Consumo presiona a Almeida para que tome medidas urgentes contra los pisos turísticos

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha presionado este lunes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para que “actúe ya” contra los más de 15.200 pisos turísticos ilegales que operan en la ciudad, según un informe que remitió hace dos semanas el propio Ministerio. Pese a que el estudio detalla la ubicación de cada uno de ellos, no ha pasado nada. “No tenemos constancia de novedades al respecto”, ha lamentado el ministro, que tacha de “inacción” frente al problema la actitud del alcalde. Entre las actuaciones que exige el ministro está la de retirar los anuncios de pisos que operen sin licencia de las plataformas en las que se ofertan, poner en marcha el cese de su actividad e iniciar procedimientos sancionadores contra sus propietarios. Para ello, Bastinduy ha ofrecido a Almeida “todos los recursos de Consumo” que necesite. El alcalde ha señalado que la intención del Gobierno no es ayudar, sino “poner el foco en Madrid” para perjudicarle, aunque no ha concretado si va a aceptar o no la ayuda.

Las declaraciones del ministro llegan después de una reunión con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (CEAV). El objetivo era abordar el problema de los pisos turísticos ilegales en la capital y valorar el posible impacto de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que se aprobará definitivamente dentro de solo tres días. Cuando eso ocurra, serán los vecinos de cada bloque los que decidirán si permiten o no que haya apartamentos turísticos en su edificio. Tendrán que ser aprobados por el 60% de los residentes de cada comunidad de propietarios.

El problema de este tipo de alojamientos en Madrid va más allá de que sean o no legales. Durante todo 2024, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido 405 órdenes de cese a pisos turísticos que operaban sin licencia en la ciudad y se ha regularizado la situación de 251 de ellos. Sin embargo, solo desde abril ―que fue cuando se puso en marcha el plan de acción municipal para controlar los apartamentos vacacionales― hay más de 1.800 nuevos pisos de este tipo que operan sin permiso. Son los datos que da la portavoz del Grupo Socialista de Madrid, Reyes Maroto, que ha tachado de “chapuza” la gestión que está haciendo Almeida sobre este problema.

Los datos contrastan bastantes con los de otras ciudades con el mismo problema, como Barcelona. Mientras allí se han realizado de media 5.000 inspecciones al año, el Ayuntamiento de Madrid realizó algo más de 3.700 el año pasado. Mientras en Barcelona se han emitido 807 órdenes de cese, en Madrid han sido 405 en 2024.

En este momento, el Ayuntamiento de Madrid tiene 75 inspectores repartidos entre los que trabajan para localizar este tipo de viviendas y los que se dedican a sancionarlas. El año pasado, pusieron 89 multas coercitivas ―de 1.000 a 3.000 euros― y 92 por “implantación de uso turísticos sin la preceptiva licencia” ―la mayoría de ellas de entre 30.001 y 60.001 euros.

El informe que ha remitido el Ministerio puede agilizar la tarea, al menos, de localizar a los infractores. Según reconoció el propio alcalde, su administración solo había localizado el 40% de las viviendas vacacionales ilegales de las que les informó el Gobierno de España a través de su estudio en el momento en el que lo recibieron.

De manera paralela, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, anunció la semana pasada que va a presentar una denuncia en la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de Actividades por su posible “consentimiento deliberado” contra los pisos turísticos ilegales de Madrid. “Esos pisos turísticos están perfectamente señalados”, dijo la portavoz de la oposición en referencia al informe del Ministerio.

El equipo de gobierno municipal centra su estrategia en la aprobación de una nueva normativa que endurecerá los criterios a la hora de conceder licencias para apartamentos vacacionales en algunas zonas del centro de la ciudad. Es el llamado Plan RESIDE, que según la vicealcaldesa, Inma Sanz, será aprobado antes de verano. Entre las medidas que se van a adoptar está la de no otorgar licencias a los apartamentos vacacionales que estén dispersos por comunidades de vecinos del centro de la ciudad. De esa manera, se tendrán que reservar bloques enteros exclusivamente para ese fin. También estarán prohibidos aquellos ubicados en la planta baja de un edificio de las zonas sobre las que actúa el plan, esos que un día fueron una frutería o una pescadería y que se han convertido en locales de paso para turistas.

Desde Más Madrid temen que la nueva normativa venga de la mano de una “amnistía” a todos las viviendas vacacionales que operan sin licencia hasta la fecha de aprobación. Para sostener su teoría, el partido de Maestre se remite a un informe que encargó el equipo de gobierno de Madrid a la Universidad Rey Juan Carlos que resalta los aspectos positivos de este tipo de alojamientos, como el “confort” o la “amabilidad” de los propietarios, y que ha permanecido oculto durante más de un año hasta hace solo unas semanas. Almeida niega que vaya a perdonar la licencia a las 15.000 viviendas ilegales de la ciudad. “¿Cómo vamos a amnistiar 15.000 viviendas si vamos a prohibirlas?”, ha recordado.