La diputada Laura Borràs “benefició” a un amigo con contratos ilegales por 260.000 euros

Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, defraudó presuntamente casi 260.000 euros durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un órgano público que depende de la Generalitat. Borràs fraccionó de forma "ilegal" una serie de contratos sobre el portal web de la institución para "beneficiar" a un amigo suyo, el informático Isaías Herrero. Así consta en la exposición razonada que una juez de Barcelona ha remitido al Tribunal Supremo para que investigue a Borràs por los delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad.

A la espera de que el Supremo decida si abre una investigación, el informe elaborado por la magistrada Silvia López es contundente y supone un duro golpe a las aspiraciones políticas de Borràs. Entre 2013 y 2018 (antes de ser nombrada consejera de Cultura por Quim Torra) Borràs fue directora de la ILC, un organismo de promoción de la literatura catalana. Durante todo su mandato Borràs "abusó" de sus funciones y adjudicó contratos a dedo a distintas empresas y proveedores pese a que sabía que, en realidad, quien cobraba por todos ellos no era otro que su amigo Isaías Herrero.

La diputada en el Congreso aprobó contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público. Ese plan era ilegal porque, en realidad, los servicios prestados por Herrero "obedecían a una misma unidad operativa": la creación y el desarrollo del portal web de la institución durante un periodo ininterrumpido de cuatro años. La veintena de contratos bajo sospecha se camuflaron bajo diferentes nombres, como si obedecieran a tareas distintas: "diseño y arquitectura portal de las letras catalanas", "espacio de lectura 2.0", "imagen gráfica del Año Vinyoli" o "desarrollo aplicativo 300 años literatura catalana", entre otros conceptos. Esas facturas e importes fueron "totalmente inventados", por lo que resulta "imposible", dice la juez, saber qué trabajos se hicieron realmente y cuál fue su valor económico.

Borràs actuó con "abuso de sus funciones" y causó un claro "perjuicio" al erario público que "enriqueció" de forma ilícita a Herrero. La juez cifra en 259.863 euros el total de contratos adjudicados al informático. Ambos se pusieron de acuerdo para "simular la participación de terceras personas independientes" en los concursos, para lo cual Herrero utilizó a otras personas y sociedades. Aportaba, por ejemplo, tres presupuestos, de los cuales al menos dos eran "falsos o simulados".

"Con la Borràs, facturo unos 'trapis"

La documentación intervenida a Herrero ha permitido acreditar la participación de Borràs. Los correos electrónicos que se cruzaban demuestran que, casi desde el día en que aterrizó en la ILC, quiso beneficiar a su amigo. "El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros", escribe la hoy diputada a Herrero en febrero de 2013, cuando este le plantea unas dudas. Al año siguiente, en junio de 2014, se intercambian otro correo significativo. Borràs le recuerda que debe presentar "tres presupuestos", pero le indica que no debe "sufrir": "El dinero lo tengo reservado y es para esto".

Una vez iniciada la investigación, los agentes tuvieron acceso también a conversaciones telefónicas (más recientes) que tampoco dejan en buen lugar a Borràs. En noviembre de 2017 Herrero habla con un socio y se muestra preocupado por si la aplicación del artículo 155 de la Constitución puede derivar en un aumento de los controles sobre las finanzas del organismo. "Que comenzara a mirar, pues bueno todos los gastos, y comenzara a salir marrones... Porque yo tengo una de marrones, buff", dice Herrero. Y añade: "Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí. Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora (...) Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre".

En su exposición razonada al Supremo, la juez indica que ha quedado acreditada la existencia de una relación previa, tanto "personal como profesional", entre Borràs y Herrero. Ambos habían estado juntos en el grupo de investigación sobre literatura digital Hermeneia y habían participado en un máster de la Universidad de Barcelona, entre otros proyectos.