La apretada agenda económica del Gobierno para acabar el año: del salario mínimo a los nuevos impuestos

El parón de la actividad por la pandemia, los desequilibrios en la recuperación, la guerra de Ucrania con la subsiguiente crisis energética… La legislatura no ha dado tregua en lo económico, forzando al Gobierno a aprobar numerosas medidas para tratar de aliviar la situación de familias y empresas. Con la inflación todavía por encima del 7% y un convulso contexto internacional, la recta final del mandato coincide además con la cuenta atrás para algunas promesas realizadas por el Ejecutivo de coalición. A todo ello se une, además, el calendario comprometido con Bruselas para la recepción de fondos de recuperación. España siempre se ha presentado como un alumno avanzado en esa materia: fue la economía europea más golpeada por la covid y luego se esforzó en dar la imagen de país diligente, siendo el primer socio en recibir las ayudas europeas. Así que todo ello converge en dos meses decisivos para afrontar el último año de legislatura: desde la aprobación de los Presupuestos, cuya negociación sigue activa, hasta la subida del salario mínimo interprofesional o el acuerdo con la banca para aliviar el encarecimiento de las hipotecas. Esta es la frenética agenda económica del Gobierno en la recta final de 2022:

Nuevos impuestos

El Ejecutivo ha anunciado la creación de gravámenes extraordinarios a energéticas, bancos y grandes fortunas, que prevé tener listos al inicio del nuevo curso para financiar las medidas anticrisis. Los bancos más grandes deberán pagar el 4,8% de su margen de intereses y comisiones. También estarán sujetas al gravamen las entidades que operan en el país y se encuentran bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo, incluidas las extranjeras. Eléctricas, petroleras y gasistas con una facturación superior a los 1.000 millones abonarán el 1,2% del importe neto de su cifra de negocios. El Ejecutivo argumenta que estos sectores se están beneficiando del alza de los tipos de interés y del repunte de los precios de la energía, respectivamente. Estas dos figuras estarán en vigor durante dos ejercicios (2023 y 2024) y se están tramitando a través de una proposición de ley para agilizar los plazos. Hacienda estima ingresar unos 7.000 millones en total por ellas.

El Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas se aprobará con una enmienda, que se ha registrado este mismo jueves, a la norma que crea los gravámenes a banca y energéticas. Se exigirá a partir de los tres millones de euros de patrimonio, con tipos crecientes que van desde el 1,7% hasta el 3,5% para riquezas de más de 10 millones. También estará en vigor en 2023 y 2024, aunque el Gobierno no descarta convertirlo en permanente. Según Hacienda, afectará a 23.000 contribuyentes y recaudará hasta 1.500 millones al año. El impuesto sobre el patrimonio que cobran las comunidades se podrá deducir, por lo que el grueso de la recaudación llegará de los territorios que aplican bonificaciones a este tributo, como Madrid. A través de una enmienda a la misma ley también se limitará temporalmente, al 50%, la posibilidad de compensar pérdidas en el impuesto de sociedades para los grupos consolidados. Los demás cambios fiscales anunciados por el Gobierno —rebaja del IRPF para trabajadores de bajos ingresos o reducción del IVA para productos de higiene femenina, entre otros— van incorporados a los Presupuestos de 2023 que están ahora en tramitación parlamentaria.

Salario mínimo

El salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir en 2023, y deberá alcanzar el 60% del sueldo medio en España. Ese es el compromiso que adquirió el Gobierno tras suscribir la Carta Social Europea, y que derivará, previsiblemente, en la subida más elevada de la legislatura. El comité de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo —formado por académicos, miembros del Gobierno y un par de representantes sindicales— deberá trasladar su propuesta antes de que acabe el mes. Los sindicatos han presionado para que el aumento eleve los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas que fija el SMI actual hasta los 1.100. Consideran que una subida inferior impediría que los trabajadores que cobran el salario base, aproximadamente 3,2 millones de personas, mantuvieran su capacidad adquisitiva. El hecho de que las pensiones vayan a revalorizarse un 8,5% en enero, de acuerdo con la evolución del IPC, supone un estímulo mayor para que el alza sea, como mínimo, equiparable. Esto supondría un aumento de 85 euros. A pesar de que la potestad para determinar cualquier modificación del salario mínimo recae exclusivamente en el Gobierno, la voluntad del Ejecutivo pasa por convocar a los agentes sociales y trasladarles sus intenciones. La patronal CEOE, que ya no apoyó las últimas subidas, ha mostrado su rechazo por entender que compromete la viabilidad de las empresas en un contexto de incertidumbre como el actual, por lo que la nueva alza, de resultar pactada, sería de forma bilateral con los sindicatos.

Reforma de las pensiones

La primera parte de la reforma de las pensiones fue aprobada en las Cortes Generales en diciembre de 2021, y en 2023 deberá estar lista la segunda, que está incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas. Los apartados que están todavía por resolver tienen que ver con el aumento del periodo de cálculo para la pensión, así como el destope de las prestaciones máximas. Aunque el Ministerio de Seguridad Social trabaja en fórmulas que permitan afrontar con garantías la jubilación de los babyboomers (la generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX), que tensionarán la sostenibilidad del sistema por su volumen, los agentes sociales niegan que estas se hayan planteado en la mesa de diálogo social. El ministro José Luis Escrivá ha anunciado algunas de las líneas argumentales que guían las distintas posibilidades que se contemplan en su gabinete: desde la posibilidad de que, aunque crezca el número de años, se puedan desechar algunos de los peores para que el cómputo final de la pensión no se vea perjudicado; hasta una reforma de las lagunas de cotización que permitan que las prestaciones bajen menos en aquellos que no cuentan con los años suficientes. Esta segunda vía responde al reconocimiento de que existen cada vez más carreras laborales con una evolución menos lineal.

