LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Colau pide una moratoria en los alquileres de pisos y locales

Los sindicatos de inquilinos convocan una ‘huelga’ de alquileres desde el 1 de abril

Vecinos de L'Hospitalet salen a sus balcones como cada día a animar y homenajear a los sanitarios.
Vecinos de L'Hospitalet salen a sus balcones como cada día a animar y homenajear a los sanitarios.Toni Albir / EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado este lunes una misiva a las entidades de propietarios pidiendo una moratoria en los alquileres de pisos y locales comerciales de la ciudad. Colau hace este movimiento el mismo día que los sindicatos de inquilinos de Cataluña y de Madrid han convocado, a partir del 1 de abril, una huelga de alquileres de las familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus. Además, la primera edil ha vuelto a pedir, esta tarde, al Gobierno de Pedro Sánchez una “medida estructural” para regular los alquileres.

Colau ha enviado una carta a los presidentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana. En ella informa que las administraciones están llevando a cabo un conjunto de actuaciones para “proteger a la ciudadanía más vulnerable y, a la vez, evitar la propagación de la Covid-19”. La alcaldesa firma la misiva junto a los secretarios generales de UGT Catalunya, Camil Ros; CCOO Cataluña, Javier Pacheco, y el presidente de Barcelona Comerç, Salva Vendrell. Los firmantes aseguran que el confinamiento ha puesto en evidencia que “garantizar el derecho a la vivienda digna de los vecinos y vecinas de la ciudad es clave para parar la enfermedad y evitar el colapso del sistema sanitario”. La alcaldesa también advierte que el pequeño y mediano comercio junto con los autónomos han sufrido durante el estado de alarma una reducción de los ingresos y “el pago del alquiler de los locales comerciales es el gasto fijo más importante al que se enfrentan”. En la carta el Consistorio se pone de ejemplo: “En el Ayuntamiento hemos aprobado la supresión del alquiler de más de 8.000 viviendas municipales y de casi 400 locales comerciales de propiedad municipal”. El gobierno municipal ha suspendido el pago de las mensualidades durante tres meses y posteriormente esa deuda se prorrateará en cuotas durante los próximos 18 meses.

Los firmantes piden a las entidades de propietarios que hagan un llamamiento a sus clientes para que se adapten los alquileres “ya sea rebajando los precios, facilitando carencias, suspensiones o condonaciones”. La alcaldesa cree que la crisis debería facilitar la suspensión inmediata de todos los alquileres propiedad de socimis y grandes empresas “que pueden hacer frente al impago a través de una reducción de beneficios previstos”.

‘Huelga’ de alquileres

Por su parte, los sindicatos de inquilinos de Cataluña y de Madrid han convocado a partir del 1 de abril una huelga de alquileres de las familias, pequeños comerciantes y autónomos. El inicio de la huelga será el próximo miércoles, 1 de abril, fecha en la que empezará “una cascada de impagos de alquileres”, y no se desconvocará hasta que el Gobierno suspenda el pago de los arrendamientos de los afectados: “Hay millón y medio de personas” que han sufrido un ERTE, ha subrayado. Los costes económicos de esta suspensión, ha añadido, no deben recaer en el Estado ni en los pequeños arrendadores sino en “inmobiliarias, fondos y entidades financieras”.

En el caso de los pequeños propietarios que dependan de la renta de su inquilina para llegar a fin de mes, que son “la minoría”, el Estado debe habilitar ayudas como una renta básica. Estos sindicatos han lanzado una Caja de Resistencia para dotar a las personas que se sumen a la huelga de una mayor cobertura colectiva, a través de una campaña de micromecenazgo en el portal de Goteo.org, y han habilitado la web https://suspensionalquileres.org para sumarse a la iniciativa.

El pasado día 26, la ministra de Igualdad, Irene Montero, abogó porque el Gobierno permitiera suspender el pago del alquiler de pisos y locales comerciales a los afectados por la crisis del coronavirus, con medidas compensatorias para los arrendadores que también hayan perdido su empleo o hayan reducido sus ingresos. Montero reconoció la falta de consenso dentro del Ejecutivo en torno a este asunto.

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