Nadia Calviño: “Hay que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores”

Nadia Calviño (A Coruña, 54 años) está satisfecha esta semana. Los datos económicos han mostrado que la economía española ha resistido al embate de la guerra y la inflación. El mercado laboral también ha dado muestras de solidez. A pesar de todo, la actividad económica está entrando en una nueva senda de desaceleración y crecimiento más débil. “No nos sorprende”, reconoce. Calviño recibe a EL PAÍS en su despacho del ministerio, desde donde reclama un gran pacto de rentas entre empresarios y sindicatos que incluya un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Pregunta. Los últimos datos de empleo muestran un comportamiento positivo en el conjunto del año, pero un último trimestre débil: con más paro y menos ocupación. ¿Hasta dónde tenemos que estar preocupados?

Respuesta. El comportamiento del mercado laboral en 2022 solo puede ser calificado como extraordinario. El primer año de la reforma laboral se ha cerrado con una importantísima creación de empleo, bajada del paro y reducción de siete puntos de la temporalidad. Nuestro mercado laboral se está europeizando, con empleo más estable de mejor calidad, que era el objetivo de la reforma y del plan de recuperación en general. En el cuarto trimestre vemos una ralentización acorde con la actividad económica y la situación europea. No nos sorprende esa ralentización.

P. La economía española ha batido las previsiones de los analistas, con un crecimiento del 5,5%. Aun así, aún somos el último país de la UE en recuperar el nivel prepandemia.

R. Encadenamos dos años con un crecimiento muy fuerte superando todas las previsiones. Estamos en un entorno de alta incertidumbre, pero si seguimos en la misma línea, recuperaremos el nivel de PIB prepandemia a mediados de este año. Su evolución viene marcada por la caída en 2020, como consecuencia de la pandemia, que fue más intensa en España. Pero el resto de indicadores ya han superado con creces los niveles prepandemia: el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales…. En muchos de ellos lo que estamos recuperando no son los niveles prepandemia, sino los niveles previos a la gran crisis financiera de 2008.

P. La inflación empobrece a las familias y más a las clases medias trabajadoras. ¿Entiende usted la sensación de crisis que viven los españoles?

R. No podemos quedarnos en el dato de PIB porque nos da una visión parcial de la situación económica. Nuestra política económica desde el primer momento ha estado orientada no solo a la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal, sino también a la justicia social. Y, más allá de lo urgente, no hemos dejado de atender a lo importante, las reformas estructurales, enfocadas en mejorar el futuro. Creo que la política económica que hemos seguido desde 2018 explica que los indicadores de desigualdad no se hayan deteriorado a pesar de la pandemia, y a pesar de lo que sucede con la guerra y la inflación. Desde el sector público amortiguamos el impacto, apoyando especialmente a los más vulnerables, la inversión productiva y el Estado de bienestar. Es una respuesta muy diferente a la que se le dio a la anterior crisis financiera.

P. Respecto al plan de recuperación, las críticas apuntan a retrasos en la ejecución. El dinero no llega a la economía real.

R. Somos el país más avanzado en la ejecución de las inversiones y reformas del plan de recuperación, como ha avalado la Comisión Europea. Hemos recibido 31.000 millones del presupuesto europeo. Hemos transferido a las comunidades autónomas 20.600 millones. Ya se han resuelto convocatorias por más de 23.000 millones y el 45% de los fondos han ido a empresas. El 80% de las licitaciones resueltas son del Estado y ahora el foco está en la ejecución de las comunidades. Hemos ido quitando cuellos de botella y agilizando el despliegue de inversiones. Pero es muy difícil pensar que se puedan agilizar más sin debilitar los mecanismos de control. Y por ahí el Gobierno no va a pasar. Ese es un riesgo que no podemos, ni debemos asumir.

P. Aún no hay acuerdo de subida del SMI. ¿Cuál cree que sería la subida justa teniendo en cuenta el alza de las pensiones?

R. Creo que todos tenemos claro que los salarios tienen que subir en nuestro país. No solo el salario mínimo; hay que mejorar las condiciones salariales del conjunto de los trabajadores. Este es un objetivo comprendido y creo que compartido por los agentes sociales, como lo es la necesidad de seguir en una línea positiva de creación de empleo y de reducción del desempleo, especialmente del desempleo juvenil. Este es el contexto en el que yo espero que en los próximos días avancemos con los agentes sociales, porque siempre es mejor que las decisiones se tomen con acuerdo. Desde que llegamos al Gobierno hemos subido el SMI un 36%, una subida sin comparación con otros países. Tenemos que seguir en esa línea para cumplir el objetivo de llegar al 60% del salario medio, de una manera que se siga impulsando la creación de empleo y la bajada del paro.

