El Gobierno da luz verde a la ley de vivienda y prorroga las medidas antidesahucios

El anteproyecto de la ley de vivienda echa a andar. Tras meses de tensas negociaciones, el Gobierno anunció el pasado 5 de octubre que había alcanzado un acuerdo para el texto, en el que quedaban aún algunos flecos. Tres semanas después, el borrador de lo que será la futura norma ha llegado al Consejo de Ministros, en el que también se ha aprobado otra medida de calado en materia de vivienda: la prórroga del denominado escudo social por la covid. Este, que se comenzó a desplegar en marzo de 2020 y se ha ido prorrogando con algunas modificaciones desde entonces, regula los procedimientos de desahucios, de cortes de suministros básicos y otras situaciones que afectan a hogares vulnerables. La nueva fecha de expiración será el 28 de febrero, “coincidiendo con el plazo de ampliación que se dio para los ERTE”, según ha especificado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

La prohibición de desahucios de inquilinos en situaciones de vulnerabilidad se alargará cuatro meses más: expiraban el 31 de octubre y ahora lo harán en el último día del próximo febrero. Y las medidas para evitar los desalojos comprenden igualmente situaciones de ocupantes de vivienda en precario (es decir, que no tienen un título para residir en la vivienda) siempre que se acredite esa vulnerabilidad económica y además en el hogar haya personas dependientes o víctimas de violencia de género. La legislación ampara incluso algunos procedimientos penales (delito de usurpación) en pisos de grandes tenedores (las viviendas habituales de las personas están protegidas en todos los casos). En cualquier caso, es el juez quien decide la paralización, ponderando siempre que de la misma no resulte que un particular puede quedar también expuesto a una situación de vulnerabilidad.

02:14

Ribera anuncia el nuevo paquete de medidas del bono social energético

La prórroga de las medidas que se pusieron en marcha por la crisis sanitaria comprende igualmente la prohibición de corte de suministros, tal y como demandaba Unidas Podemos. Básicamente, impide a las compañías de agua, luz y gas cortar esos servicios en casos de impago a consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. Es decir, a los perceptores del bono social. La legislación también comprende situaciones análogas incluso en hogares que no tengan contrato de suministro. Si los servicios sociales acreditan que la familia se encuentra en unas condiciones por las que podría optar al bono social eléctrico, también se les debe garantizar el suministro. En paralelo, el Gobierno ha anunciado también este martes un aumento de las ayudas para pagar la calefacción el próximo invierno.

El escudo social incluye, igualmente, otras medidas sobre vivienda que se aprobaron ya en marzo de 2020, como las moratorias de pago de alquileres y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento. Esta última consiste en que, si se va a acabar el contrato de alquiler, el inquilino tiene derecho a quedarse seis meses más en las mismas condiciones y el casero debe aceptar esa prórroga. En cuanto a las moratorias, el inquilino puede pedir una rebaja de la renta al 50% durante cuatro meses o una suspensión total del pago durante este mismo periodo, pero prorrateando luego el 100% de las cantidades no satisfechas en las mensualidades que resten de contrato. Los grandes tenedores (más de 10 viviendas) deben aceptarlo, eligiendo qué modalidad de alivio de la renta prefieren, mientras que los pequeños caseros pueden negarse (lo que deja al inquilino la posibilidad de acudir a los créditos avalados por el ICO). En todo caso, estas situaciones solo se pueden solicitar una vez, es decir, que a quienes ya se hayan acogido a estas medidas en el pasado no les afecta la nueva prórroga.

Ley de vivienda

La reunión semanal de Gobierno también ha servido para dar el pistoletazo de salida a la futura ley de vivienda. Una norma “muy importante”, ha destacado la portavoz, Isabel Rodríguez, antes de dar la palabra a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien la ha calificado de “histórica”. En la negociación presupuestaria del año pasado se acordó elaborar un borrador a principios de 2021, pero las negociaciones se complicaron por las posturas encontradas entre los dos socios. Finalmente, la ley contemplará incentivos fiscales para abaratar los alquileres (la apuesta del PSOE), pero también topes de renta (la propuesta de Unidas Podemos) en las zonas de mercado tensionadas que se declaren. Sánchez ha destacado que lo que se busca es “combatir las subidas abusivas de precios” y “los abusos que se han producido en el acceso al mercado inmobiliario”.

El procedimiento para declarar las áreas tensionadas supone que lo pidan las comunidades autónomas y, en el caso del índice de precios al que se deberán atener las grandes compañías de alquileres, se añade una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la ley antes de entrar en funcionamiento. Eso retrasa prácticamente hasta una próxima legislatura esa medida. La ministra Sánchez ha asegurado que ese es solo “un plazo máximo”, que ha justificado porque “hay que atender a una realidad, que es el establecimiento de un sistema complejo”.

La norma se abre ahora a un periodo de información pública que será de 15 días, ya que se ha tramitado por la vía de urgencia. El Ejecutivo cree que no será preceptivo solicitar informe del Consejo de Estado (lo están estudiando los servicios jurídicos), así que la norma podría volver en tres o cuatro semanas al Consejo para su segunda lectura. Ese sería el último paso para iniciar la tramitación parlamentaria, para la que Unidas Podemos también prevé solicitar el trámite de urgencia. No obstante, esta se prevé también larga con la presentación de muchas enmiendas: según las previsiones que el Ejecutivo envió en su día a Bruselas, la aprobación definitiva de la ley no se espera al menos hasta el segundo semestre de 2022. El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, preguntado por las críticas de algunas organizaciones sociales a la futura norma, ha dejado abierta este martes la posibilidad de presentar enmiendas al texto. “Tendremos que estudiar con ellos la ley en detalle y ver qué elementos se pueden cambiar”, ha afirmado.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Ministerio de Fomento) ha insistido en que la norma garantiza la seguridad jurídica y ha afirmado que no cree que “suponga un riesgo” para los fondos de inversión y sus operaciones en España. Sánchez ha destacado que la norma “pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar” y ha dado cuenta, asimismo, de la presentación de otro anteproyecto, el de la futura Ley de Arquitectura y calidad del entorno construido, para “reconocer la arquitectura como un bien de interés general”.