El Gobierno aprueba un cheque de 200 euros para 4,2 millones de hogares y rebaja el IVA a los alimentos básicos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en su última reunión de 2022, al nuevo paquete anticrisis por la guerra de Ucrania. Este contempla iniciativas nuevas, como la prórroga de los alquileres que vayan a expirar o un cheque de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 27.000 euros. El plan tendrá un impacto económico de más de 10.000 millones, según ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se pondrá en marcha mediante un real decreto ley que entrará en vigor el 1 de enero. Entre otras medidas, se prorrogará la rebaja de los impuestos energéticos y se reducirá el IVA para algunos alimentos, quedando exentos del pago de este tributo durante seis meses los “productos de primera necesidad”.

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos no han sido sencillas y se han alargado hasta el último momento. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han tenido que intervenir una vez más para cerrar el acuerdo entre los socios. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se han reunido a primera hora de este martes en el palacio de La Moncloa, antes del Consejo de Ministros, al término del cual ha comparecido Sánchez.

El principal punto de fricción tenía que ver con la vivienda. La propuesta del socio minoritario del Ejecutivo era “la congelación de alquileres”, que en realidad es una prórroga de los contratos que hay en vigor. Finalmente, lo ha conseguido: de una manera similar a la que se hizo en la pandemia, aquellos a quienes se les acabe el contrato entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 tendrán derecho a permanecer en las viviendas durante seis meses más en las mismas condiciones. Esto evita tener que firmar un nuevo contrato en el que el casero puede subir el precio libremente, aunque no evita la actualización anual de renta (si así está pactada entre las partes), que podría elevarse hasta un 2%. Ese es el tope que en su día fijó el Gobierno para todos los arrendamientos vigentes (que normalmente se actualizaban con la inflación) y que ahora se ha prorrogado durante todo 2023, una decisión en la que no ha existido discusión porque había consenso.

La congelación de alquileres era un compromiso que en su día adquirió Díaz tras reunirse con los sindicatos de inquilinos. No obstante, la medida no afecta a quienes, por la circunstancia que sea, firmen un contrato nuevo, cuyo precio se fijará libremente entre las partes, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos. En las medidas sobre vivienda, Unidas Podemos también planteó una congelación de las hipotecas variables, para lo que propuso que estas actualizasen las cuotas con el euríbor de finales de junio (mucho más bajo que el actual). Esta iniciativa, sin embargo, no ha salido adelante, lo que hubiera supuesto una enmienda al pacto que el Gobierno, capitaneado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, alcanzó recientemente con las patronales bancarias para reformar el código de buenas prácticas. El decreto sí contemplará la suspensión de desahucios de familias vulnerables durante seis meses más, una medida que se estrenó en la pandemia y que, con alguna modificación, se ha ido prolongando desde entonces. Esta regulación no impide todos los desalojos, solo los de algunos supuestos tasados.

Ayuda directa

Junto con los alquileres, la otra gran novedad es un nuevo cheque que llegará a millones de familias. El importe de esta ayuda directa, que pretende combatir los estragos de la inflación en los hogares con una situación económica más comprometida, será de 200 euros en un pago directo y único. Se dirige a familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y cuyo patrimonio no supere los 75.000 euros. Sánchez ha estimado que llegará a 4,2 millones de hogares, teniendo en cuenta que la renta media por hogar en España (calculada con alquiler imputado) es algo superior a los 35.000 euros anuales y que hay casi 19 millones de hogares. El dinero se recibirá por transferencia bancaria, cuando las familias con derecho a su cobro faciliten a la Agencia Tributaria un número de cuenta bancaria para ello, según fuentes del Ejecutivo.

Lo aprobado supone, por tanto, un desembolso que ronda los 840 millones y es algo menos ambicioso que las propuestas iniciales de Unidas Podemos, aunque este partido ha mostrado su “satisfacción” con el acuerdo. El secretario de Estado de Derechos Sociales y hombre económico de esa formación, Nacho Álvarez, ya había adelantado en una entrevista a primera hora en RNE que el paquete de medidas traería novedades. “Lo que salga del Consejo de Ministros de hoy no solo será una prórroga de un real decreto ley que ha funcionado muy bien para contener el precio de la inflación. También se van a reforzar algunas de las cuestiones cruciales como la relativa al transporte público, al alquiler o ese cheque que tiene que llegar a millones de hogares en este país”, había defendido.