P. Defiende un acuerdo amplio de rentas, pero no parece que la patronal esté en disposición de apoyar la subida del SMI ni negociar ese pacto de rentas.

R. Lo mejor sería un gran pacto de rentas, con una perspectiva plurianual para que dé confianza a los trabajadores, a los empresarios y a los inversores. No hago nada más que instar a los empresarios a que colaboren para lograr ese acuerdo. Sería deseable para contribuir a la estabilización de los precios, proporcionar confianza y permitir una recuperación de los salarios.

P. Acaban de aprobar un último decreto con ayudas para afrontar la crisis de inflación y las secuelas de la guerra. Incluye ayudas generales, poco focalizadas, en contra de lo que piden las instituciones internacionales.

R. Lo que hemos venido haciendo es combinar medidas con un impacto directo sobre la inflación, como las bonificaciones a los carburantes o las bajadas del IVA, e ir progresivamente enfocando las ayudas en aquellos colectivos más afectados. Además de responder a lo urgente, no hay que perder de vista la agenda de medio plazo y, en concreto, la agenda climática. Por eso, siempre digo que la medida estrella sin duda es la gratuidad del transporte público de media distancia y la bonificación hasta el 50% del transporte urbano: llega al conjunto de la ciudadanía, pero sobre todo a las clases medias trabajadores, los estudiantes, y va en la línea del transporte sostenible.

P. En el decreto de ayudas de diciembre se prorroga la rebaja de impuestos energéticos. La ministra Hacienda dijo que este es el Gobierno que más ha bajado los impuestos en democracia. ¿No cree que se contradice con su discurso de que España tiene que recaudar más para estar en la media europea y que los que más tienen deben aportar más?

R. Separaría las dos cosas. La bajada del IVA de los alimentos y de los impuestos que afectan a la energía tiene un impacto directo sobre los precios. Va a beneficiar sobre todo a los más vulnerables. Pero en paralelo, gracias a la fuerte actividad económica y la recuperación del empleo, a la lucha contra el fraude fiscal y al afloramiento de la economía sumergida, la recaudación ha aumentado mucho sin necesidad de subir los impuestos, más allá de ajustes que tienen un objetivo de justicia social, como el gravamen extraordinario de los beneficios de las energéticas, de la banca o de las grandes fortunas.

P. La semana pasada conocimos el informe de la EBA que mostraba que España tiene el mayor número de banqueros que cobran más de un millón de euros. ¿Qué opina?

R. Creo que confirma que el sector tiene margen suficiente como para pagar ese gravamen sin repercutir el coste en los clientes. Aquellos sectores que tienen beneficios extraordinarios tienen que contribuir más a asumir el impacto de la guerra y a financiar las medidas que van a beneficiar a los ciudadanos.

P. ¿Cree que los supermercados han aumentado márgenes? ¿Están trasladando la bajada del IVA a precios?

R. La información parcial que vamos teniendo apunta a que sí se está trasladando la bajada del IVA de los alimentos de la cesta de la compra. Creo que el sector tiene una responsabilidad especial en este momento en contener los precios de la alimentación y apoyar a las familias españolas.

P. Si la inflación de los alimentos persiste, ¿se plantean alguna nueva medida sobre el sector? ¿Qué opina de la propuesta de Podemos de intervenir los precios?

R. Nosotros no nos movemos por ideología, buscamos aquellas medidas que sean eficaces para resolver los problemas y sean coherentes con la visión que tenemos para el país a medio plazo. Lo hemos demostrado en la respuesta a la pandemia y lo demostramos en la respuesta a la guerra. Tenemos que ver qué impacto va teniendo la bajada del IVA antes de tomar otras decisiones.

P. Hemos oído palabras gruesas de este Gobierno hacia los empresarios, no solo por las declaraciones de Ione Belarra señalando concretamente a Juan Roig, diciendo que es “un capitalista despiadado”, sino también del presidente, que llegó a decir: “Si Ana Botín e Ignacio Sánchez Galán protestan es que vamos en la buena dirección”. ¿Se siente identificada con esas posiciones?

R. Este es un Gobierno que ha apoyado sin fisuras a la empresa, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y también a la industria y las grandes inversiones internacionales en nuestro país. La imagen reciente más potente para ilustrarlo es la reunión del presidente del Gobierno con los principales empresarios, en Davos, hace una semana. La economía requiere de empresas fuertes que inviertan, que creen empleo, de la misma manera que requiere de una población lo más capacitada posible. Y también requiere de un sistema redistributivo fuerte para que el ascensor social funcione y que haya un crecimiento sostenible desde el punto de vista social. Para eso, necesitamos que todos los agentes económicos, políticos y sociales remen en la misma dirección.

