Laura Borràs desoyó los avisos de irregularidades de una responsable de la Institució de les Lletres Catalanes

Laura Borràs hizo caso omiso de las advertencias que una responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) -el organismo que dirigió entre 2013 y 2018- le hizo llegar sobre los contratos adjudicados a dedo al informático Isaías H. Borràs, que acaba de ser procesada por cuatro delitos de corrupción y ve así en peligro su carrera política, no atendió los avisos de la responsable de gestión administrativa del ILC en el sentido de que no podía fraccionar contratos que en realidad tenían un mismo fin: el mantenimiento del portal web de la institución que promueve la creación literaria en catalán.

La declaración como testigo de esa responsable, Assumpta P., es un indicio más contra Borràs, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado a un paso del banquillo de los acusados por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude. Según las conclusiones del juez instructor, la actual presidenta del Parlament fraccionó artificialmente contratos para beneficiar a Isaías H., con el que había mantenido previamente una relación profesional en el grupo Hermeneia (de investigación literaria) y en un máster que Borràs dirigía en la Universitat de Barcelona (UB).

Entre 2013 y 2017, Borràs -que como directora del organismo era también responsable de las contrataciones- adjudicó 18 contratos menores sobre el mantenimiento del portal web. Seis de los contratos fueron adjudicados al informático y el resto, sobre el papel, a otras personas y cooperativas. La realidad, según la investigación judicial, es que Isaías H. fue el autor material de todos los trabajos, y que recibió “indicaciones” de Borràs para presentar presupuestos falsos, de manera que se simulaba la existencia de otras ofertas.

En su declaración durante la instrucción de la causa -que ha pasado de un juzgado de instrucción de Barcelona al Tribunal Supremo y luego al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en paralelo a los cambios en la carrera política de Borràs-, Assumpta P. declaró que transmitió a la directora las dudas de la Intervención sobre la concatenación de contratos. La responsable de administración le dijo que comprobó “personalmente” que los trabajos de Isaías H. “podían estar relacionados”. Por eso le “sugirió” la posibilidad de tramitarlos como un solo contrato negociado. Lo hizo, según su declaración, en “diversas ocasiones”. Borràs se negó a aceptar las indicaciones y transmitió a la testigo que “los contratos eran diferentes”.

La ley prohíbe que se adjudiquen contratos menores de servicios durante más de un año. Tampoco se puede fraccionar un contrato para disminuir su cuantía y, de esa manera, eludir la convocatoria de un concurso público. Eso es precisamente lo que hizo Borràs, según las conclusiones del TSJC, con la intención de beneficiar a Isaías H, que acabó cobrando más de 300.000 euros. El “concierto” entre ambos para “defraudar” al ILC se apoya, sobre todo, en correos electrónicos que ambos intercambiaron, especialmente en 2013 y 2014, en los primeros años de colaboración.

Borràs nunca ha querido comentar el contenido de los correos electrónicos y, cuando fue llamada a declarar como investigada ante el Supremo, se acogió a su derecho a no declarar. Ante la opinión pública, la dirigente de Junts per Catalunya insiste en que es una causa “falsa”, sin ninguna base, un montaje de las cloacas del Estado por su condición de líder independentista. Ayer, tras conocer que iba a ser procesada por corrupción, publicó un mensaje en Twitter aludiendo a los atentados de Barcelona y Cambrils e 2017. Borràs criticó que la Fiscalía no abra una investigación a propósito de las palabras del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el 17-A.

La Institució de les Lletres Catalanes es una entidad autónoma de la Generalitat adscrita al Departamento de Cultura. Sus números son auditados periódicamente por la Sindicatura de Cuentas que, como recuerda el auto de procesamiento, ya advirtió de irregularidades en un informe emitido en 2020. La Sindicatura concluyó que las adjudicaciones a Isaías H. suponían una vulneración de la ley de contratos del sector público.