“Muchas familias ya no pueden ni pagar el alquiler”

La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus ya está dando sus primeras señales, en forma de despidos temporales y de pérdida de ingresos como consecuencia del confinamiento y la caída de la actividad. Las entidades sociales denuncian que, una vez más, la crisis se llevará por delante primero a los más vulnerables, y se preparan para atender un aumento de las necesidades que tendrá la población con ingresos más precarios. Algunos centros ya están notando un repunte de la demanda de alimentos y recursos básicos, dos semanas después del inicio del confinamiento. Ante este nuevo auge, el tercer sector recuerda que lleva diez años sumido en la infrafinanciación, y pide a las administraciones que se impliquen.

El año 2019 no fue bueno en términos de lucha contra la desigualdad en Cataluña. Tras varios ejercicios sin presupuestos de la Generalitat, y con las herramientas para minimizar la pobreza funcionando a medio gas, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, las entidades detectaron el año pasado un repunte de la vulnerabilidad social. “Nos llamó la atención que entre abril y octubre de 2019 aumentaran un 45% las personas que por primera vez acudían a pedir ayuda. Esto es precisamente lo que pasó justo antes de la crisis de 2008”, explica Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona. “La desigualdad va subiendo y empuja a la gente a vivir en la calle”, añade Ferran Busquets, director de la Fundación Arrels, que en 2019 atendió a un 22% más de personas sin hogar que el año anterior, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Pese a la recuperación económica, la tasa de pobreza en Cataluña no ha descendido, y lleva cinco años instalada en el 20% de la población catalana. Una de las claves para interpretar este dato es que, según Cáritas, un 14% de las personas que tienen un contrato de trabajo tienen unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

En este contexto de desigualdad creciente en unos años de aparente bonanza ha impactado estas últimas dos semanas la crisis del coronavirus. Como consecuencia del aislamiento social para frenar el avance del virus, la actividad ha bajado. Solo en Cataluña, casi 520.000 personas se han visto afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo hasta este domingo. Pero las estadísticas no muestran la pérdida de empleo de contratos temporales o eventuales o la caída de ingresos de personas que, como las empleadas del hogar, mayoritariamente trabajan en economía sumergida. Son estas las que, según las entidades, están pasando por un momento más difícil y serán las primeras damnificadas por la crisis.

En la Fundación Foment de l’Habitatge Social, vinculada a Cáritas, se alquilan 400 pisos a precios protegidos, hasta los 250 euros mensuales. “Ya tenemos el primer indicio de que la gente lo está pasando ahora mismo: nos están llamando muchas familias que no pueden pagar ni este alquiler”, explica el director de Cáritas. El segundo indicio que tiene la fundación es que empieza a recibir consultas de personas que viven en habitaciones realquiladas —el 6,7% de la población de la diocesis de Barcelona, según un estudio de Cáritas— que tienen miedo de que los echen de casa por impago o por problemas de convivencia derivados del confinamiento.

En la fundación Banc dels Aliments también están notando un aumento de la demanda. El confinamiento también ha hecho que baje su actividad, y actualmente solo colaboran con el 70% de las entidades que normalmente reparten los alimentos que llegan al Banc dels Aliments, como Cruz Roja. “Normalmente es anecdótico que nos llamen directamente a nosotros individuos o familias con necesidades, y estos días nos llegan muchas peticiones, que derivamos a las entidades finalistas”, explica Lluís Fatjó-Vilas, director de Banc dels Aliments.

En las últimas semanas, la entidad ha repartido 400.000 kilos de comida, una cifra ligeramente inferior a la habitual pero repartida con un 30% menos de las entidades colaboradoras: “Esto significa que las que siguen abiertas reciben más demanda”, señala el director. La fundación ha comprado más alimentos que normalmente para abastecerse de cara a las próximas semanas, y también ha recibido más donaciones de las habituales. “El año pasado ya subió un poco la demanda de alimentos, la pobreza se está cronificando, y los colectivos vulnerables aún tambalearán más con esta crisis. Haremos lo que podremos, pero tiene que ser un esfuerzo colectivo”, señala.

En el ámbito de la atención a las personas sin hogar, las entidades viven en una paradoja: “Se han abierto muchos espacios de acogida, y esto está muy bien, aunque las condiciones del confinamiento no son las mejores. La paradoja es que estos meses la gente que duerme en la calle bajará en picado, pero cuando acabe volverán a ser las mismas o más”, explica el director de Arrels. Busquets cree que una nueva crisis económica puede llevar más gente a quedarse sin hogar, aunque recuerda que “como es la última opción, las consecuencias finales de esta crisis se verán al ralentí”

A este repunte de la demanda las entidades sociales llegan muy debilitadas. Las tarifas de contratación pública llevan congeladas diez años. “El sector está infrafinanciado y la situación ya era extrema, imagina ahora. Hemos pedido al Govern que nos ayude: necesitamos la máxima liquidez y que todas las facturas se cobren, también las que están pendientes”, señala Joan Segarra, presidente de la Confederación del Tercer Sector. Segarra denuncia que el sector social ha sido siempre el menos agraciado en los presupuestos, y pide que el proyecto de cuentas públicas de la Generalitat para 2020 se revise. “Pedimos un plan de choque específico, porque si algo nos está enseñando esta crisis es que los pilares básicos del Estado del Bienestar se tienen que proteger”, añade.