P. ¿Pero comparte la idea de que si Galán y Botín protestan es que van en la buena dirección?

R. Creo que, en general, hay que evitar el ruido y bajar el tono, y que hay que encauzar el debate público en una dirección más constructiva, sobre la base de lo que nos une.

P. España tiene todavía una deuda muy elevada en torno a 115% del PIB, entre las más altas de la UE. ¿No teme que si el BCE sigue endureciendo la política monetaria pueda afectar a España?

R. Afortunadamente nos hemos preparado para la normalización de la política monetaria, porque no es normal que hubiera tipos de interés negativos. Eso nos ha puesto en una posición más fuerte para el escenario que estamos viviendo. De hecho, lo que vemos es que a pesar de que el BCE redujo las compras de deuda pública española, las primeras subastas del año están yendo muy bien, con una fuerte demanda y la prima de riesgo se ha mantenido incluso por debajo de los 100 puntos, en niveles prepandemia.

P. Hay mucha gente que ha percibido un cambio en su perfil público desde el inicio, un poco más técnico, a los últimos meses en que ha mostrado un perfil más político. ¿Ha sido algo natural, o es algo calculado ahora que se acercan las elecciones?

R. Hombre, es que soy vicepresidenta primera del Gobierno y el año pasado tuve un récord de preguntas parlamentarias e interpelaciones, lo que me da más exposición pública. No, no es algo buscado. Con la experiencia de estos años, tengo cada día más claro que el presidente Sánchez es el líder y este es el Gobierno que España necesita.

P. Cuando usted se incorpora al Gobierno desde fuera se tenía la impresión de que era una economista ortodoxa, quizá algo rigorista. Se pensó que era como la voz de Bruselas en el Gobierno. Sin embargo, conforme ha ido pasando la legislatura ha ido modulando ese perfil mostrando una visión más social. ¿Se ha vuelto más paloma? ¿Cuál es la economista en la que se reconoce usted?

R. Creo que el rigor en la gestión de lo público no está en absoluto reñido con la responsabilidad social. Desde el primer día he defendido e impulsado una política económica orientada a lograr la triple sostenibilidad: económica y financiera, social y medioambiental. Mi visión no ha cambiado. Lo que ocurre es que justamente desde 2018 hemos podido desplegar la política económica que nos parecía más adecuada, y que, fíjese, ahora es la nueva ortodoxia. La visión de los organismos internacionales ha ido evolucionando, también gracias al liderazgo de España. El que está fuera de la ortodoxia es el PP, que se ha quedado anclado en una ideología que ya nadie defiende. Sigue proponiendo recetas fallidas, en las que ya nadie confía, ni la UE ni el FMI. Ahora España tiene respeto internacional y lidera los debates en el ámbito energético, de política económica, política fiscal…

P. A pesar de todo, da la sensación de que el Gobierno está siendo incapaz de capitalizarlo políticamente. Dice que el PP no está en la ortodoxia, pero lidera las encuestas. ¿A qué lo atribuye?

R. A las encuestas les dedico muy poca atención, por no decir cero. Confío absolutamente en que los españoles no se dejen despistar por el ruido político-mediático y valoren positivamente lo que hemos hecho en estos años.

P. Mirando a Europa, está previsto que este año se aborde la reforma de las reglas fiscales. ¿Qué posición va a tener España? ¿Cree que Bruselas empezará a exigir ajustes a partir del próximo año como recomendó el FMI?

R. Aunque no se hayan aplicado formalmente las reglas fiscales, los gobiernos hemos actuado con responsabilidad. Estamos cumpliendo nuestros objetivos de bajada del déficit y la deuda pública. Los cumplimos en 2021, en 2022 y los vamos a cumplir en 2023. Esto refuerza la confianza de los inversores hacia nuestra economía. España está teniendo un papel de liderazgo en el debate de las reglas fiscales. Vamos a hacer todo lo posible para que durante la presidencia española se adopte un nuevo marco que permita seguir reduciendo la ratio de deuda sobre el PIB, pero de una manera compatible con el crecimiento y la creación de empleo.

P. Y si no se reforma, ¿prefiere seguir con las reglas sin aplicación o regresar a las antiguas?

R. No podemos volver a una aplicación sin más de las reglas anteriores. Hay que ir avanzando hacia unas reglas fiscales más modernas y adecuadas a lo que Europa necesita para afrontar la inversión masiva para la transición energética, la autonomía e industrialización estratégica.