El Gobierno y la banca llegan a un principio de acuerdo para ayudar a más de un millón de hogares en el pago de la hipoteca

Por fin, tras dos meses de conversaciones, hubo fumata blanca. El Gobierno y la banca comenzaron en septiembre la negociación para ampliar el escudo social de los clientes financieros vulnerables castigados por la subida del euríbor, pero llevaban semanas embarrados en los detalles. En concreto, en los que definían el número de beneficiarios potenciales y el efecto sobre las cuentas del sector. Hasta ayer lunes, pasadas las once de la noche, cuando las partes pactaron actualizar y ampliar el Código de Buenas Prácticas para auxiliar a los más vulnerables, así como un mecanismo alternativo para tratar de llegar a las rentas medias (con unos ingresos máximos de 29.400 euros). Eso sí, según el comunicado del Ministerio de Asuntos Económicos, el acuerdo está “a falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias”, aunque adelanta que irá al Consejo de Ministros de este martes. Estas medidas servirán de alivio para más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del euríbor, según el Ejecutivo.

Las complicaciones para acordar el texto definitivo se explican por las diferencias para delimitar el perímetro de clientes financieros que se podrían acoger a las nuevas medidas. Desde un inicio, el Ejecutivo abogó por un paquete amplio de ayudas que llegase a las familias con rentas medias (según el INE, las que ganan alrededor de 30.500 euros). Sin embargo, la banca se mostró reticente por el efecto que podrían tener esas reestructuraciones de deuda sobre sus provisiones. Este era precisamente otro de los problemas: poner coto a un incremento excesivo de las dotaciones, algo que no depende del Gobierno, sino de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Pese a ello, la ministra Nadia Calviño se ha llevado el gato al agua, y el protocolo que saldrá adelante en paralelo al Código de Buenas Prácticas llegará a los hogares con rentas de hasta 29.400 euros.

“De forma específica, se actúa en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos, y adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo”, recoge la nota de Economía. En estos casos, los beneficiarios también deberán cumplir otros requisitos: el esfuerzo financiero (lo que supone el pago de la renta mensual sobre los ingresos de la unidad familiar) deberá sobrepasar el 30% y deberá haberse incrementado al menos en un 20%.

El nuevo protocolo, que funcionará en paralelo al Código de Buenas Prácticas, es la gran novedad. El Ejecutivo espera que sea el escudo de las familias en apuros, no solo de los hogares más vulnerables. Con este mecanismo se permitirá a los clientes “aliviar la carga financiera de las hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022 mediante la congelación de la cuota y el alargamiento hasta siete años del plazo de amortización del crédito”. Además, se eliminarán con carácter universal (para todos los deudores hipotecarios) durante el año que viene las comisiones de amortización anticipada y por el paso de tipo variable a fijo.

Código de Buenas Prácticas

Pero el paquete de medidas es más amplio, como incidía Calviño desde hace semanas. La otra pata principal es la actualización del Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, para adaptar el concepto de cliente vulnerable al momento actual. Es decir, para que pese más el aumento de los costes por la escalada del euríbor y la inflación, y no tanto una eventual reducción de renta disponible de las familias (por la pérdida del empleo, como ocurría en la Gran Recesión).

Este protocolo recogía una serie de medidas urgentes. Unas se mantienen y otras se amplían para los hogares que no superen el umbral de tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, 25.200 euros al año a partir de enero) y dediquen más del 50% al pago de la cuota hipotecaria. Estos deudores vulnerables podrán reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco (euríbor menos 0,1% en lugar del euríbor más 0,25% que contemplaba), se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso de que sea necesario. Además, podrán alargar el plazo del préstamo hasta siete años. “Esta medida es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca”, recoge el comunicado de Economía.

El plan de ayudas entrará en vigor a principios del año próximo. Las prisas del Gobierno por aprobarlo responden a que el nuevo código es voluntario y los bancos se deberán adherir a él. Solo será de obligado cumplimiento para las entidades que se unan. Por ello, quieren dar suficiente margen para que haya tiempo y realicen estos trámites. También para dar certidumbre a los deudores en apuros por la inflación y, en los próximos meses, por el aumento de las cuotas hipotecarias en los que la tengan a tipo variable.

El sector financiero, por su parte, no compartía esta premura. Entre otras cosas porque considera que aún no existe la necesidad, pero el Ejecutivo pretende que este paquete se apruebe antes de que vengan mal dadas, de forma preventiva. La morosidad bancaria está en el 3,86%, según las cifras de agosto del Banco de España, niveles históricamente bajos. Y no se espera que haya un fuerte repunte en el corto plazo, aunque la escalada del euríbor terminará presionando sobre los costes financieros de las familias. “Ante la pérdida de un 20% de renta, lo primero que se impaga es el crédito al consumo, luego los suministros y, solo dos años después de la pérdida, se comienza a impagar la hipoteca”, explicaba el viernes de la semana pasada Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.