Portugal y España, un mercado eléctrico común con una factura desigual

Portugal y España comparten el Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel), pero sus consumidores no sufren los mismos sustos. Hay varios elementos que explican por qué los lusos no tienen la preocupación de sus vecinos ante el alza continuada de precios energéticos de este verano. Una de las razones radica en el tipo de tarifa predominante entre los consumidores domésticos: el 85,3% de los clientes portugueses paga precios fijos pactados con las comercializadoras en el mercado liberalizado, lo que les ahorra sobresaltos inmediatos en la factura mensual. Unos 5,4 millones de consumidores están en el mercado libre, frente a los 933.000 que continúan en el mercado regulado, según datos reflejados en el boletín de junio de la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), la entidad independiente que regula los sectores del gas natural, la electricidad y los combustibles. En España, por el contrario, todavía hay 10,7 millones de clientes que están en el mercado regulado, el más sensible a las oscilaciones diarias que se deben a los costes de producción energética.

Además, los clientes portugueses con tarifa regulada están protegidos frente a los vaivenes del mercado mayorista gracias al sistema que se utiliza para la formación de la tarifa, que nada tiene que ver con el español. En el caso luso, las tarifas reguladas se fijan anualmente por la ERSE, que puede revisarlas cada trimestre, mientras que las tarifas españolas del mercado regulado (PVPC) están ligadas directamente al comportamiento horario del mercado mayorista. Precisamente, la subida constante de la cotización del gas natural y de los derechos de emisión de dióxido de carbono, las dos evoluciones que han disparado principalmente el coste de la producción eléctrica, motivaron que el regulador portugués hiciese el pasado junio una revisión extraordinaria al alza de su previsión del precio medio de adquisición de energía eléctrica para la tarifa de último recurso prevista para 2021, que estaba en 49,52 euros por megavatio hora. La ERSE incrementó su cálculo hasta los 54,52 euros por megavatio hora ante “el constante aumento de precios de la energía ocurrido en el mercado ibérico de electricidad”, según la directiva del organismo.

La labor de este organismo suscita las críticas del sector privado. Las compañías que operan en el mercado liberalizado consideran que sufren la competencia desleal por las tarifas fijadas por la ERSE. La Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado (Acemel), que reúne a una veintena de empresas que comercializan electricidad y gas natural, ha recurrido a la Autoridade da Concorrência para quejarse de que los precios regulados no pueden ser más competitivos que los costes del mercado libre, según publicó el semanario Expresso.

“Almohadas” para controlar los precios

Dado que la escalada de precios se ha disparado en agosto, es previsible que las tarifas que la ERSE anuncie en octubre para 2022 contemplen nuevas subidas, si bien el ministro de Ambiente y Acción Climática, João Pedro Matos Fernandes, aseguró esta semana que el Gobierno dispone de “muchas almohadas” para “inhibir el aumento de precios” en las facturas de la luz. Aunque no hizo promesas concretas, el ministro señaló que el Gobierno está empeñado en evitar incrementos en 2022.

Algunas “almohadas” ya se aplican desde diciembre de 2020, cuando se aprobó un descenso del IVA del 23% al 13% sobre los primeros 100 kilovatios hora consumidos en un mes en aquellos hogares con menos potencia contratada. En la práctica, benefició a 5,2 millones de contratos (alrededor del 86% de los clientes de baja tensión). En marzo se ampliaron las ventajas para las familias numerosas. El Ministerio de Ambiente y Acción Climática destaca en un correo electrónico que “esta medida fiscal es permanente, al contrario que las medidas adoptadas en España, que son de naturaleza temporal y solo hasta el final de este año”.

La propia composición de la tarifa doméstica, en la que impactan más aspectos como los costes de intereses económicos generales o del uso de redes que el precio de la propia energía, ayuda a minimizar el impacto alcista en el recibo de la luz. Mientras que el coste de la energía representa el 62% de la tarifa eléctrica para el sector industrial, solo supone el 37% en los recibos domésticos, según datos del Ministerio de Ambiente y Acción Climática.

Portugal es el octavo país de la Unión Europea con el precio más caro de la electricidad para el consumo doméstico, mientras que España ocupa el quinto lugar, según datos de Eurostat relativos al segundo semestre de 2020.