Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La escolta de Puigdemont lleva a Buch a los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si el consejero de Interior y un sargento de los Mossos malversaron y prevaricaron

escolta de Puigdemont
Lluís Escolà a la izquierda, acompañando a Puigdemont.

La escolta del expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica ha llevado a Miquel Buch a los tribunales. Tras una querella de la Fiscalía, sustentada en pesquisas de los propios Mossos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigará si el consejero de interior malversó y prevaricó. Se le acusa de contratar al sargento Lluís Escolà, también implicado, como asesor del Departamento de Interior para encubrir su tarea como escolta en Bélgica.

El Tribunal afirma que hay “indicios suficientes” para seguir adelante con la acusación contra Buch. La Fiscalía sostiene que la contratación de Escolà supuso un “acto de arbitrariedad” por “exclusiva voluntad” de Buch, con el “propósito de procurar, con cargo a fondos públicos, un servicio de escolta permanente” a Puigdemont. El sargento cobró 52.712 euros públicos en los casi ocho meses (entre el 30 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019) que figuró como asesor de Interior.

La Fiscalía, a raíz de una denuncia de Ciudadanos, ordenó a los Mossos d’Esquadra que investigasen a su propio consejero. La policía catalana concluyó que los informes presentados por Escolà como asesor eran cortos (“entre dos y cuatro páginas”), solo uno llevaba su firma, estaban “plagados de generalidades” e incluso algunos de ellos suponían una “copia indisimulada” de otros informes.

El expresidente Puigdemont logró huir a Francia dos días después de la intervención de la autonomía de Cataluña, el 29 de octubre de 2017, y de allí volar a Bélgica con la ayuda de Escolà. Escolà, un sargento de los Mossos destinado en la unidad de escoltas, fue trasladado a una comisaría de Martorell, donde formalmente no ejerció nunca, según concluyó la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos. Entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018, el sargento realizó “numerosas salidas al extranjero al objeto de prestar labores de custodia y de seguridad para Puigdemont”, afirmó la DAI, que propuso sancionarle con cuatro meses de suspensión.

El director de la policía catalana, Andreu Joan Martínez, mutó el 20 de julio de 2018 esa sanción en un traslado a otro nuevo destino. “Ese mismo día”, insiste la Fiscalía, “a propuesta” de Buch, se genera en el sistema informático de gestión de lugares de trabajo de la Generalitat el expediente para crear la plaza de asesor de Interior, “que habría sido específicamente programado para que fuera ocupado” por Escolà. La resolución administrativa se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el 27 de julio y se hizo efectiva tres días más tarde. Escolà cesó del cargo voluntariamente el 13 de marzo de 2019.

Algunos mossos continuaron ejerciendo de escolta de Puigdemont en sus días libres, algo en lo que Buch aseguraba que no podía inmiscuirse. En julio del año pasado, el comisario jefe de Mossos, Eduard Sallent, y el propio Martínez, aún director de la policía —fue sustituido por Pere Ferrer el 1 de octubre— prohibieron definitivamente a los agentes proteger al expresidente en días libres, con el riesgo de medidas disciplinarias. Al cuerpo le consta que al menos un mosso se ha pedido una excedencia para seguir al lado de Puigdemont.

Los Mossos investigan a sus jefes

Los Mossos investigan a su consejero de Interior, Miquel Buch, que se enfrenta a los delitos de prevaricación y malversación. También investigan presuntas facturas falsas que salpican a la productora Triacom y TV3 en 2013, cuando el actual secretario general de Interior, Brauli Duart, dirigía la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). En esa causa fue detenido el presidente de la Diputación de Lleida, el convergente Joan Reñé.  De nuevo los Mossos investigaron a la diputada Laura Borràs, imputada por malversación en el Supremo (la jueza les apartó del caso, que traspasó a la Guardia Civil, después de que Borrase dijese que Buch le había informado del tema). Y el mismo cuerpo investiga las presuntas irregularidades en la facturación del Consistorio de Sant Cugat en la etapa del PDeCat.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información