Uno de cada cuatro hipotecados podrán extender el pago del préstamo hasta siete años

En las grandes negociaciones, cuentan los muy duchos en la materia, el diablo está en los detalles. Justo ha sido en esos últimos flecos técnicos donde las conversaciones entre el Gobierno y el sector financiero se estancaron, especialmente en lo relativo a las provisiones. Pese a ello, el Ejecutivo no ha querido esperar más y este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la actualización del Código de Buenas Prácticas y a la creación de un nuevo protocolo que estará vigente durante dos años para proteger de la escalada del euríbor a los clientes financieros vulnerables y los que están en riesgo de serlo. En total, se podrán beneficiar algo más de un millón de deudores hipotecarios a tipo variable. Esto es, uno de cada cuatro clientes con uno de estos préstamos se podrán beneficiar de medidas como la extensión del pago del préstamo en hasta siete años para ajustar su cuota mensual.

Dentro del código, en vigor desde 2012, se han añadido nuevas medidas que beneficiarán a las unidades familiares que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas), que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como la tasa de esfuerzo. Estos hogares podrán optar a un periodo de carencia de cinco años del capital con un tipo de interés reducido (euríbor menos 0,10%). Además, el capital aplazado podrá pasarse a una cuota final, prorratearse en las cuotas resultantes o combinar ambas, entre otras opciones.

Estas modificaciones, al incluirse dentro del Código de Buenas Prácticas, serán permanentes y los bancos adheridos tendrán 15 días para decidir si continúan o se salen. Se mantienen, asimismo, otras ayudas que ya estaban, como la posibilidad de conseguir una quita o entregar la vivienda a cambio de que la deuda quede cancelada. Además, habrá una excepción para los que no cumplan solo con la tasa de esfuerzo superior al 50%: se les habilitará una carencia de dos años, un tipo más favorable durante ese plazo y el alargamiento en hasta siete años en sus préstamos para ajustar la cuota.

Mecanismo alternativo

Por otro lado, se ha habilitado un mecanismo alternativo, que estará en vigor durante dos años —el sector financiero tiene un mes para decidir si se adhiere—. Por el momento no hay confirmación oficial a falta de ver el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado, aunque fuentes del sector adelantan que la mayoría de bancos estarán dentro.

A este nuevo código se podrán acoger las familias con rentas de hasta 29.400 euros, la tasa de esfuerzo deberá superar el 30% y esta, a su vez, deberá haber aumentado al menos un 20%. El catálogo de medidas incluye la congelación de la cuota durante 12 meses, alargar también hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un tipo de interés menor sobre el principal aplazado (generará intereses, pero menos de lo que sería habitual en el mercado). Además, con carácter universal, el Gobierno ha incluido la eliminación de la comisión por amortización anticipada y por cambiar la hipoteca de variable a fijo durante 2023.

Repunte de las provisiones

Los números de beneficiarios potenciales son enormes y eso ha provocado la ralentización de la negociación en las últimas semanas. En España hay unos cinco millones de hipotecas. De estas, 3,7 millones son a tipo variable (estos préstamos se actualizan en función del euríbor, habitualmente una vez al año), donde los clientes sufrirán el golpe del aumento del euríbor en sus costes financieros. Según fuentes del Ministerio para Asuntos Económicos, hay algo más de un millón de familias que ganan menos del umbral fijado, por lo que si cumplen los otros requisitos se podrían beneficiar de este abanico de ayudas. Estos hogares se dividen en unos 300.000 beneficiarios potenciales del Código de Buenas Prácticas actualizado y otros 700.000 del nuevo protocolo, según las mismas fuentes. Ante este panorama, el sector financiero llevaba semanas arrastrando los pies por el temor de un repunte desmedido de las provisiones por posibles impagos.

De hecho, el acuerdo anunciado el lunes por la noche estaba a falta del visto bueno de las patronales bancarias, que el martes seguían estudiando los detalles del texto definitivo, así como las entidades de forma individual. La gran duda en el sector es qué pasa con las provisiones, que depende de la normativa europea. Pero para sortear ese escollo, Economía se había reservado un as en la manga: para la excepción añadida en el Código de Buenas Prácticas y para el nuevo mecanismo se ha incluido que la parte del préstamo no amortizado por las medidas no devengará intereses a un tipo tal que suponga una reducción del 0,5% del valor actual neto del préstamo. Es decir, por debajo del 1%, límite a partir del que la reclasificación de los créditos como dudosos sería automática. De esta forma, defienden fuentes ministeriales, las dotaciones por posibles impagos no crecerán tanto como la banca se temía.

Otro de los puntos más controvertidos ha sido la negociación sobre el límite de los ingresos máximos. El sector financiero defendía que en todo caso no subiese de tres veces el IPREM (25.200 euros), pero el Gobierno se había propuesto llegar a las rentas medias. Para conseguirlo se ha incrementado el tope hasta los 29.400 euros, para acercarse a esa franja de población. Sin embargo, las críticas por ello arrecian, incluso desde dentro del propio Ejecutivo, en este caso por considerarlo insuficiente. En realidad, esta red llegará en la práctica a familias en las que trabajen los dos adultos y cobren solo el salario mínimo interprofesional (28.000 euros: 1.000 euros al mes cada uno en 14 pagas). “El acuerdo es sustancialmente mejorable”, aseguró el martes la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

Autoridad de defensa del cliente financiero

El Consejo de Ministros aprobó asimismo este martes la remisión a las Cortes del proyecto de ley para la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, tras pasar el proceso de consulta pública. Este organismo integrará los actuales servicios de reclamaciones de los supervisores —Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones—. El nuevo órgano pretende agilizar las quejas de los usuarios y estará financiado por la banca (las entidades tendrán que pagar 250 euros por cada reclamación admitida). Además, las decisiones serán vinculantes cuando el importe sea inferior a 20.000 euros. La autoridad podrá resolver casos de la banca tradicional, sobre usuarios de criptoactivos y servicios fintech.

Por otro lado, el Gobierno acordó en esta especie de supermartes prorrogar el límite del 2% para la actualización de las rentas del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023. Una decisión que blinda a los inquilinos ante la subida de la inflación al menos durante un año más. Y el Consejo de Ministros dio luz verde a la extensión de la línea de avales del ICO por la guerra de Ucrania hasta finales del año que viene. Una línea con 10.000 millones de euros destinados a garantizar la financiación concedida a autónomos y empresas españolas afectados por los efectos económicos de la guerra.

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