Laura Borràs afronta aislada políticamente su juicio por corrupción

Laura Borràs siempre ha presumido de tener un potente tirón popular dentro del independentismo, pero el juicio que afronta por haber fraccionado contratos públicos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes pone a prueba su capacidad para atraer complicidades. La líder de Junts debe dar respuesta a partir de este viernes a las acusaciones que le atribuyen un delito de prevaricación y otro de falsedad. Presuntamente delinquió para beneficiar a un amigo suyo, pero se sentará en el banquillo de los acusados en una situación de visible aislamiento. Borràs lleva más de medio año apartada del primer plano de la política catalana y ahora constata como una parte importante del independentismo rechaza brindarle apoyo ante su desafío judicial. Esquerra escenificó este lunes su distanciamiento de Borràs, y también la CUP evita dedicarle cualquier gesto de gracia. Dentro de Junts Borràs cuenta con seguidores incondicionales, incluso se van a fletar autocares desde distintas ciudades catalanas para darle aliento, a precios que oscilan entre los 10 y 20 euros, pero hay un mar de fondo interno que, a 100 días de las municipales, cuestiona la idoneidad de que el partido exhiba un apoyo inquebrantable a una encausada por corrupción.

Laura Borràs se presenta como una víctima de “la represión política” y siempre logró buena sintonía con los sectores más excitados del independentismo. Sus adeptos se han activado para organizar una concentración de apoyo a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Junts per Catalunya tiene ahora los focos orientados hacia Xavier Trias, el veterano político que pretende recuperar la alcaldía de Barcelona. Trias es un abanderado de la política de la antigua Convergència, poco amigo de embates y de gestos altisonantes, y exigió orden en el partido para aceptar presentarse a las municipales. Trias arrancó este lunes la precampaña y, al ser preguntado sobre si acudirá a la concentración de apoyo a Borràs evitó responder, informa Clara Blanchar. La semana pasada, en una entrevista a TVE, el exconsejero de Economía Jaume Giró marcó distancias con Borràs, presidenta del partido. Giró dijo que Jordi Turull, el secretario general de Junts, es “el líder del partido” y el responsable de “marcar la línea” de la formación.

En la movilización de apoyo a Borràs no va a haber ni un cargo de Esquerra Republicana. “Esta causa no tiene nada que ver con el 1 de octubre ni con la independencia”, valoró este lunes Marta Vilalta, la portavoz de ERC. El partido que manda en la Generalitat mantiene que los delitos que pesan sobre Borràs son fruto de “una mala gestión y una mala praxis” cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018, y que su caso poco tiene que ver con los procesos judiciales que afectan al independentismo. “No vamos a participar en el acompañamiento a un juicio de un caso que nada tiene que ver con la represióin política”, ratificó Vilalta.

Esquerra ha recobrado el aliento tras el acuerdo alcanzado con PSC y comunes para aprobar los presupuestos, pero persigue también sumar a Junts en el pacto. Pese a ello, el partido republicano rechaza escenificar un apoyo a Borràs, líder de Junts, porque considera que hacerlo implicaría “banalizar” la corrupción. “Nuestra posición es clara en ese sentido”, aclaró Vilalta en una rueda de prensa donde defendió que ERC muestra “contundencia absoluta” cuando se trata de denunciar conductas sospechosas en la administración de los recursos públicos. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borras, además de una multa de 144.000 euros. La principal prueba en su contra son unos correos electrónicos de 2013 y 2014 entre ambos, muy explícitos, en los que supuestamente ella le explica cómo realizar el fraccionamiento.

Laura Borràs ha azuzado durante meses el discurso que la presenta como una víctima de “la represión política”, pero su tesis levanta recelos dentro del independentismo. Tanto Esquerra como la CUP se alejan de la teoría difundida por la líder de Junts y sus incondicionales. Incluso dentro de su propio partido ha generado críticas la postura victimista de Borràs. Tampoco gustó que su abogado defensor contratara los servicios del perito informático Luis Enrique Hellín Moro. El experto fue integrante de la formación ultraderechista Fuerza Nueva y fue condenado por el asesinato y tortura de una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores en 1980.

En julio del año pasado, ERC y la CUP, junto con el PSC, propiciaron que la Mesa del Parlament suspendiera a Borràs de su condición de diputada, lo que implicó de manera automática que fuera apartada de su cargo de presidenta de la Cámara autonómica. El reglamento del Parlament fija que, en casos de la apertura de juicio oral por delitos relacionados con la corrupción, a un diputado se le ha de suspender de sus funciones.

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