La justicia blinda al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas

La justicia ha asestado este martes un duro golpe al sistema de inmersión lingüística en Cataluña al quedar firme la sentencia que obliga a los centros a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. El Tribunal Supremo ha inadmitido este martes el recurso de casación que presentó el Gobierno de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, en la que obligaba a las escuelas públicas catalanas a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. El Govern considera clave el carácter vehicular del catalán en el sistema de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde 1983, pese a que varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional se han pronunciado en su contra en las últimas décadas. El Ejecutivo catalán considera que con esta nueva decisión judicial “se tumba” el modelo educativo, y ya ha avisado que no cumplirá la sentencia.

En una comparecencia de urgencia, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha pedido a los centros educativos que no cambien sus programas, y ha asegurado que la inmersión lingüística está blindada por la ley de educación catalana. Poco después, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado la decisión judicial de “injerencia” y de “falta de respeto a los docentes”. “El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades”, ha dicho Aragonès, que se ha reunido con entidades en defensa de la lengua. Una de ellas, Òmnium Cultural, ha llamado a “agotar todas las vías para blindar el modelo”, incluyendo la desobediencia.

La inmersión lingüística cuenta con un amplio consenso en el Parlament y en el ámbito educativo catalán. Fundaciones educativas y sindicatos también han expresado su rechazo a la decisión judicial. El modelo es defendido por las formaciones independentistas pero también, aunque con matices, por el PSC. De hecho, el Gobierno y ERC negociaron hace un año la llamada ley Celaá, que dejaba de considerar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Según ERC, este fue el blindaje definitivo de la inmersión lingüística, aunque los jueces ya se han pronunciado en contra.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe, en cambio, ha celebrado el fallo y ha pedido cambiar el modelo educativo, que “discrimina a miles de alumnos por razón de lengua”, han señalado en un comunicado. Fuera de la escuela, la mayoría de la población catalana tiene el castellano como lengua materna (el 52,7% frente al 31,5% el catalán, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, de 2019). También el castellano es mayoritario como lengua de identificación (46,6% frente al 36,3% del catalán) y como lengua habitual (48,6% frente al 36,1%).

El Govern defiende que el modelo protege al catalán y es “integrador”. El consejero de Educación ha calificado la inadmisión del recurso como “un grave ataque perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad lingüística”. “El departamento de Educación está del lado de los centros, tienen que seguir trabajando como hasta ahora, no tienen que hacer ningún cambio en sus programas”, ha destacado.

La sentencia del tribunal superior reabrió, hace casi un año, el debate sobre la aplicación del modelo de inmersión lingüística. El tribunal consideró que el uso vehicular del castellano en el sistema de enseñanza catalán es “residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente”. La sentencia partía de un recurso presentado en abril de 2015 por la Abogacía del Estado, en representación del entonces ministro de Educación, el popular José Ignacio Wert. En esa demanda, el Estado señalaba que la Generalitat no aplicaba la disposición adicional 38.4 de la Ley Orgánica de Educación de 2006 que establece el “derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales”.

La sentencia se apoyaba además en los casos individuales de familias que habían acudido a los juzgados para pedir la escolarización en castellano. El consejero ha asegurado que estos casos no representan “un conflicto real”. “No estamos ante un conflicto lingüístico: desde el año 2005 solo 80 familias han pedido la escolarización en castellano, en un sistema en el que cada año hay 1,5 millones de alumnos”, ha dicho. “Que un juez sea quien determine el número de horas para cada lengua es una anomalía y un menosprecio al trabajo de nuestros educadores”, ha señalado.

De hecho, el tribunal superior ya reconocía en su sentencia que no corresponde a los jueces dar una directriz sobre cómo garantizar las dos lenguas en las escuelas, pero destacaba que había que “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”. La demanda del Estado no reclamaba un reparto en porcentajes sobre las horas lectivas para una u otra lengua.

La aplicación de la ‘Ley Celaá'

El Govern confiaba en que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe, la conocida como ley Celaá) sería la puerta abierta para seguir implementando la inmersión lingüística en Cataluña y no tener que aplicar la sentencia del TSJC. Esta ley, negociada con ERC, dejaba de considerar el castellano como la lengua vehicular en las comunidades en las que hay otra lengua cooficial, cosa que hacía expresamente la anterior ley, Lomce, de José Ignacio Wert. Y fijaba la obligación de que al final de la educación obligatoria los alumnos obtuvieran un pleno dominio de ambas lenguas. “He hablado con la ministra de Educación, y lo que me ha trasladado es que el Gobierno dará cumplimiento a la Lomloe, que dice que se tiene que garantizar desde Cataluña el aprendizaje tanto en catalán como en castellano”, ha dicho el consejero.

No obstante, los jueces consideran que la ley Celaá no blinda la inmersión lingüística en Cataluña, ya que, desde que se aprobó, el TSJC ha obligado a dos centros a garantizar el 25% de clases en castellano para todos los alumnos de estas dos escuelas, en las que algunas familias habían pedido la escolarización en castellano. Los jueces consideran que la ley Celaá no despoja al castellano de su carácter vehicular, ya que este está previsto en la Constitución y así lo certificó el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatut de 2010.