El Tribunal Superior de Cataluña pide indultar a Laura Borràs y suspende su ingreso en prisión

Espaldarazo judicial a Laura Borràs para que evite ingresar en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por los contratos adjudicados a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha suspendido su ingreso inmediato en un centro penitenciario. La Sala Civil y Penal del TSJC ha dictado un auto en el que solicita al Ejecutivo una propuesta de indulto parcial en favor de la expresidenta de Junts, respecto a la pena de prisión a la que fue condenada por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La propuesta de un indulto parcial contempla un máximo de dos años y medio de cárcel, lo que sería suficiente para que la expresidenta de Junts eluda la prisión.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno estudiará la petición de indulto y ha sostenido que el TSJC la ha solicitado porque considera que la pena fue “desproporcionada”. “La Fiscalía en su momento también se mostró partidaria del indulto”, ha dicho el ministro en unas declaraciones en Las Palmas. Bolaños ha apuntado que el Gobierno pedirá informes a todos los organismos pertinentes aunque ha apuntado que por el momento no se puede pronunciar sobre “cual será el sentido del indulto”. “En su momento el Gobierno tomará la decisión una vez que haya estudiado toda la documentación porque es un asunto que, por supuesto, afecta a derechos humanos”, ha afirmado.

El auto judicial que apela al indulto llega cuando se van a cumplir dos años de la sentencia del TSJC que condenó a Borràs por haber troceado contratos públicos para favorecer a un conocido suyo. La sentencia condenatoria ya abría la puerta a que se le concediera un perdón parcial en la parte de la pena de prisión “que exceda de los dos años”. Los magistrados consideraron que la suma de las penas por el delito continuado de falsedad “lleva a considerar excesiva la duración de la pena privativa de libertad, en la medida en que no admite ninguna posibilidad de que pueda acogerse a fórmulas sustitutivas de cumplimiento”. El tribunal razonó en el fallo que la “métrica penal vigente” es la que es, pero tuvo en cuenta que ni Borràs ni los otros dos condenados actuaron para “la obtención de un lucro personal”.

Es práctica procesal común, cuando la condena es de dos años de cárcel como máximo, que se decrete la suspensión de la ejecución de la pena y la persona condenada no tenga que ingresar efectivamente en la cárcel. En este sentido, el auto judicial concreta que el indulto se solicita solo para que afecte únicamente al tiempo que supera los dos años de la pena impuesta, de 4 años, 6 meses y un día.

Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, la sala ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que la expresidenta del Parlament no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. Sobre este punto, se abre la incógnita de qué papel tendrá Borràs en el organigrama de Junts per Catalunya. Carles Puigdemont la avaló para que sea presidenta de la fundación del partido, pero la inhabilitación, ya con una condena firme, impide que pueda asumir ese cargo. Ante la incertidumbre que pesaba sobre Borràs por su causa judicial, una posibilidad que ya contempló la expresidenta del Parlament en sus conversaciones con Puigdemont es asumir un cargo ejecutivo, gerente o directora general, dentro de la misma fundación del partido.

El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, esperaba la solicitud de indulto parcial como una vía para evitar el ingreso inmediato de la expresidenta de Junts en la cárcel. Si bien es el Gobierno quien va a tener la última palabra sobre el futuro de la expresidenta del Parlament, fuentes cercanas a Boye y Borràs apuntan que resultaría extraño que el Ejecutivo desatienda una petición que procede del propio tribunal que impuso la condena. El ministro de Justicia Félix Bolaños, manifestó este viernes que el Gobierno estudiará la petición de indulto y calificó la extensión de la pena de “desproporcionada”.

A expensas de lo que suceda con la petición de indulto parcial, a Borràs le queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El apoyo por parte del TSJC a Borràs llega pocos días después que la Fiscalía efectuara la misma petición “con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente su petición de indulto”. Sin embargo, el órgano también recordó que el indulto está limitado a la pena de prisión, por lo que Borràs deberá cumplir tanto la pena de inhabilitación -de 13 años- como la multa impuesta, de 36.000 euros.

A raíz de la causa abierta, Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament en julio de 2022, cuando la enviaron a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, a las semanas de dictarse la condena. Borràs, que dejó la presidencia de Junts en manos de Carles Puigdemont, se ha proclamado siempre víctima de lawfare por sus convicciones independentistas. La presidenta de Junts, Laura Borràs, regresó el año pasado a las aulas, tras dos cursos académicos sin hacerlo, para ejercer como profesora titular en la facultad de Educación de la Universitat de Barcelona (UB). Borràs es profesora de la UB desde hace 28 años, y cuando inició su carrera política como consejera de Cultura de la Generalitat (entre mayo de 2018 y marzo de 2019) mantuvo la docencia, si bien en formato reducido, y también lo hizo cuando fue portavoz de Junts en el Congreso (entre mayo de 2019 y marzo de 2021).