Las ayudas para los hipotecados en apuros incluirán a las familias que ganen hasta 25.200 euros

El Gobierno y la banca se han arremangado estos días para cerrar los últimos flecos del plan de ayuda a los hipotecados en apuros por la escalada del euríbor. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, incide desde hace semanas en que debe tratarse de un paquete amplio que alivie también el bolsillo de las rentas medias. Pero este último objetivo no se cumplirá del todo por las reticencias del sector financiero y el impacto que, a su juicio, podría tener en el acceso al crédito y en las cuentas de las entidades. El pacto se basa en una actualización del Código de Buenas Prácticas y en un mecanismo alternativo transitorio que beneficiará a más clientes en apuros, aunque el umbral de ingresos no se tocará (tres veces el IPREM, 25.200 euros anuales a partir de enero). El resultado es que, si no hay cambios de última hora en la negociación, se quedarán fuera las familias con rentas medias, las que ganan alrededor de 30.500 euros, según la encuesta de condiciones de vida del INE.

La vicepresidenta puso en marcha el martes una cuenta atrás para las conversaciones: pidió que se cerrase el pacto esta semana. Las posiciones están muy próximas, según explican fuentes conocedoras de la negociación, aunque la complejidad del asunto no ha facilitado que se haya podido sellar el acuerdo. Este se producirá “en horas”, según afirmó el viernes Calviño, que insistió en que “llegará a los hogares de clase media”. Fuentes del Ejecutivo defienden que todavía se buscan fórmulas para ampliar el perímetro y que, aunque no se toque el tope máximo de renta familiar, al rebajar otros requisitos la ayuda llegará a más hogares que las que ya incluye el código.

En realidad, lo esencial del asunto ya está pactado. Por un lado, estará el propio Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, que se actualizará para adaptar el concepto de quién es un cliente vulnerable. “El código se ha demostrado que funciona bien. Lo que se trata es de ajustarlo a las circunstancias actuales, que son diferentes a las de la Gran Recesión”, explican fuentes financieras desde hace semanas. Este protocolo recoge una serie de medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos que les permite reestructurar la deuda, conseguir una quita o incluso entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.

Para acceder a este catálogo de medidas hay una serie de criterios que se deben cumplir: que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) de 14 pagas, que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos del hogar. Aun así, estos requisitos están sobre la mesa para moverlos o incluso intercambiarlos por nuevos criterios. El motivo es que el problema para los clientes financieros en apuros ahora no está tanto en la pérdida de ingresos, sino en el incremento de los costes financieros y no financieros por la espiral alcista de precios y la escalada del euríbor —ha subido más de tres puntos desde algo antes del verano—.

La ecuación es muy sencilla. Si se mantiene el nivel de ingresos pero la cuota hipotecaria sube con fuerza, la tasa de esfuerzo —lo que supone el pago mensual sobre la renta familiar— se eleva en muchos casos hasta niveles de riesgo. Esto ocurrirá en las hipotecas a tipo variable, que son aquellas referenciadas al euríbor y que se actualizan normalmente una vez al año. Más concretamente, en los 1,5 millones de préstamos para vivienda que se han firmado así en los últimos cinco años. El pasado octubre, por ejemplo, el alza de este indicador supuso un aumento de las cuotas del 40%. Esto es, 208 euros de incremento al mes en las hipotecas medias. El Banco de España ya alertaba de este efecto para los próximos meses, hasta el verano de 2023, con el foco puesto en los vulnerables y, sobre todo, en las rentas medias. Esto se debe a que son estas últimas las que tienen un mayor acceso a los préstamos para la compra de vivienda.

Más beneficiarios

El gran caballo de batalla de estas negociaciones ha sido desde el inicio hasta cuánto ampliar el número de beneficiarios. Para extender el perímetro, se ha articulado un mecanismo alternativo, al que llaman el Código 2. Sobre la mesa hay diversas medidas, a falta de concretar el detalle final. Y está por ver si algunas de ellas entran en el Código de Buenas Prácticas o quedan solo en el protocolo alternativo. La diferencia es que unas quedarían de forma permanente y otras, en cambio, solo se podrían utilizar de forma temporal, como defiende la banca.

Así, se discute, por ejemplo, que entre los requisitos para ser considerado vulnerable se elimine el de la pérdida sustancial de renta, que se reemplazaría por un aumento de entre el 20% y el 30% de la cuota hipotecaria. Además, dentro del plan alternativo para los que están en riesgo de ser vulnerables se añadirá la posibilidad de alargar los años del préstamo para ajustar la cuota sin que esto devengue nuevos intereses. Esto se produciría siempre sin que el total de la hipoteca sobrepase los 40 años. Y también se valora incluir en este escudo hasta dos años de carencia para los que la subida del pago hipotecario les suponga tener que dedicar al menos la mitad de sus ingresos a la devolución del crédito.

Todo ello no debe sobrepasar el umbral de ingresos fijado en tres veces el IPREM: 25.200 euros a partir del 1 de enero, cuando entrará en principio la norma en vigor. Se han buscado otras fórmulas para marcar este límite, pero ha sido uno de los puntos más controvertidos y difíciles de mover. Así, en principio, ese es el umbral que compartirán tanto los vulnerables del código como los que están en riesgo de serlo y que se acogerán al mecanismo alternativo. Fuentes gubernamentales insisten en que, a pesar de marcar estos ingresos máximos, el nuevo mecanismo auxiliará a más familias en apuros. Es decir, tras semanas de toma y daca, las posturas del Ejecutivo y la banca parecen alinearse por fin en este aspecto.

A cambio, el Gobierno sí ha conseguido sacar adelante otros de sus objetivos. Por ejemplo, que haya un nuevo mecanismo más amplio para el momento actual —aunque no ha logrado que todo se enmarque dentro del Código de Buenas Prácticas— y que se apruebe antes de que se tuerza más la coyuntura económica. La morosidad bancaria está en el 3,86%, según las cifras de agosto del Banco de España, en niveles históricamente bajos. Y no se espera que haya un fuerte repunte en el corto plazo. “Ante la pérdida de un 20% de renta, lo primero que se impaga es el crédito al consumo, luego los suministros y, solo dos años después de la pérdida, se comienza a impagar la hipoteca”, explicaba el viernes de la semana pasada Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.