La Abogacía del Estado pide al TSJC que no ejecute por ahora la sentencia del 25% de castellano

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no active la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir un mínimo del 25% de castellano en el sistema educativo en Cataluña. El órgano que actúa en defensa de los intereses del Gobierno en el procedimiento ha pedido al tribunal que espere hasta que pueda evaluarse el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno catalán para hacer cumplir el fallo. La Generalitat “ha justificado el inicio del proceso de tramitación de dos medidas normativas (legal y reglamentaria) y una medida de control”, recoge el escrito de la Abogacía del Estado.

El escrito alude a las propuestas que el Govern hizo llegar al TSJC para comunicarle cómo pensaba cumplir la sentencia sobre el castellano. La Generalitat pretende hacerlo sin fijar porcentajes y por eso ha anunciado la reforma de la Ley de Política Lingüística y el desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo. El texto del Ejecutivo catalán fue remitido al tribunal una vez se agotó el plazo de dos meses de cumplimiento voluntario de la sentencia. Desde esa fecha, las partes personadas podían instar la ejecución forzosa. La Abogacía del Estado es la única parte presente y ha decidido no hacerlo por ahora.

La Generalitat se resiste a fijar el porcentaje del 25% que fija la sentencia porque ese fallo judicial se basaba en parte en una disposición adicional de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la llamada ley Wert, que establecía que el castellano debía garantizarse “en una proporción razonable”, un precepto que dio pie a que, ante la inacción de la Generalitat, el TSJC concretase ese porcentaje mínimo. Pero esa referencia fue desapareció en la nueva ley de educación (la conocida como ley Celaá) y el Gobierno de Pedro Sánchez se mostró desde el principio ambiguo sobre si iba a exigir a Cataluña que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano. El tribunal superior catalán considera que nada cambia con la nueva norma, pero la ministra de Justicia, Pilar Llop, en declaraciones públicas, ha advertido en alguna ocasión sobre la necesidad de estudiar cómo afecta el cambio en la ley de Educación.

En el escrito presentado ahora, la Abogacía del Estado recuerda que la sentencia del 25% reconocía a la Generalitat “una libertad en la elección de las medidas a adoptar”, reservándole al Govern ciertos aspectos en los que los órganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administración. Antes de hacer ejecutar el fallo, añade el texto, el TSJC “deberá apreciar previamente el grado de cumplimiento que implican las medidas comunicadas por la Generalitat”. Esa valoración “será esencial para pronunciarse sobre si concurre o no el presupuesto fáctico que justifica la ejecución forzosa”.

El Estado no cuestiona la legitimidad de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como “entidad afectada” para pedir la ejecución forzosa. La entidad que promueve el bilingüismo en Cataluña lo hizo el pasado mes de marzo en nombre de 1.643 familias.

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