El Gobierno plantea prorrogar la rebaja de los impuestos de la luz al menos hasta marzo de 2022

El Gobierno estudia prorrogar la reducción del IVA más allá de fin de año; pero no de forma definitiva, sino de forma trimestral, según reconocen fuentes gubernamentales. Se trata de una de las medidas que el Ministerio de Transición Ecológica estudia para abaratar el recibo de la luz. El planteamiento pasaría por adaptar la bajada de impuestos de forma temporal en función de la evolución de la crisis energética durante los próximos meses y de las necesidades para atajar la espiral alcista del recibo de la luz. De esta forma, la actual reducción del IVA del 21% al 10%, así como la supresión del impuesto sobre generación a las eléctricas podrían ampliarse sucesivamente hasta marzo y junio de 2022, si las tensiones en el mercado mantienen los precios de la energía en las cotas históricas de las últimas semanas, por encima de los 100 euros el megavatio hora desde agosto. Mientras tanto, el PP, para el que la escalada de los precios de la luz se ha convertido en un arma política, registró este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que defiende la rebaja permanente del IVA y la supresión del impuesto de generación.

La decisión es peliaguda. Hacienda recuerda que el recorte supone una merma considerable para las arcas públicas cuando aún hay que financiar las medidas de escudo social para las familias más vulnerables afectadas por la pandemia, los ERTE y otras ayudas a autónomos y empresas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuantificó en 857 millones el coste de la rebaja de los impuestos de la luz aprobado el pasado junio. Por eso, no es partidaria de rebajar aún más el IVA ni de convertir las actuales rebajas temporales en permanentes. Los responsables gubernamentales deben hacer una ardua labor de ajuste, máxime en unas fechas en las que se encuentra en plena vorágine de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Ese argumento es determinante para que la rebaja tributaria no se mantenga de forma permanente, aunque abre la vía para se tomen otras decisiones sobre las cargas que soporta la tarifa, como los costes extrapeninsulares, las primas a las renovables o el déficit de tarifa, que tendrían que recaer sobre los Presupuestos. Todo forma parte del cajón de sastre que evalúa el Gobierno.

La rebaja del IVA fue “temporal y coyuntural”, según anunció la ministra de Hacienda, María José Montero, cuando el Consejo de Ministros aprobó la medida en una reunión extraordinaria el pasado 24 de junio. Se esperaba, entonces, que para fin de año estuvieran en marcha otras medidas estructurales y una revisión fiscal generalizada del sistema. “En esa fecha evaluaremos si es conveniente adoptar alguna cuestión adicional”, manifestó Montero, que en aquellas fechas también era ministra portavoz.

En parecidos términos se expresó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada en el Congreso, al afirmar que el Ejecutivo está estudiando una revisión integral de la fiscalidad energética. Para ello, tendrá en cuenta las conclusiones del informe de la comisión de expertos creada a tal efecto. En principio, el documento debería terminarse en febrero, pero, dadas las exigencias actuales, podría acelerar sus propuestas.

La rebaja del IVA afecta a los consumidores vulnerables que dispongan de bono social, independientemente de la potencia que tengan contratada, y también a los que tengan contratados hasta 10 kW, siempre que el precio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros. Al mismo tiempo se suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (impuesto de generación) para las empresas productoras, que luego lo repercuten en el recibo de la luz. Esta medida, que se adoptó en 2018, con una situación similar, solo estaba prevista para el tercer trimestre, pero se acaba de ampliar hasta final de año. También se aprobó una ayuda adicional a las industrias electrointensivas de 100 millones de euros para que estos grandes consumidores puedan ver “compensado el encarecimiento” de la energía. Según las previsiones del Gobierno, la doble medida iba a suponer una rebaja de nueve euros en la factura mensual.

Ataque del PP

Mientras tanto, el PP mantiene viva la llama para presionar al Gobierno. El presidente de los populares, Pablo Casado, abogó este martes por rebajar los impuestos que recaen sobre la electricidad. Su grupo en el Parlamento, que se abstuvo el pasado junio en la votación del decreto que recogía la bajada temporal del IVA y de la supresión del impuesto de generación aprobado por el Ejecutivo de Sánchez, registró una proposición de ley en la que incluye la rebaja permanente del IVA y la supresión definitiva del impuesto del 7% que grava la producción de electricidad. Además, plantea cargar determinados costes que actualmente soporta la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado. Según sus cálculos, el recibo bajaría un 20%.

La aplicación de la nueva normativa conllevaría, según sus estimaciones, un “ahorro” para los usuarios de 9.000 millones de euros al año e implicaría modificar tres leyes: la de 2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, la de 2013 del Sector Eléctrico (ambas promulgadas por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy) y la de 1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Según la proposición, “dada la urgente necesidad de reducir la factura de la luz, se solicita la entrada en vigor de la Ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque las medidas impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente”.

El PP propone, además, destinar 2.000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de emisión de CO₂ a amortiguar los altos precios del mercado mayorista y traspasar a los Presupuestos la financiación de los costes no energéticos (casi 3.400 millones). Entre estos costes figuran la financiación del déficit eléctrico durante tres años, que se cargan en un 50% en el recibo de la luz, y los sobrecostes extrapeninsulares que supone producir electricidad en las islas, Ceuta y Melilla.

Por otra parte, pide que la modificación de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas plantas renovables, generación y residuos se haga teniendo en cuenta las cantidades reconocidas por el impuesto de producción eléctrica desde el día en el que entre en vigor la modificación de dicho gravamen.