nunca ha querido comentar, Borràs a capa y espada defiende su inocencia. Sostiene que es víctima de una “persecución política” del Estado —la investigación fue liderada por los Mossos d’Esquadra— y, cuando fue llamada ante el Tribunal Supremo en julio de 2020 (era diputada en el Congreso) se acogió a su derecho a no declarar.