LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Gobierno quiere dar microcréditos a los inquilinos y aprobar quitas de deuda de hasta el 50% a los grandes propietarios

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas a los alquileres sobre el que ya hay un acuerdo básico entre las dos partes del Ejecutivo de coalición

Una mujer pasa ante el escaparate de una inmobiliaria, en una imagen de archivo.VÍDEO: ATLAS

El Consejo de Ministros debatirá este martes qué hacer con los alquileres ante la crisis creada por la Covid-19, un asunto que ha levantado ampollas en las últimas semanas en el Gobierno de coalición y sobre el que se ha alcanzado este lunes un principio de consenso. La propuesta que llevará el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que es el que tiene las competencias estatales en materia de vivienda) incluye una paralización de los desahucios durante seis meses, el mismo periodo por el que se prorrogarán automáticamente todos los contratos de alquiler cuyo vencimiento se produzca durante el periodo de estado de alarma, que se declaró el pasado 14 de marzo y tiene una duración provisional hasta el próximo 11 de abril.

En cuanto a la medida de mayor calado, la de aquellos que no pueden afrontar las rentas, la propuesta es otorgar microcréditos a los inquilinos a través del ICO. Se trataría de préstamos avalados por el Estado que los arrendatarios deberían devolver poco a poco en plazos largos. Este era uno de los principales puntos de fricción con Unidas Podemos, cuyos ministros exigían una suspensión de las rentas y no su moratoria. Pero finalmente hay acuerdo en torno a esos microcréditos, aunque con algunas modificaciones sobre el planteamiento que hacían Fomento, Economía y Hacienda.

El consenso que se ha alcanzado implicaría dar un plazo inicial de seis años a los inquilinos para devolver los préstamos, al término de los cuales, si no han sido capaces de pagarlos, se añadirían otros cuatro años. Además, habrá ayudas directas del Estado para saldar esa deuda en el caso de aquellos hogares más vulnerables. El importe máximo de las ayudas será de 900 euros al mes para cubrir el principal del préstamo con los intereses. A estos se añadirán otros 200 euros como máximo para gastos de comunidad, mantenimiento del inmueble o suministros básicos.

La propuesta, además, pasa por diferenciar las situaciones entre pequeños o grandes arrendadores. Cuando el propietario sea uno de estos últimos, se plantean varias opciones: una quita del 50% sobre las cantidades impagadas o que la deuda se reestructure para devolverla en dos o tres años. Esto sin perjuicio de que los arrendatarios cuyos pisos pertenecen a grandes compañías o fondos de inversión también puedan acogerse a la línea de créditos del ICO.

El acuerdo amplía también el concepto de vulnerabilidad con respecto a medidas anteriores como la moratoria hipotecaria. Se podrán acoger a las ayudas al alquiler todas las personas paradas, que formen parte de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con reducciones de jornada o autónomos cuyos ingresos no lleguen a tres veces el IPREM, incrementado por hijos o personas dependientes al cargo.

Fuentes del ala gubernamental de Unidas Podemos han expresado “satisfacción” por el acuerdo al considerar que logra “mayor justicia social” que las primeras propuestas que se plantearon en la negociación. Pese a que no incluye su reivindicación de suspender por completo los pagos de los alquileres, el decreto sí contemplará las ayudas directas de Estado para aquellos que no puedan afrontar el pago de la renta ni a través de los microcréditos. Esas fuentes también se congratulan de que una parte del coste de la crisis recaerá sobre los grandes tenedores de vivienda. Sin embargo, no está claro aún, en los borradores que han trascendido, cómo se aplicará ese concepto que requiere de concreción jurídica. Actualmente la Ley de Arrendamientos Urbanos solo distingue entre situaciones en las que el arrendador es una persona y aquellas en que es una empresa.

De la propuesta de los departamentos encabezados por ministros socialistas se mantiene la idea básica de recurrir a créditos con aval estatal. Fuentes de uno de esos ministerios confirman el principio de acuerdo, aunque señalan que quedan cosas por pulir para plasmarlas en el decreto que salga mañana del Consejo de Ministros. Preguntado este lunes por la tarde durante una comparecencia, el ministro José Luis Ábalos ha remitido a la rueda de prensa del martes para dar mayor concreción a las medidas. “No hablamos de condonación [de las rentas] sino de incentivos y reestructuración de deuda”, ha señalado.

El Ministerio de Transportes calculaba el impacto global de su propuesta inicial en 700 millones de euros, una cifra que podría variar en función de los que se apruebe finalmente. El departamento encabezado por José Luis Ábalos calculó en su día que hay unos 400.000 inquilinos en situación de vulnerabilidad en España, una cifra que los peores pronósticos de la actual emergencia sanitaria multiplican por más de tres.

Las inmobiliarias piden ayudas directas

Desde que el Gobierno se comprometió a aprobar medidas de apoyo sobre los alquileres, el debate se ha trasladado al sector inmobiliario, que ha hecho sus propias propuestas. Este lunes, la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI) ha pedido al Gobierno un “plan de choque” para paliar los efectos negativos de la crisis del coronavirus en el sector. La organización, que representa a 840 agencias y unos 3.800 profesionales en toda España, reclama ayudas directas a inquilinos durante seis meses. En los criterios de concesión se valoraría “su nivel de ingresos y su situación de vulnerabilidad”, señala la federación en un comunicado, y se podrían beneficiar tanto los inquilinos de vivienda como las empresas que arriendan los locales donde desarrollan su actividad.

Además, FAI también propone para los empresarios en dificultades un pago aplazado sin intereses de las cuotas de hipoteca y de los impuestos derivados de su actividad hasta finales de 2020. Otra medida tributaria que sugiere, para no perjudicar el mercado de compraventa de viviendas, es que los impuestos que gravan las transmisiones (el de actos jurídicos documentados y el IVA) se reduzcan al 50% durante este año. En ese caso, la medida se aplicaría solo sobre inmuebles con un valor inferior a los 500.000 euros. La federación asegura que su actividad ha caído alrededor de un 95% a raíz de la declaración del estado de alarma.

“Huelga” de alquileres

También este lunes, los sindicatos de inquilinos han anunciado una acción colectiva, que ellos denominan “huelga”, para que los arrendatarios no paguen los alquileres en abril. Estas organizaciones que defienden una mejor accesibilidad al mercado de arrendamiento alertan de “una cascada de impagos de alquileres masiva que va a desembocar en una nueva crisis de vivienda”. Ante esa situación, exigen al Gobierno “que suspenda el pago de los alquileres” y, al no haber tenido respuesta del Ejecutivo, llaman a una “respuesta colectiva” para que los inquilinos que se ven afectados por la actual crisis no paguen sus alquileres desde el próximo mes.

Fuentes de ese sindicado señalan que no se trata de una huelga con cobertura legal como tal (en España las huelgas solo pueden ser laborales), pero creen que el contexto ayudará a que los tribunales no traten estos casos como meros impagos de alquiler. “Si miles de personas nos negamos a pagar y lo hacemos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras”, señalan en un comunicado. A la vez, han puesto en marcha una web y campaña de recaudación en línea para crear una caja de resistencia en la que, calculan, necesitarían un mínimo de 30.000 euros y una cantidad óptima de 100.000 euros. La mayor parte de ese dinero se destinará según sus planes a la defensa jurídica de los inquilinos que no paguen y sean demandados.

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