Una de las medidas que se estrenarán tiene que ver con el IVA de los alimentos. Para paliar la inflación, el Gobierno dejará exentos de ese impuesto (formalmente soportarán un tipo del 0%) “todos los productos de primera necesidad”, ha indicado Sánchez. Esto, ha explicado el Gobierno, se refiere a alimentos que actualmente tienen un IVA superreducido del 4%, tales como panes comunes, harinas panificables, leche, queso o huevos. También las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tienen la condición de productos naturales en el Código Alimentario. Además, la pasta y los aceites, incluyendo el de oliva, verán reducido el IVA del 10% al 5%. Esto se complementará con subvenciones por 300 millones para los agricultores, con la finalidad de compensar la subida de los costes de producción (sobre todo, el incremento de precio de los fertilizantes). El Ejecutivo “vigilará”, ha dicho el presidente, que todas esas ayudas se trasladen correctamente al precio de los alimentos. La idea es que los distribuidores no obtengan mayores márgenes si mantienen el importe de determinados productos que, por influencia de estas medidas, deberían abaratarse.

Fin de la subvención a la gasolina

Con lo que ya no podrán contar los conductores es con la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de carburante. Desde el pasado 1 de abril, todas las personas que repostaban gasolina o gasóleo en una estación de servicio española se encontraban con esta subvención, una solución indiscriminada (lo que la convertía en muy costosa) y que planteaba dudas porque suponía subvencionar algo que contamina. Países como Francia, que había aprobado una iniciativa similar, ya habían anunciado el final de la era de las ayudas masivas al combustible. Ahora España sigue el mismo camino. En esa transformación, sí se mantendrá la bonificación para determinados colectivos profesionales, como los transportistas o los trabajadores del sector primario (agricultura o pesca). Aunque cambiará la manera de recibir la ayuda: ya no será un descuento directo en surtidor, sino una devolución mensual. El Gobierno estima que las ayudas a los agricultores, que recibirán el descuento de 20 céntimos en las devoluciones del impuesto sobre hidrocarburos, tendrán un coste de 240 millones. Las de los pescadores se elevarán a 120 millones.

Por el contrario, las ayudas al transporte público crecen. En su día, el Ministerio de Transportes ya anunció la gratuidad durante todo 2023 de los abonos para viajeros frecuentes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, la única medida que se incluyó ya en los Presupuestos, con una dotación de 660 millones. Se trata de prolongar lo que ha estado vigente desde septiembre, pero añadiendo el transporte en las líneas de autobuses interurbanos que gestiona el Estado. Y este martes se ha conocido también la solución finalmente adoptada para el transporte urbano y metropolitano que gestionan los Ayuntamientos y las comunidades (como el metro, los autobuses municipales, etcétera). Si hasta ahora el Gobierno subvencionaba un 30% de los abonos (que muchas Administraciones complementaban con un 20% adicional, pero no era obligatorio), ahora el Estado mantendrá el mismo porcentaje pero condicionado a que el resto de Administraciones se comprometan a elevarlo como mínimo hasta el 50%.

Se trata de una regulación que, en un año con un intenso calendario electoral (autonómicas y locales en mayo, y generales hacia finales de 2023) lanza el balón al tejado de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora ha mostrado dudas a la hora de prorrogar su tramo de ayudas. La Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (participada mayoritariamente por la Generalitat) ya dijo en su día, sin embargo, que independientemente de lo que hiciera el Ejecutivo mantendría sus subvenciones a los abonos. Pero de una manera u otra, la decisión apela a multitud de localidades. Málaga, por ejemplo, hasta ahora solo complementaba la rebaja de ciertos billetes de transporte hasta el 40%, lo que en adelante haría que perdiera el derecho a la ayuda estatal si no sube su aportación.

Y lo que se mantiene igual son las rebajas a los impuestos energéticos. El IVA de la luz seguirá en el 5% (frente al 10% habitual), se suprime el tributo de generación y se reduce al mínimo el impuesto de electricidad. Con ello se abarata la factura eléctrica por la vía impositiva, un camino que el Gobierno comenzó a explorar ya en 2021, cuando empezaron a dispararse los precios. En conjunto, se estima que estas medidas tienen un impacto en la recaudación de unos 6.500 millones anuales, pero de momento la extensión se ha acordado solo por seis meses, lo mismo que la congelación del precio de la bombona de butano y las ayudas en la factura del gas. La prohibición de corte de suministros a los hogares vulnerables y el bono social para consumidores vulnerables sí se prorrogan durante todo 2023. El Ejecutivo ha preparado también un paquete de 450 millones para industrias de consumo intensivo de gas (pensado básicamente para el sector de la cerámica en la provincia de Castellón), que se complementará con una línea de liquidez de 500 millones en condiciones favorables a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta inyección se suma a los 3.100 millones que contempla el PERTE de descarbonización industrial, con ayudas europeas para que el sector apueste por las renovables y mejore su eficiencia energética.

El Ejecutivo ha acordado igualmente la extensión del aumento del 15% en las pensiones no contributivas y en el ingreso mínimo vital, dos medidas que se esperaban y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año próximo.