Hipotecas

Otra tarea pendiente del Gobierno es aliviar el bolsillo de los hipotecados en apuros por la rápida subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El acuerdo con la banca se ha retrasado más de lo previsto y aún no se vislumbra la fumata blanca. La morosidad no aprieta por el momento (sigue por debajo del 4%, en niveles históricamente bajos), pero el Ejecutivo quiere preparar un plan de forma preventiva que sirva de colchón para los hogares vulnerables por el incremento de los costes. Ambas partes coinciden en que el pacto es necesario, pero falta por encontrar un punto en común sobre tres grandes diferencias. Por un lado, el número de afectados que se podrían beneficiar de las ayudas: se quiere modificar el concepto de cliente vulnerable, aunque hay posturas encontradas sobre cuánto debe abarcar. También se negocia la amplitud del plan: el sector financiero defiende que sean medidas muy concretas y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insiste en que debe ser un paquete más amplio. Y, por último, en la duración de lo pactado: la banca repite que debe ser algo transitorio, solo para el momento de crisis actual, pero el Ejecutivo pretende que las modificaciones se plasmen en el Código de Buenas Prácticas. Es decir, que se alargue su aplicación y se convierta en algo permanente.

Vivienda

En el calendario de reformas prometido a Bruselas a cambio de la recepción de los fondos de recuperación, la aprobación de una ley estatal de vivienda figuraba como hito para el tercer trimestre de este año. Pero acabó septiembre y la tramitación del proyecto de ley no logró desatascarse en el Congreso. Desde entonces, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana repite que la idea es tener el texto listo antes de que acabe el año. No será fácil: la ley de vivienda ha provocado roces en el Gobierno de coalición durante toda la legislatura. No obstante, fuentes al tanto de las negociaciones indican que el asunto “se puede desatascar muy rápido” a partir del momento en que PSOE, Podemos y ERC acerquen posturas sobre los tres puntos que centran las discusiones. Estos son los mismos que a la vuelta de verano: hasta dónde llegarán los topes a los alquileres que establece la futura norma, qué hacer con el parque de viviendas de la Sareb (el banco malo) y cómo regular los desahucios de familias vulnerables.

Desde la pandemia, los desalojos de viviendas se encuentran sujetos a reglas especiales que se han ido prorrogando por decreto. Si no entra en vigor la nueva norma, previsiblemente habrá que extender otra vez lo que el Gobierno bautizó como escudo social. Transportes también ha relacionado la negociación de la futura ley de vivienda con otra medida especial que caduca el 31 de diciembre: el tope del 2% en las actualizaciones de las rentas de alquiler. Desde finales del pasado marzo, dentro del decreto para paliar los efectos provocados por la guerra de Ucrania, el Ejecutivo estableció ese límite para evitar que la inflación se cebase con los inquilinos. Podemos ha dicho que pedirá prorrogar ese límite mientras el IPC continúe mostrando subidas abultadas, lo que previsiblemente se hará en conjunto con el resto de iniciativas de respuesta a la crisis energética.

Descuentos al combustible

Cuando el Gobierno puso en marcha la bonificación de 20 céntimos por litro en las estaciones de servicio, el 1 de abril, tanto el gasóleo como la gasolina rondaban los 1,8 euros. Siete meses después y en pleno debate interno en el Ejecutivo sobre el futuro de la medida, rondan los 2 y 1,75 euros por litro, respectivamente. El terreno de juego, en fin, sigue siendo el mismo que entonces. Ni el precio del petróleo, bastante estable, ni el atasco en las refinerías invitan a pensar en que el precio de los combustibles habrá bajado mucho antes del 31 de diciembre, cuando vence la medida. En los últimos meses, los diferentes ministerios implicados han mandado mensajes contradictorios. En agosto, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, abrió la puerta a prorrogarla. A mediados de octubre, Calviño dejó caer que el Ejecutivo estaba sopesando limitar la ayuda a los “sectores o colectivos más afectados”. Y la semana pasada, otra vicepresidenta, Teresa Ribera, deslizó que se “modularán” o que directamente se harán “desaparecer” las medidas contra el encarecimiento de la energía que “no sean particularmente acertadas”.

Cada vez que les ha tocado pronunciarse, los organismos internacionales, del FMI a la OCDE, han abogado por limitar las ayudas a los grupos sociales vulnerables. El talón de Aquiles de la bonificación —más allá de lo más evidente: supone una subvención con dinero público a combustibles fósiles— es su regresividad. Salvo casos excepcionales, los particulares que más combustible consumen, y más contaminan, son los de mayor renta. La pasada primavera, el Gobierno justificó la universalidad, sin ningún tipo de diferenciación por renta, por la urgencia de la medida: no daba tiempo a cruzar la bonificación con las declaraciones de los contribuyentes. Medio año después, no hay constancia de que los sistemas informáticos de la Administración estén preparados para esa funcionalidad.