El Gobierno pacta con Bildu prorrogar el límite al alquiler durante 2023

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con EH Bildu prorrogar el límite del 2% para la actualización de las rentas del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023, como había adelantado EL PAÍS. La decisión blinda a los inquilinos ante la subida de la inflación al menos durante un año más. Los socios del bloque de investidura también han pactado que las pensiones no contributivas vuelvan a subir el 15% el año que viene, según ha desvelado este martes la portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y han confirmado fuentes del Ejecutivo.

Aizpurua ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso que la limitación de la subida del alquiler al 2% se incorporará al real decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Ucrania que se aprobará a final de año. Dicha norma también incluirá el aumento del 15% de las pensiones no contributivas, que, según la diputada, supone mantener una subida media de 70 euros mensuales para este colectivo. El acuerdo forma parte de las negociaciones entre el Gobierno y EH Bildu para que este grupo parlamentario respalde los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que suman así un nuevo apoyo.

El límite para las actualizaciones de renta de alquiler funciona desde finales del pasado marzo, cuando se aprobó el primer paquete de medidas especiales por la crisis bélica y sus consecuencias económicas. Esta regla estaba vigente hasta el próximo 31 de diciembre, pero uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ya dijo que pediría su prolongación si llegado el momento se mantenían las circunstancias que motivaron la decisión.

Esas circunstancias, básicamente, se resumen en una: la alta inflación. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en España, se permite la posibilidad de actualizar la renta una vez al año. La manera más común de hacerlo es mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto hizo, al crecer los precios con fuerza, que muchos inquilinos se vieran expuestos a subidas equivalentes en sus rentas de alquiler. Para evitarlo, el Ejecutivo vinculó temporalmente esas subidas al Índice de Garantía de Competitividad, un indicador que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y que tiene la peculiaridad de que solo se aplica en un rango de entre el 0% y el 2%. Esto, de facto, significa que desde abril la actualización de rentas de alquiler no puede superar el 2%, aunque con algunas peculiaridades.

El techo del 2% es obligatorio en todos los contratos de arrendamiento suscritos por un gran tenedor de vivienda (simplificadamente, propietarios con más de 10 casas). En el caso de los pequeños arrendadores, se permite negociar una subida superior, pero si el inquilino no está de acuerdo, entonces se aplica el 2%. Además, hay que tener en cuenta que la actualización no es obligatoria: si el propietario no lo pide, o si no se ha establecido un mecanismo de revisión en el contrato, la renta puede ser la misma durante toda la vigencia del alquiler, que legalmente en España tiene una duración mínima de cinco años si el propietario de la vivienda es un particular y de siete años si es una empresa.

Nuevos contratos

Estas reglas son válidas para todos los alquileres vigentes en España, pero no suponen un tope para nuevos contratos, cuya renta se sigue pactando libremente entre arrendador y arrendatario. Para este tipo de situaciones, en el Parlamento se encuentra actualmente en fase de tramitación la futura ley de vivienda, que sí contempla poner máximos a los alquileres en algunos supuestos acotados (dependerá, según el borrador conocido hasta ahora, de la declaración de zonas tensionadas de precios y las medidas variarán en función del tipo de propietario de la vivienda). Esa norma se encuentra bloqueada por discrepancias entre el PSOE y sus socios parlamentarios en varios puntos, pero la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho en reiteradas ocasiones que su intención es aprobarla antes de acabar el año.

La urgencia, al menos para los inquilinos que tienen ya un contrato de alquiler vigente, será ahora un poco menor. El acuerdo desvelado por Bildu asegura que quienes viven de alquiler no se verán expuestos a principios de año a fuertes subidas de rentas, algo que podría pasar de caer la medida. Aunque la variación interanual del IPC se a relajado en los últimos meses, respecto al pico del 10,8% que marcó en julio, sigue siendo elevada. De hecho, el último dato conocido, el de octubre, sitúa la inflación en el 7,3%, un porcentaje similar al 7,6% de febrero, cuando empezó a plantearse la medida, y más del triple del límite del 2%. Las previsiones económicas para 2023 prevén que la inflación se mantenga elevada, pero que vaya relajándose conforme avance el año. Según las últimas previsiones del Banco de España, la inflación se situará en una media del 5,6%.

El sector inmobiliario, en contra

Conocido el apoyo de Bildu, y el visto bueno de los dos partidos del Gobierno, el futuro decreto también deberá contar con el apoyo de otros socios de investidura para salir adelante. Pero la medida en general ha contado con respaldo generalizado de todos los grupos de izquierda y en su día no tuvo grandes problemas para su aprobación. Diferente es su valoración en el sector inmobiliario, donde en términos generales no gusta y se considera “intervencionista”, como este martes ha reiterado el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font. “La inestabilidad jurídica podría generar aún más caída de oferta, un hecho especialmente grave en grandes capitales”, ha añadido. Asval, una asociación de propietarios de vivienda en alquiler que agrupa a particulares y grandes empresas propietarias de miles de pisos, ve “inaceptable que se prorrogue una medida que supone la privación del derecho de propiedad a de más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación”.

Francisco Iñarreta, portavoz de Idealista, coincide en culpar a esta medida de la caída de la oferta. La decisión de prorrogarla supone “una decisión que el mercado ya descontaba, sobre todo al tratarse 2023 de un año electoral, pero no por eso deja de ser una pésima noticia para el alquiler”, agrega en una nota difundida a los medios. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler una compañía privada de intermediación de arrendamientos), cree que estas constricciones presionan los importes de los nuevos contratos al alza: “Muchos propietario suben los precios del alquiler cuando este finaliza, para no perder poder adquisitivo con respecto a una inflación muy elevada”, explica.

En los sindicatos de inquilinos también han criticado la medida, aunque por motivos opuestos. En una valoración conjunta, los sindicatos de Cataluña y Madrid (los dos principales mercados de arrendamiento) han considerado que se trata de “una falsa limitación de los alquileres” que “no limitará ni bajará los precios reales”. Estas organizaciones han reivindicado, como es habitual, que el Gobierno establezca topes más amplios a los alquileres mediante la aprobación de la futura ley. Mientras tanto, consideran, “es urgente que los precios se congelen y los contratos de alquiler puedan prorrogarse obligatoriamente para evitar el desahucio de miles de hogares inquilinos”.