Bruselas reclama a España que las medidas anticrisis estén focalizadas en los más vulnerables

La Comisión Europea da su aprobado a los últimos presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. En su análisis, el Ejecutivo comunitario concluye que las cuentas públicas de 2023 han logrado la cuadratura de un círculo complejo: que el gasto corriente no suba más de lo que puede crecer la economía española a medio plazo, y eso con las pensiones subiendo un 8,5% el año que viene. La cruz del análisis está en las medidas aprobadas para afrontar la crisis. No son lo suficientemente focalizadas sobre hogares y empresas vulnerables y deben retirarse en cuanto la inflación afloje, según explica el examen publicado este martes.

La evaluación de los terceros presupuestos que presenta el Ejecutivo de Sánchez guardan un gran parecido con los dos anteriores. Reciben el respaldo de Bruselas sin olvidar que España —como otros cinco Estados de la UE— tiene una deuda muy alta, que se acerca al 120%. También las califica de “contractivas”, como ya concluyó con las cuentas de 2022, aunque en este último caso apostilla que el desarrollo posterior del gasto público ha sido “expansivo”.

Ya hace tiempo que Bruselas pone el acento, como también el Banco Central Europeo, en que las medidas anticrisis que adopten los Estados miembros se concentren todo lo posible en quienes más lo necesitan: hogares con bajos ingresos y empresas en apuros provocados por la subida de los precios energéticos. Añaden, además, que este respaldo debe ser temporal, pues piensa el Ejecutivo comunitario que el alto volumen de deuda pública de la UE obliga a ajustar los presupuestos a la más mínima oportunidad. Por eso ha aprovechado la evaluación anual de los presupuestos y las recomendaciones semestrales para poner énfasis en que estas medidas de apoyo deben ser de “calidad”, como ha definido el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

Si en los años precedentes era la pandemia la que marcó los presupuestos de Estados miembro y los análisis de la Comisión, esta vez ha sido la guerra de Rusia en Ucrania y su impacto sobre los precios de la energía, que ha arrastrado a la inflación a niveles desconocidos desde los años setenta del siglo pasado. En primavera, esto llevó a Bruselas a mantener la suspensión de las reglas fiscales. No obstante, sí que se recomendó mucha atención a gasto corriente. “Se le pidió a todos los países que estuvieran preparados para ajustar el gasto a la evolución de la situación”, apunta uno de los documentos publicados este martes.

Esa petición ponía más énfasis sobre los Estados con una situación de riesgo alta por su voluminosa deuda (Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica y Francia). A este sexteto se le reclamó que esa parte recurrente del presupuesto no aumentara más que el crecimiento potencial de su economía. Esto lo habrían cumplido España, Francia y Grecia. No lo habrían hecho Bélgica y Portugal, algo que les ha valido la reprimenda pública de Dombrovskis en la presentación. El nuevo gobierno Italia, por su parte, acaba de presentar su proyecto de presupuestos y lo remitirá a Bruselas en los próximos días.

El examen conjunto de las cuentas de Los Veintisiete lleva a Bruselas a calificar como “neutral” la política fiscal para 2023. Si bien esto podría cambiar conforme avance el año. “El coste de las medidas para aliviar los precios de la energía es del 1,3% en 2022 y del 0,9% en 2023. Estos datos para el próximo año se debe a que pocos países grandes han presentado paquetes de medidas para todo el año, solo Alemania y Holanda. Si todas las medidas existentes se extienden durante 2023, el coste total de las medidas podría llegar al 2% del PIB, mucho más alto que en 2022. Así que existe un claro riesgo de que la política fiscal resulte más expansiva de lo previsto actualmente”, ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

El análisis de las cuentas españolas se detiene en la diferencia en las previsiones de crecimiento para el próximo año que tiene la Comisión (1%) y el Gobierno (2,1%). Esto se debe a que el Ministerio de Economía habría pronosticado “una mayor contribución del consumo privado y la inversión”.

Para el capítulo de recomendaciones, aunque en el marco general de consejos para la zona euro, Bruselas pide a los Gobiernos que respalden una evolución de los sueldos que alivie las pérdidas del poder de adquisitivo en las familias como consecuencia de la inflación, “en particular de los trabajos de bajos ingresos”. Quien más énfasis ha puesto en este capítulo ha sido el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, al destacar la “importancia de proteger los sueldos más bajos y los salarios mínimos”. El luxemburgués, una de las voces más progresistas del Ejecutivo europeo, ha presentado un informe sobre Empleo en el que se defiende “unos ajustes salariales adecuados que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo y reduzcan los riesgos de aumento de la pobreza (incluida la pobreza energética), sin dejar de ser coherentes con el objetivo general de atajar la elevada inflación”. “La negociación colectiva debe desempeñar un papel destacado en la consecución de resultados equilibrados en materia de fijación de salarios en el contexto actual”, añade.