El Gobierno y la banca negocian ampliar el plazo de las hipotecas sin subir los intereses

La negociación entre el Gobierno y los bancos para ayudar a los hipotecados vulnerables se ha alargado más de lo previsto. Desde septiembre hay conversaciones, aunque todavía no han dado sus frutos en forma de un paquete amplio de medidas para auxiliar a los clientes en apuros. Entre los escollos está la definición del grupo de beneficiados, que el Ejecutivo quiere ampliar no solo a los que ya tienen problemas, sino que abarque también a aquellos que estén en riesgo de caer en esa situación por las fuertes subidas del euríbor. Para este colectivo se negocian medidas concretas que alivien su carga financiera, por ejemplo, la ampliación del plazo de las hipotecas sin que esto suponga un aumento del pago de intereses.

Con esta ayuda, defienden fuentes de la Administración, la banca no perdonaría ni condonaría parte de la deuda. En la práctica, lo que se hace es pagar un mismo importe en más tiempo, por lo que se diluye la cuota. En los préstamos, a más tiempo de devolución hay un mayor coste en intereses. En esta ocasión, sin embargo, esta máxima no se produciría: no crecerían al tratarse de una medida excepcional. “Pensamos que hay que ir más allá, aplanar la curva de los tipos de interés, que pueda haber una cuota que sea más asumible por parte de las familias sin que haya un aumento de los costes financieros por ese alargamiento de plazos”, explicó la vicepresidenta Nadia Calviño el pasado jueves en RNE.

Eso sí, no se trataría de la única medida que saldría adelante. El Ejecutivo considera indispensable que haya un abanico amplio que sirva de colchón para un número elevado de hogares. Por todo ello, la negociación está siendo muy compleja. El sector financiero trata de que el número de beneficiados no sea excesivo y eso pueda provocar un aumento desmedido de las provisiones. Estas dotaciones están siendo otro de los caballos de batalla: refinanciar los créditos hipotecarios obliga a los bancos a reclasificarlos, al menos, bajo vigilancia especial. Y en ese punto, además, el Gobierno tiene poca potestad, ya que depende de la normativa internacional.

De estas trabas deriva otro de los problemas que se trata de atajar: delimitar el umbral que fije qué clientes se pueden acoger y cuáles no. “Acuerde lo que se acuerde, tiene que aplicarse a un perímetro reducido, a los más vulnerables”, aseguró Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en la presentación de resultados del tercer trimestre de la entidad. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que esta ayuda debe de llegar a un número mayor que el que recoge el Código de Buenas Prácticas, aunque sea de forma transitoria. “Una cosa será lo que se actualice en el código y otra lo que vaya fuera para dar un alivio financiero a deudores no vulnerables, pero en riesgo de serlo”, inciden fuentes gubernamentales. Esto genera cierta incertidumbre en el sector, ya que consideran que no se puede hacer un protocolo al que se pueda acoger la mayoría de clientes. “En algún momento hay que cortar. La duda es: ¿dónde pones el límite?”, cuestionan desde la banca.

Requisitos mínimos para las familias vulnerables

Pese a estas diferencias, las posturas están cada vez más cercanas. Tanto, que se espera que haya acuerdo antes de que el mes acabe. “Se está avanzando y esperamos que el acuerdo llegue lo antes posible”, aseguran fuentes financieras, aunque con matices: “Todavía quedan cosas por cerrar”. En el Gobierno también son optimistas en este sentido, y consideran que las próximas dos semanas serán claves para alcanzar un acuerdo que esperan que sea lo más amplio posible. Esto es, que no se limite a los más vulnerables, como avanzó Calviño. “Estamos teniendo reuniones prácticamente a diario, hay un diálogo muy intenso porque estamos decididos a que haya un alivio por parte del sector financiero para dos tipos de familias: las más vulnerables y las de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad”, afirmó.

Para quienes tienen menos recursos, hace tiempo que está en vigor el Código de Buenas Prácticas. En concreto, desde 2012. Ambas partes coinciden en que esta herramienta, que fija distintos requisitos para determinar quienes son los consumidores vulnerables, ha funcionado bien. Y todavía puede ser muy válido. Pero en el momento actual se necesitan revisar algunos puntos. De hecho, el único criterio que parece que no se tocará será el que define los ingresos máximos: el código marca tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) de 14 pagas —24.318,84 euros, aunque a partir de enero serán 25.200 euros anuales—. Aunque sí está por ver qué baremo se utiliza en cuanto a la renta de los que no sean vulnerables y puedan acogerse a alguna medida. Es decir, si entre los requisitos que tengan que cumplir está que se gane menos de esa cantidad o no.

También existen otras condiciones a cumplir para ser considerados clientes vulnerables, según el código: que el hogar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos. Estas dos métricas sí están en cuestión, puesto que el sector ha planteado modificar o incluso eliminar el requisito de que se haya producido una disminución de los ingresos de la unidad familiar. De ahí que se trabaje en que se puedan acoger los clientes que sufran una subida de sus costes financieros de al menos un 30%. Es decir, no se tendría en cuenta si ha tenido un deterioro de sus ingresos o no, sino el alza de gastos debido a la inflación y la subida del euríbor.

En cuanto a la tasa de esfuerzo, el debate se centra en cuánto rebajar el porcentaje que se dedica a la cuota hipotecaria para poder acceder a una protección especial. En el Código de Buenas Prácticas, por el momento, se fija el 50% con carácter general, aunque esta cifra se prevé reducir al 40%. “El concepto es aliviar la situación de las familias, y no solo de las más vulnerables, sino de aquellas que pueden verse en un riesgo de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés”, ha insistido en diversas entrevistas públicas la vicepresidenta Calviño.