CEOE y Cepyme rechazan subir el salario mínimo a 1.000 euros al mes y dinamitan un pacto tripartido con Gobierno y sindicatos

El comité ejecutivo de las patronales CEOE y Cepyme, reunido este martes, ha acordado de manera unánime rechazar la propuesta del Gobierno de aumentar en 35 euros el salario mínimo interprofesional (SMI), para situarlo en los 1.000 euros brutos mensuales, repartidos en 14 pagas en 2022, por entender que resulta “inasumible” para algunos sectores, ya que la situación económica no ha permitido que muchas empresas recuperen sus niveles de negocio previos al inicio de la pandemia. De esta forma, la postura de los empresarios para el encuentro programado para este miércoles con Gobierno y sindicatos volverá a ser contraria a un nuevo aumento, como ya sucediera durante las últimas negociaciones de 2021.

“Las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y es un reflejo de la difícil situación que aún vive el tejido empresarial”, señalan ambas organizaciones en el comunicado que ha trascendido tras la reunión entre sus órganos de gobierno. “Una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”, añaden. Estas tesis entroncan con la línea argumental del Banco de España, aunque en sus últimos informes se ha referido a la afectación del aumento del salario base sobre el empleo, pero en términos de rebaja del crecimiento, y no tanto por su destrucción.

En opinión de CEOE y Cepyme, esta nueva subida ―que como anunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero―, se produciría después de que las empresas “hayan asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre del pasado año ―que alcanzaría el 5,2% sumada a la que se plantea para 2022―; y de que se haya aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales”.

Aspiraciones políticas

Al mismo tiempo, justifican la posición del Gobierno a partir de la suposición de por medio de este aumento se busca impulsar el perfil político de la ministra de Trabajo, a pesar de que no se la nombra explícitamente en el texto: “Las organizaciones empresariales consideran que no es el momento de aplicar una nueva subida del SMI en 2022, que parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica”. Además, apuntan a que la estrategia para que la recuperación económica lleve aparejada un aumento de las rentas debe pasar por favorecer “las palancas que están detrás del desarrollo económico y, concretamente, del crecimiento empresarial, como son la formación, la inversión o el desarrollo tecnológico”.

Con este desmarque de las patronales, alcanzar un acuerdo a tres bandas en el seno del diálogo social parece imposible, a pesar de los deseos que la propia Díaz trasmitió después del encuentro del lunes. Se aventura, por tanto, una nueva subida pactada a dos bandas entre los sindicatos (UGT y CC OO) y el Gobierno, como la que tuvo lugar a finales de 2021, cuando se acordó un aumento de 15 euros que elevó el salario base hasta los 965 euros al mes actuales.