Los impuestos a energéticas y la banca logran un amplio apoyo pese al no de la derecha

La derecha dijo no, pero una mayoría más que holgada del Congreso ha apoyado este martes la tramitación de la propuesta para crear un gravamen extraordinario y temporal a los bancos y las grandes compañías energéticas. Frente a la rotunda oposición de PP, Vox y Ciudadanos, el resto de la Cámara dio luz verde a la propuesta conjunta de PSOE y Unidas Podemos, aunque varios grupos anunciaron que intentarán retocarlo una vez que se empiece abordar su contenido. El propio Gobierno prevé enmendarlo para pulir algunas cuestiones técnicas, según fuentes del Ejecutivo. La medida ha recibido 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones.

La propuesta de los dos partidos del Ejecutivo no solo reunió de nuevo a sus habituales apoyos parlamentarios, incluido el PNV, que hasta el último momento mantuvo la incógnita sobre su posición. Otros grupos que no forman parte de la base aliada del Gobierno, como CUP, BNG o Coalición Canaria, también dieron su respaldo a la tramitación, y Junts se abstuvo. Eso no impidió que varios de ellos formulasen reticencias y advirtiesen de que intentarán modificar el texto. Tanto el PNV como EH Bildu supeditan su apoyo final a que se permita a las haciendas forales vasca y navarra tramitar la recaudación de los nuevos gravámenes. La izquierda abertzale, al igual que ERC, reclamó que estos impuestos vayan más allá de una medida extraordinaria y se conviertan en permanentes.

El PNV también expresó dudas sobre el encaje jurídico de la medida, que técnicamente no se presenta como un impuesto, sino con una abstrusa denominación: “Prestación patrimonial pública de carácter no tributario”. El Gobierno espera recaudar unos 2.000 millones de euros de las energéticas y unos 1.500 millones de la banca con estos gravámenes que se aplicarán durante dos años. Los nacionalistas vascos, al igual que otros grupos, suscribieron una de las principales quejas de la oposición: que la iniciativa se haya tramitado como una propuesta de los grupos políticos y no como un proyecto de ley del Gobierno, lo que hubiese obligado a elaborar una memoria económica y a recabar informes previos de los organismos consultivos del Estado. Otra de las dudas que la medida suscita entre las mismas fuerzas que la respaldaron es de qué modo se va a cumplir el propósito manifestado en el texto de evitar que las compañías repercutan los gravámenes en los recibos a los ciudadanos. La propuesta encomienda a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la vigilancia sobre esta cuestión.

Mientras Vox y Ciudadanos ya venían anticipando desde hace días su negativa, el PP se debatía entre el rechazo y la abstención. Y en el último momento se decantó por la posición más dura. En la defensa del no del PP su diputado Mario Garcés no se anduvo con medias tintas. Definió la iniciativa como un “engendro jurídico” que “socava principios constitucionales”, heredera del “comunismo más bilioso del siglo XX” y que completa la “felonía fiscal permanente” que Garcés atribuyó al Gobierno. Sin tanta panoplia de descalificaciones, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se quedó en “cacicada”, mientras denunciaba la supuesta complicidad con el Ejecutivo de las “élites empresariales, económicas y periodísticas”.

Una cifra se repitió en boca de los portavoces de los dos grupos del Gobierno y del resto de la izquierda: 20.000 millones de euros, los beneficios declarados por los cuatro mayores bancos en 2021. La socialista Patricia Blanquer argumentó que la subida de los tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo (BCE) permitirá a las entidades financieras incrementar aún más su lucro y se preguntó: “¿Quién puede estar en contra de ayudar a la gente que sufre a cuenta de los grandes beneficios de las eléctricas y los bancos?”. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, aprovechó para cargar contra los jueces, a quienes atribuyó la intención de “ayudar a sus amigos del Ibex 35″ si las entidades afectadas o algún grupo político sigue adelante con su intención de impugnar la medida en los tribunales.