El Gobierno y la banca rebajarán los criterios para amortiguar la subida de las hipotecas a más hogares

El Gobierno y la banca suman nuevos frentes abiertos, con el impuesto al sector en pleno trámite parlamentario. En la última semana han intensificado sus reuniones y acercado posturas para mejorar la protección de los clientes vulnerables con una hipoteca por las alzas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Unas conversaciones con las que se pretende actualizar el código de buenas prácticas suscrito con el sector financiero hace una década: “Se va a ajustar el concepto y los criterios de quién se considera vulnerable y cómo se aplica”, adelantan fuentes conocedoras de la negociación. El objetivo es que más familias en apuros se puedan acoger a estos beneficios para aliviar el golpe de la escalada del euríbor.

Los encuentros se están manteniendo al más alto nivel, tanto por la parte del Gobierno como de las patronales bancarias, lo que ha acelerado el proceso. Fuentes financieras consideran que el Ejecutivo trata de impulsarlo para tener algo cerrado cuanto antes, aunque todavía no existe una urgencia al respecto (la morosidad bancaria cerró julio en el 3,85%). “Analizaremos todas las propuestas y adoptaremos aquellas que sean más eficaces y también más justas”, adelantó la vicepresidenta Nadia Calviño en el Congreso hace una semana.

El código recoge una serie de medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos que les permite reestructurar la deuda, conseguir una quita o incluso entregar la vivienda quedando cancelada la deuda. Y define una serie de umbrales de exclusión que se tienen que cumplir para poder beneficiarse de ello: que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) de 14 pagas, que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos del hogar.

Las patronales del sector inciden en que todavía no hay nada cerrado, aunque ven posible que haya luz verde en un periodo corto de tiempo: “Si la propuesta va en línea con algo que sea razonable, el acuerdo puede salir rápido”. Fuentes de la Administración confían en que el pacto se consiga próximamente. Eso sí, el Ministerio de Economía, el encargado de pilotar las conversaciones, se muestra cauto: “Se está valorando si las medidas del código son suficientes o no para abordar las nuevas necesidades por el aumento de los tipos para ver si es preciso actualizarlas”.

Sobre la mesa se ha puesto de manifiesto que la situación no es la misma ahora que hace una década. “La crisis actual no es como la de la Gran Recesión y los clientes vulnerables no tienen por qué cumplir los mismos requisitos”, explican fuentes conocedoras de las conversaciones. Por ello, sobre la mesa está la opción de rebajar la tasa de esfuerzo que supone el pago de la hipoteca sobre los ingresos netos de la unidad familiar. En estos momentos está en el 50% y una opción para ampliar el número de beneficiados sería reducir esa ratio. De hecho, el código ya permite que sea del 40% para algunos colectivos —si hay algún miembro con discapacidad superior al 33%, así como si hay alguien en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para realizar una actividad laboral—, algo que se podría generalizar o reducir ese valor a un punto intermedio.

Según los informes de seguimiento del código de buenas prácticas, en el segundo semestre de 2021 se concluyeron 3.855 solicitudes. De estas, 2.198 se rechazaron, la mayoría de ellas (2.040 casos) porque el solicitante no reunía los requisitos exigidos en la norma, sobre todo por tres conceptos: no cumplir con el importe de la cuota hipotecaria con respecto a los ingresos de la unidad familiar, por el conjunto de los ingresos del hogar o por la alteración significativa de las circunstancias económicas. De ahí que ese primer punto sea el que se pretende modificar ahora.

Un problema todavía por llegar

Fuentes del sector inciden en que sería adelantarse a un problema que todavía no existe. “Según el Banco de España, la tasa de esfuerzo se sitúa alrededor del tercio de los ingresos”, sostienen. Eso sí, se trata de una media y la actualización del código solo se aplicaría a los clientes en problemas. Además, el Ejecutivo pretende cerrarlo acordándolo con la banca para que no haya fricciones en su aplicación (la adhesión al código es voluntaria). De ahí que la negociación no vaya a ser del todo fácil, ya que una parte del sector considera que el código de buenas prácticas sigue funcionando bien.

Pese a ello, el Gobierno mete presión para que se actualice antes de que la inflación lleve al límite a los clientes financieros. Una de las razones para ello es el temor al repunte del euríbor. Este índice, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables, lleva meses acelerando su escalada: agosto cerró en una media de 1,249% y encareció las hipotecas a su mayor ritmo interanual desde el año 2000. Para una hipoteca media de 150.000 euros, con vencimiento a 25 años y una tasa de euríbor más un punto, la actualización supondría tener que pagar una letra de 122 euros más al mes o, lo que es lo mismo, 1.464 euros más al año. Es decir, que si hasta ahora un préstamo de ese tipo tenía una cuota aproximada de 532 euros, ahora pasaría a costar unos 654 euros, según la calculadora de la Asociación Hipotecaria Española. Una tendencia que seguirá al alza dado que el BCE parece que no va a levantar el pie del acelerador de las subidas de tipos. De ahí las prisas en el Ejecutivo.