La persistencia de la inflación aboca al Gobierno a prorrogar los topes en las actualizaciones del alquiler

La inflación, elevada y persistente, deja poco margen al Gobierno a la hora de decidir si prolonga los límites a las actualizaciones de las rentas de alquiler que aprobó en marzo y que están vigentes hasta finales de año, según reconocen fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario. Es una medida que reclama insistentemente el movimiento por el derecho a la vivienda. El anuncio oficial sobre la prórroga del tope del alquiler podría hacerse “los próximos días”, según admite una fuente gubernamental. “Nos extrañaría que las medidas cayeran el 31 de diciembre. Sería tirarse piedras contra el propio tejado”, resume gráficamente una fuente que conoce los entresijos de la negociación. No obstante, y en plena negociación de una ley de vivienda que ha originado grandes tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en manos de los socialistas y encargado de dirigir las políticas estatales en materia de vivienda) insiste en que “es pronto” para adoptar la decisión y que “todas las medidas están sobre la mesa”. La otra pata de la coalición, Unidas Podemos, aboga más nítidamente por extender la actual regulación.

“Pediremos la prórroga del 2% mientras se mantengan estas cifras de inflación”, señalan en el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra (Unidas Podemos), a la vez que remarcan que “es urgente aprobar la ley de vivienda”. El 2% es el tope que actualmente pueden subir las rentas dentro de un mismo contrato de alquiler. Cuando se firma un arrendamiento, el inquilino adquiere el derecho a estar en la casa un mínimo de cinco años (siete si el propietario es una empresa) y el arrendador puede a cambio subir el precio una vez al año conforme a lo que haya subido el coste de la vida. Sin embargo, y al dispararse la inflación, el Ejecutivo limitó en marzo esas subidas. Inicialmente, lo hizo por tres meses, pero luego prolongó la norma hasta el 31 de diciembre, al ver que los precios no iban a aflojar. De hecho, el pico máximo del actual episodio de carestía fue en julio, con un crecimiento anual del IPC del 10,8%.

Desde entonces, aunque la inflación se ha relajado, se mantiene muy alta. Pero en Transportes se reservan un anuncio nítido de lo que hará el Gobierno para más adelante. “Si se mantienen las circunstancias que motivaron su adopción ―dijo la ministra Raquel Sánchez en una entrevista reciente con El Confidencial— debemos plantearnos, y nos plantearemos, mantener esa y el resto de medidas que se recogían en ese plan [el de respuesta a la crisis por la guerra de Ucrania]”. Y en su departamento insisten en pedir tiempo: “Creemos que es mejor esperar a ver qué evolución tiene la inflación de aquí a finales de año y de esta manera poder tomar decisiones con más rigor”, señala una portavoz.

El decreto que regula el límite, en realidad, solo hace referencia a la evolución del IPC para justificar la medida: “El Índice de Precios al Consumo ha alcanzado el pasado mes de febrero el 7,6 %, lo que constituye el valor máximo de los últimos 35 años, con lo que ha dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales de tales contratos”, reza el texto aprobado en marzo. Y esa consideración es precisamente la que dificultaría al Ejecutivo argumentar contra la prolongación del tope, ya que sus propias proyecciones de inflación son similares a ese dato de febrero.

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Según los últimos Presupuestos, la media anual de inflación en noviembre será del 8,5%, que es el porcentaje de subida de las pensiones. Para que se dé esa circunstancia, la inflación tendría que rondar el 7,3% tanto en octubre como en noviembre. Y ese es un escenario optimista. La última proyección de Funcas, por ejemplo, señala que tanto en octubre como noviembre y diciembre el IPC crecerá por encima del 8%. Hasta el próximo marzo, no contempla un porcentaje por debajo del 5%.

Varias de las fuentes consultadas creen que el motivo para no hablar abiertamente de una prórroga responde a la política comunicativa del Gobierno, que se guardaría ese anuncio para incluirlo en un nuevo paquete de medidas de ayuda hacia finales de año. Y también a lo que hasta ahora ha sido norma, ya que la mayoría de las prórrogas del escudo social de la pandemia, como las medidas antidesahucios, se han comunicado siempre en los últimos días antes de que expiraran. Pero a la vez se apunta al atasco en la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda. “Lo quieren usar en la negociación”, dice un dirigente de una organización del movimiento provivienda que ha participado en reuniones con el Ejecutivo para hablar sobre la norma.

Los sindicatos de inquilinos plantearon, de hecho, llevar el límite actual (rebajándolo incluso) al articulado de la norma. Esto, sin embargo, parece complicado por lo alejado de las posturas —según fuentes al tanto de las negociaciones, el PSOE planteó tomar como límite la inflación subyacente, que ahora está mucho más alta que ese 2%— y porque el Ejecutivo siempre ha defendido que lo aprobado el pasado marzo es una medida “coyuntural”. En cualquier caso, tanto si se incluyera en la ley como si se alargase por decreto, la protección de los inquilinos ante la inflación se extendería más allá del 31 de diciembre. Y solo un súbito cambio en el comportamiento de los precios, algo que ahora mismo no contemplan ni los servicios de análisis ni las proyecciones del propio Gobierno, parece capaz de cambiar ese escenario.