El juez destapa sobornos en efectivo al presidente de la Diputación de Lleida

Joan Reñé y su familia no usaron la tarjeta de crédito ni sacaron dinero del banco para pagar sus gastos diarios durante al menos tres años. El histórico dirigente de Convergència, que hasta hace un año presidió con mano de hierro la Diputación de Lleida, tenía suficiente con los “sobornos” en efectivo que recibió, presuntamente, de un entramado de constructoras a las que benefició con adjudicaciones públicas. El dinero en b llegaba a manos de Reñé gracias a las facturas falsas: las constructoras pagaban a otras empresas por trabajos ficticios, lo que generaba “dinero en negro” que se usaba como “compensación o agradecimiento” a altos cargos del ente provincial, según los informes de los Mossos d’Esquadra que constan en el caso Boreas y a los que ha accedido EL PAÍS.

El 2 de octubre de 2018, los Mossos d’Esquadra irrumpieron en la sede de la Diputación de Lleida en una operación contra la corrupción impulsada por la Fiscalía. La policía autonómica detuvo a Reñé y a otra veintena de personas, incluidos altos cargos del organismo, funcionarios de los servicios de carreteras y empresarios. Tres años antes, un empresario denunció el amaño de concursos públicos en Lleida para beneficiar a empresas que pagaban comisiones —en torno al 8% del montante de la adjudicación, dijo en su denuncia— a altos cargos políticos ligados a Convergència. Aportó documentos, facturas e incluso correos electrónicos.

A diferencia de otros casos de presunta corrupción que afectan a la extinta formación nacionalista —como el caso Palau o el caso 3%—, la investigación de Lleida ha acreditado que las mordidas sirvieron no tanto para financiar al partido como para enriquecer a sus responsables. Según los datos analizados por los Mossos d’Esquadra, tanto Reñé como la que fue su secretaria en la Diputación, Marlen Minguell, “presentan un incremento patrimonial no justificado que ronda los 150.000 euros”.

Al examinar con detalle el patrimonio de Reñé, los Mossos constataron “la falta de retiradas de efectivo en entidades bancarias” por parte del dirigente y de su familia. Esa ausencia “no se veía compensada por el uso de tarjetas de crédito”, que también era escaso. Los agentes han observado “periodos de casi tres años sin que tuvieran gastos de centros comerciales donde se suministren productos alimenticios”.

La familia no sacaba dinero del banco, pero sí lo metía: constan cuantiosos ingresos “en efectivo” a las cuentas de Reñé, Minguell y sus respectivas parejas “de las que no se acredita la procedencia”. “Muchos de estos ingresos eran mediante el uso de billetes de 500 euros”, destaca el informe policial aportado a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lleida, que investiga el caso.

Los gastos extraordinarios también los asumían en efectivo. Los Mossos han constatado que Reñé y su pareja, Helena D., pagaron facturas en metálico por 60.000 euros para reformar un piso de su propiedad en Barcelona, para el suministro de gasóleo e incluso para la compra de electrodomésticos.

¿De dónde procedía todo ese dinero? Según la investigación en marcha, las constructoras y empresas de ingeniería civil beneficiadas por adjudicaciones de obra pública en la Diputación de Lleida habían ideado un sistema para “generar dinero en negro”: falsificar facturas. La Agencia Tributaria ha analizado a fondo traspasos, que quedan ilustrados con un ejemplo. En 2013, la productora Triacom pagó a la empresa Enginyeria Inalba por unos supuestos trabajos para los programas de TV-3 El gran dictat y Fish and chips. Nada más cobrar, constatan los inspectores, Enginyeria Inalba pagaba a su vez a otra empresa, llamada Interiorismo y Reformas Profesionales. Desde allí se producían, en los días siguientes, retiradas en efectivo.

Hacienda cree que esta última empresa era solo una “sociedad pantalla” liderada por un supuesto empresario octogenario, Diego G., que en realidad era un testaferro. La empresa “no disponía de medios humanos ni materiales” para hacer frente a los trabajos que le encargaban y cuyo importe, curiosamente, eran “casi idénticos” a los de Triacom: unos 348.000 euros, por citar una factura de ese año 2013.

En uno de los correos de la denuncia inicial, una responsable de la ingeniería escribe al testaferro: “Hola Diego, necesitamos la siguiente factura por montaje y construcción en el programa de El Gran Dictat”. El testaferro se encargaba de sacar el dinero en efectivo y entregarlo a los responsables de las empresas, que a su vez lo entregaban a Reñé.

Facturas falsas

Triacom es el nexo que vincula el caso Boreas con el caso 3%. El pasado julio, el empresario Juan Manuel Parra declaró ante la Audiencia Nacional que Convergència le obligó a cobrar unos trabajos que había hecho para el partido a través de la productora. Parra detalló que ese sistema de facturaciones falsas sirvió para financiar actos de la campaña electoral de 2010. Y señaló al exgerente Germà Gordó, uno de los principales investigados en la trama por el pago de comisiones a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Al conocer la declaración, los Mossos han puesto la parte de la causa de Lleida que afecta a la facturación a servicio del juez del caso 3%.